Pliegos tipo no vulneran la autonomía de entes territoriales: Corte

Pliegos tipo no vulneran la autonomía de entes territoriales: Corte

En una decisión unánime, el alto tribunal mantuvo las normas que habían sido demandadas. 

Pliegos tipo

Pliegos tipo

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Archivo particular.

Por: Justicia 
15 de abril 2020 , 03:50 p.m.

La Corte Constitucional rechazó una demanda contra un artículo de la ley 1882 del 2018, que fue la que creó los pliegos tipo en la contratación estatal. 

El alto tribunal estableció que, contrario a lo que decía el demandante, crear un pliego tipo para que ese pliego de condiciones sea tenido en cuenta en los procesos de licitación, no vulnera la autonomía de los entes territoriales, es decir, de las alcaldías y gobernaciones. 

Estos pliegos tipo, según ley, deben ser adoptados obligatoriamente por todas las entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en todos los procesos de selección que adelanten. 

La norma había sido demandada porque, según Efraín Gómez Cardona, el demandante, este artículo iba en contra de la Constitución porque a su juicio despojaba a las entidades territoriales de la potestad de "elaborar pliegos de condiciones en los procesos de contratación, en la medida en que atribuye al Gobierno Nacional tal competencia para cualesquiera contratos que a discrecionalidad consideren las autoridades nacionales". 

Según el demandante, esto podía afectar a los entes locales pues un pliego tipo elaborado por la Nación, podría no adaptarse a las condiciones y necesidades de contratación local.

Así, consideraba que uniformar los pliegos de condiciones (que son los requisitos que debe cumplir un contratista, y dependiendo de ellos se le da mejor o peor calificación cuando participa en una licitación) afectaba la autonomía de los entes territoriales para gestionar sus propios asuntos. 

Pero la Corte Constitucional, ,con ponencia del magistrado Alejandro Linares, no le dio la razón al demandante. 

Así declaró exequibles las expresiones que Gómez había cuestionado. Entre quienes le pidieron a la Corte mantener la ley tal cual está, afirmaban que la autonomía de los entes territoriales no es absoluta. y puede ser limitada por la Constitución. 

Además, según le dijeron a la Corte, la ley de todas maneras no afecta la autonomía de las alcaldías y gobernaciones pues no se está impidiendo que estos organismos puedan administrar sus recursos propios, determinar sus necesidades y formular su plan anula de adquisiciones, así como escoger el tipo de contratación. 

"La autonomía de los entes territoriales no se materializa en la selección del contratista y la adjudicación, sino en la determinación de las necesidades, la planeación, la ejecución y la liquidación del contrato", le decía a la Corte uno de los conceptos que fue tenido en cuenta para mantener la norma demandada, pues el pliego tipo no hace ninguna imposición en ese sentido. 

En caso de que se pudiera afectar de algún modo la autonomía de los territorios, le dijeron a la Corte en otros conceptos, para varios sectores esa situación se justifica ya que la finalidad del pliego tipo es luchar contra la corrupción, proteger el patrimonio público, democratizar el acceso a contratos estatales, buscar la participación libre en los procesos de selección, la libre competencia, selección objetiva y transparencia. Además, le dijeron a la Corte, esto también aumenta el número de oferentes, y permite la imparcialidad en la adjudicación de un contrato. 

El magistrado Alberto Rojas Ríos salvó parcialmente su voto al considerar que uno de los artículos de la ley es genérico y podría afectar a los territorios. Se trata del artículo que establece que la facultad de adoptar estos documentos tipo es del Gobierno, cuando lo considere necesario, en otro tipo de contratos. 

Según Rojas, "se trata de una atribución genérica, ambigua e indefinida que contraría la autonomía territorial. Lo anterior, es contrario al modelo de Estado unitario con descentralización de las entidades territoriales en el que una medida de tal naturaleza debe ser consecuencia del margen de configuración del legislador y no de una habilitación intemporal al ejecutivo”, dijo el magistrado. 

JUSTICIA

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