Corte ordena transporte para que dos mujeres puedan estudiar

Corte ordena transporte para que dos mujeres puedan estudiar

De forma excepcional, jueces pueden avalar esta garantía para personas adultas. 

Transporte escolar en Medellín

La Corte Constitucional aseguró que se puede ordenar de forma excepcional el transporte escolar para adultos en situación de discapacidad. 

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Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Por: Justicia
05 de mayo 2020 , 09:27 p.m.

El 21 de marzo del 2019 una mujer, en representación de sus dos hijas, presentó una acción de tutela contra la Secretaría de Educación de Cali. 

En su recurso judicial, la mujer afirmó que sus dos hijas estaban inscritas al programa de Educación Adecuada para la Integración Social (EAIS), ofrecido por la secretaría de Educación. Ese programa es operado por el contratista Asociación de Discapacitados del Valle (Asodivalle).

El problema es que sus hijas, que son mayores de edad, no pueden asistir regularmente a ese curso educativo ya que no tienen transporte escolar. Eso dificulta su desplazamiento pues las dos mujeres están en una situación de discapacidad que les impide moverse, lo que se suma a que no tienen recursos económicos y que son víctimas de desplazamiento forzado, pues tuvieron que salir huyendo del conflicto armado de Bajo Baudó (Chocó), según consta en el registro único de víctimas. 

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En el recurso, la madre recordó que sus hijas fueron diagnosticadas desde su infancia con epilepsia, retardo mental severo asociado a meningitis, por lo que "no tienen posibilidades de bipedestación ni de marcha, es decir, no pueden caminar" y, según le dijo a los magistrados, a veces tienen que desplazarse arrastrándose. Su situación hace que para la madre sea difícil llevarlas a las dos en transporte público, y no tiene para pagar un taxi.

A pesar de que la madre pedía un transporte para sus hijas, la Secretaría de Educación de Cali dijo que la prestación del servicio de transporte es accesoria a la escolarización en el sistema educativo formal para niños y niñas, pero no puede prestarse para adultas inscritas en un curso informal como el que están  matriculadas las dos jóvenes. 

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El fallo, con ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal, aceptó la solicitud de la madre afirmando que la secretaría de educación debe brindarle el transporte escolar a sus dos hijas, ida y vuelta. 

Al evaluar el caso, Bernal determinó que la prestación del servicio de transporte escolar para garantizar el acceso de personas mayores de edad en situación de discapacidad al sistema educativo informal no es una garantía que esté definida por el legislador, es decir, no hay ninguna ley que ordene ese servicio. 

Sin embargo, aseguró que, en casos excepcionales, es decir, cuando las barreras para poder acceder a la educación para esta población impiden el desarrollo del proceso educativo, y afectan de forma desproporcionada su dignidad, sí se debe ordenar ese servicio. 

Es decir, cuando las barreras que una persona discapacitada y mayor de edad sufre para poder asistir al sistema educativo violan sus derechos, e impiden su desarrollo en condiciones dignas, los jueces pueden autorizar el servicio de transporte sin importar que se trate de adultos, pues esta garantía siempre se ha concedido para menores de edad. 

Para autorizar este servicio, dijo la Corte Constitucional, se debe acreditar que quien quiere acceder a él está inscrito en un programa de educación estatal o municipal, y esté en condiciones objetivas de discapacidad que implican necesidades especiales, afectando su motricidad y desplazamiento. También se debe contar con un concepto especializado que evidencie la necesidad del transporte y, junto a su familia, deben acreditar su vulnerabilidad económica extrema "al punto que los gastos de transporte no pueden ser cubiertos", o su condición de víctima del conflicto. 

Estas fueron las razones por las cuales la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte le ordenó a la secretaría de Educación de Cali que en 48 horas garantice el servicio de transporte para las dos hijas de la mujer que presentó el recurso, les brinde un acompañante, ida y vuelta, desde su residencia hasta Asodivalle, donde reciben las clases. 

JUSTICIA

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