Las claves del fallo que abre la puerta a impugnación de condenas

Las claves del fallo que abre la puerta a impugnación de condenas

Corte pide una a ley que permita revisar hasta decisiones de única instancia como las de aforados.

Corte Suprema de Justicia

Recinto principal de la Corte Suprema de Justicia.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

Por: Justicia
22 de mayo 2019 , 09:50 p.m.

La Corte Constitucional hizo un pronunciamiento de trascendencia en materia judicial en el país al reiterar que todas las personas que han sido condenadas por primera vez tienen el derecho de controvertir esas decisiones judiciales.

Al resolver el caso de un concejal que había sido condenado por el Tribunal Superior de Neiva y que no había tenido la posibilidad de impugnar esa sentencia, el alto tribunal exhortó al Congreso para que tramite una ley que permita impugnar todos los fallos condenatorios, incluso los de única instancia.

Esto abriría la puerta para aquellos aforados que antes del año pasado –cuando comenzó a operar la ley de doble instancia-
no pudieron apelar sus condenas.

Estas son las claves del fallo.

¿Cuál fue el caso que revisó la Corte?

La Corte Constitucional revisó una tutela presentada por un concejal de Gigante (Huila) que había sido condenado en el 2016 por falsedad material e ideológica en documento público por el Tribunal Superior de Neiva.

Esa condena se dio en segunda instancia, mientras que en primera instancia el caso había sido archivado.

Esta persona interpuso un recurso de reposición para que se le concediera la impugnación o la apelación ante el superior jerárquico, es decir, ante la Corte. Pero tanto el Tribunal como la Corte Suprema negaron ese recurso, por lo que el concejal decidió interponer una tutela.

Su argumento es que la sentencia C-792 del 2014, en la cual la Corte Constitucional ordenó garantizar el derecho de impugnar todos los fallos condenatorios, aplicaba para su caso.

En este asunto, la Corte Constitucional encontró que se afectó el derecho de una persona a impugnar su sentencia condenatoria.

Por eso el alto tribunal revocó los fallos anteriores y amparó el derecho del concejal a impugnar la sentencia condenatoria. Así, dejó sin efectos un auto del Tribunal Superior de Neiva que había rechazado un recurso que presentó el concejal.

Como consecuencia, le ordenó a la Corte Suprema de Justicia darle trámite a la impugnación para que se garantice el principio de doble conformidad, lo que significa que el alto tribunal debe revisar la condena que se había impuesto contra el concejal. 

¿Qué implica el derecho a la impugnación, la doble instancia y la doble conformidad?

La Corte asegura que la impugnación es un derecho que implica que "toda persona que se ha visto afectada por un fallo condenatorio tiene la posibilidad de revisar todos los elementos que llevaron a una decisión condenatoria", aseguró Lizarazo. “Es un derecho que se encuentra en el orden internacional y constitucional, como parte esencial del debido proceso”, asegura la Corte.

Por eso, los magistrados entienden que la impugnación es un derecho que tienen tanto las personas condenadas en segunda instancia (ciudadanos sin fuero especial), como las condenadas en única instancia (altos funcionarios condenados por la Corte Suprema). Así, no solo hay un derecho de doble instancia (que implica que un caso sea revisado dos veces, por instancias o jueces distintos) sino el derecho a la doble conformidad (que implica que dos jueces  distintos lleguen a la conclusión de que una persona es responsable penalmente). 

En esta medida, una persona que ya tuvo una doble instancia y una segunda revisión de su fallo tiene derecho a una tercera revisión. ¿Por qué? La Corte Constitucional asegura que la doble instancia no es lo mismo que la doble conformidad. Puede darse el caso de una persona que tuvo doble instancia, pero que fue absuelta en el primer fallo y condenada en el segundo. Así, el derecho a la doble conformidad significa que tiene la garantía de que esa primera sentencia condenatoria sea impugnada ante un superior para que revise la totalidad del caso.

En esos casos, la Corte encontró que no bastaba el recurso de revisión de esos fallos, ni la tutela. “A partir del 2014, se dice que la impugnación requiere un recurso que permita controvertir todos los aspectos de la condena”, explica Lizarazo.

¿Por qué la Corte dice que se debe permitir la impugnación del primer fallo condenatorio?

Negar esa posibilidad, dice la corte, constituye una violación del artículo 29 de la Constitución. Ese artículo “consagra el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, derecho que también está consagrado en instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad”, explicó el magistrado Antonio José Lizarazo, ponente de la decisión.

También se violarían las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además, dice el alto tribunal, este es un derecho sobre el que también se ha pronunciado la misma Corte Constitucional, principalmente en su sentencia C-792 del 2014.

En ese fallo la Corte dijo que el Congreso había omitido sus funciones de crear un recurso idóneo para materializar el derecho a la impugnación., Por eso le dio al Congreso el plazo de un año, que se cumplió en el 2016 por asuntos de trámite, para que se regulara “íntegramente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias”.

Ese plazo se venció, y la Corte encontró que el Congreso no hizo esa regulación en el tiempo que le había ordenado. La Corte había establecido en ese fallo que en caso de que el legislativo no regulara la materia, se entendería que “procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.

La Corte asegura que la impugnación también ha sido reconocida por el Comité de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han hablado sobre la impugnación de sentencias condenatorias.

¿Cuáles son los efectos que tiene la decisión de la Corte en las condenas que habían sido proferidas en segunda instancia?

La Corte asegura que en los fallos en los que en la primera decisión hubo una absolución, y en la segunda, una decisión condenatoria, estas personas tienen derecho a controvertir esas sentencias, incluso en fechas anteriores a que entrara en vigencia la ley de doble instancia tramitada por el Congreso el año pasado. 

El alto tribunal constitucional asegura que como el Congreso no ha creado un reglamento frente a estos casos, para garantizar la impugnación de segunda instancia la Corte Suprema de Justicia ha cambiado su reglamento para que en sede de Casación se tramite la impugnación, como si se tratara de una apelación.

Eso implica que ese trámite se hace, no bajo las reglas restrictivas de la casación sino bajo reglas amplias de impugnación. Pero la Corte le pidió al Congreso reglamentar estos casos para que no dependan únicamente de los ajustes que la Corte Suprema de Justicia ha hecho a sus reglamentos internos. 

Este no es el caso de aforados constitucionales, es decir, de gobernadores, congresistas, fiscales y altos funcionarios que fueron condenados en una única instancia por la Corte Suprema de Justicia, cuya situación es distinta. 

¿Desde qué fecha existe el derecho de impugnar fallos de segunda instancia?

La Corte Constitucional asegura que el plazo que en el 2014 le dio al Congreso para regular el derecho de impugnación de la primera condena venció el 24 de abril del 2016. Por eso, a partir de esa fecha, dice Lizarazo, “todas las sentencias condenatorias interpuestas en segunda instancia, podían ser impugnadas".

Así, la Corte acogió la tutela del concejal de Neiva porque su condena en segunda instancia fue proferida en el 2016 y presentó su impugnación en agosto de ese año, pero no se le dio la posibilidad de apelar el fallo a pesar de que para esa fecha ya se había vencido el plazo que tenía el Congreso para garantizar esa impugnación. 

El alto tribunal dice que como el recurso fue presentado después de que se venció el término que le había dado al Congreso, "quedaba cobijado por el fallo de la Corte que indica que todas las sentencias condenatorias en segunda instancia pueden ser impugnadas".

Esto significa, explica el alto tribunal, que desde el 24 de abril del 2016 "todas las sentencias en segunda instancia pueden ser impugnadas".

En cualquier caso, en su reglamentación, el Congreso podría plantear fechas distintas e, incluso, ir más atrás, ya que la Corte no le puso límites temporales, simplemente le pidió regular el tema. 

¿Por qué el fallo trae implicaciones para los aforados como exministros, gobernadores, congresistas?

Además de revisar el caso del concejal, y de la impugnación de fallos que vienen de tribunales y tuvieron doble instancia, la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que "establezca el procedimiento legal que fije la manera como se hará efectivo el derecho a la doble conformidad judicial de la primera sentencia penal condenatoria". 

Este exhorto tiene dos consecuencias. Por un lado, debe crearse una reglamentación para las condenas proferidas en segunda instancia, de las que ya se habló en esta nota, para que puedan tener una revisión de sus casos. Esto porque, “se viene violando de manera sistemática y generalizada el derecho de las personas que resultan condenadas en segunda instancia". 

Pero más allá de esos casos, el exhorto de la Corte al Congreso también trae implicaciones para los aforados constitucionales condenados en primera instancia que no pudieron impugnar sus fallos, y cuyos procesos ya están cerrados, pues la petición de la Corte es para todas las primeras sentencias penales condenatorias.

Sobre los aforados la Corte asegura que “el Congreso debe regular la materia, por eso el exhorto no solamente incluye la regulación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución (que habla del debido proceso y la favorabilidad), sino también lo dispuesto en el acto legislativo 01 del 2018”, es decir, la ley de doble instancia.

Aunque está por verse cómo tramita el Congreso la ley que pide la Corte, el alto tribunal abre la puerta de tramitar una norma que permita impugnar condenas en los procesos de la narcopolítica (a mediados de los 90), la ‘parapolítica’ (hace una década) y otros más recientes como los de la ‘Yidispolítica’ y el escándalo de Agro Ingreso Seguro, por el que fue condenado el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

Por eso la Corte considera que este es un asunto que tendrá que definir el legislativo. “No le corresponde al juez constitucional resolver situaciones de esa naturaleza”, es decir, definir qué derechos le caben y desde cuándo a los aforados. 

Lo que sí está claro, dice la Corte, es que ese procedimiento se necesita para poder hacer efectiva la garantía de impugnación, un procedimiento en el que para los magistrados es evidente que se debería definir para qué tiempo aplica, desde qué año  se van a revisar los casos, cuáles, “elementos que deben ser regulados por la ley”, aseguró la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional. .

"En esta sentencia la Corte le está diciendo al Congreso que no se olvide que en el 2014 le dimos un año para regular", explicó Ortiz. 

¿Desde qué fecha pueden impugnar sus fallos los aforados condenados en única instancia

La Corte no habló de fechas en cuanto a los aforados, porque entiende que este también es un asunto que le corresponde al Congreso.

Sin embargo, el magistrado Antonio José Lizarazo asegura que el alto tribunal entiende que el derecho a la impugnación “está garantizado desde 1991, y que incluso antes de la Constitución, ese derecho estaba amparado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desde 1969, cuando Colombia ratificó ese pacto”, lo que abre puertas para que el Congreso establezca que, desde estas fechas, los altos funcionarios ya tenían el derecho de una revisión en sus fallos condenatorios.

¿Tiene un efecto el fallo de la Corte sobre el proyecto de ley denominado 'Andrés Felipe Arias'? 

La impugnación de fallos de única instancia es un tema sobre el que se ha quejado el uribismo porque solo desde el año pasado, en adelante, se convirtió en una garantía para los altos funcionarios. 

Así, el Centro Democrático ha dicho en varias ocasiones que buscará tramitar en el Congreso la 'Ley Andrés Felipe Arias', para que los altos funcionarios que fueron condenados en un solo proceso antes del 2018 (como el exministro Arias, sentenciado por la Corte en julio del 2014 a 17 años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro), y que no pudieron apelar esas condena, puedan tener un recurso.

Así, aunque la Corte no revisó los casos de ningún aforado, y no se refirió explícitamente a ningún exfuncionario, el exhorto que el alto tribunal le envía al legislativo para que regule las impugnaciones en todas las sentencias condenatorias, abre la puerta para esos aforados cuyos casos ya fueron cerrados por la Corte Suprema de Justicia, y puede ser usada por el uribismo como un respaldo jurídico para el trámite de la Ley Arias. 

¿Cuántos casos podrían reabrirse?

La Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia que, en medio de su colaboración,  hagan "lo necesario para adelantar un diagnóstico de todos los procesos que podrían estar amparados por esta garantía". 

También ordenó que se pongan en marcha los recursos presupuestales para poner en marcha el procedimiento de impugnar la primera sentencia condenatoria.

Sobre las condenas en segunda instancia, no está claro cuántos fallos podrían ser los que, en principio desde el 2016 (fecha que estableció la Corte, por ahora), tendrían la posibilidad de la impugnación. 

Frente a las condenas contra aforados en única instancia que no tuvieron revisión, la Corte no da ninguna fecha y es al Congreso al que le corresponde establecerla. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que desde 1991 ha tramitado al menos 250 condenas contra altos funcionarios en única instancia. 

¿Cómo fue la votación en la Corte?

La decisión fue tomada por ocho magistrados que estuvieron a favor de garantizar las impugnaciones. Solo un magistrado se mostró en contra, Carlos Bernal, quien aseguró que la tutela se debía negar porque no se violaba ningún derecho fundamental.

El fallo tuvo varias aclaraciones de voto en las que los magistrados buscan aclarar el sentido y alcance de la decisión. 

JUSTICIA
@PazYJusticiaET

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