Corte mantiene inhabilidad que deja en vilo a Petro por condena fiscal

Corte mantiene inhabilidad que deja en vilo a Petro por condena fiscal

Tribunal dice que norma es clave contra corrupción. Pero advierte que condenas se pueden demandar.

Gustavo Petro

El senador y excandidato presidencial, Gustavo Petro, tiene dos condenas fiscales en su contra, ambas demandadas.

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Mauricio León. El Tiempo.

Por: ELTIEMPO.COM
25 de octubre 2018 , 09:52 p.m.

Con un cerrado 5 a 4, la Corte Constitucional decidió en su Sala Plena mantener las inhabilidades contra funcionarios públicos condenados fiscalmente por la Contraloría, lo que implica que si una persona tiene una sanción de este tipo no puede ser contratada por el Estado ni posesionarse en cargos públicos de elección popular.

La magistrada Gloria Ortiz, ponente el caso,  señaló que se deben mantener esas inhabilidades como una forma efectiva de lucha contra la corrupción y la mala administración pública.

La decisión deja en el limbo el futuro del hoy senador Gustavo Petro, quien tiene dos condenas de la Contraloría de Bogotá por varias de sus decisiones cuando fue alcalde de la capital. Los efectos de esas condenas están suspendidos por medidas cautelares. 

La Corte, en todo caso, señala que las condenas fiscales son demandables ante la justicia administrativa (Tribunales y Consejo de Estado), pero en la eventualidad de que queden en firme su efecto es inhabilitante.

Los magistrados, explicó Ortiz, revisaron las normas colombianas de cara a los compromisos de la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de cuyos mandatos dice que la 'muerte política' solo podría proceder tras una condena penal. Esto significa que el derecho a ser elegido no podría ser limitado por autoridades administrativas (como la Contraloría y la Procuraduría).

La mayoría determinó que la obligación, para poder posesionarse en un cargo público, de no figurar en el boletín de responsables fiscales (los que le deben plata al Estado)
"protege valores constitucionales de mucha importancia", representados en la lucha contra la corrupción y la obligación de proteger el patrimonio público. 

El argumento de la Corte es que ese tipo de sanción se aplica solo cuando tras un proceso fiscal con todas las garantías se demuestra que la acción gravemente culposa o abiertamente dolosa del funcionario repercutió en un daño patrimonial para todos los colombianos. 

"
En el debate consideramos que en estos momentos de la historia del país los mensajes de cumplimiento de la institucionalidad deben darse y que esta norma tiene una importancia manifiesta", señaló la magistrada Ortiz, quien recordó que cuando el sancionado paga la inhabilidad, esta desaparece. 

Y destacó que la decisión no implica que "no puedan demandarse ni revisarse las condenas fiscales en casos concretos":  Si existe violación del debido proceso o hay una manifiesta desproporción entre la afectación patrimonial y  la sanción fiscal, el condenado puede demandar por vía administrativa y o por vía de tutela.

El caso de Petro

Petro demandó las dos condenas, cuyos efectos están suspendidos por una medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca y otra del Consejo de Estado. Esa es la razón por la que hoy puede ocupar su curul en el Senado como segundo candidato con más votos en las pasadas elecciones presidenciales, según los cambios que introdujo la Reforma Política.

Pero lo que implica el fallo de la Corte es que si esas medidas cautelares a su favor llegaran a ser levantadas y las sanciones fiscales en su contra quedaran vigentes, Petro quedaría inhabilitado para ocupar cargos públicos.

Su opción entonces sería o pagar la sanción (una de las cuales está tasada en 200 mil millones de pesos, por el impacto que tuvo para TransMilenio bajar de precio el costo del tiquete en horas valle) o demandar. La primera vía, evidentemente, es improcedente por el altísimo monto de la condena, y es esa la razón por la que el exalcalde dice que pretenden sacarlo de la política de por vida. 

El Tribunal de Cundinamarca aún no ha tomado una decisión de fondo sobre la tutela que presentó Petro contra la sanción por los tiquetes de TransMileno. El proceso lo tiene el magistrado Óscar Armando Dimaté,  quien a mediados de agosto pasado supuestamente tenía una decisión proyectada. 

El otro proceso fiscal que está suspendido lo tiene el Consejo de Estado. Ese alto tribunal revisa también una tutela de Petro contra otra decisión de la Contraloría Distrital que lo condenó en octubre del 2016 por más de 97.650 millones de pesos por un supuesto detrimento patrimonial generado por su decisión sobre las basuras en Bogotá.

En ese caso el Consejo de Estado también tomó una medida cautelar a su favor, suspendió provisionalmente el fallo, y deberá tomar una decisión de fondo en los próximos meses. El caso lo tiene Oswaldo Giraldo López, quien todavía no ha llevado una ponencia ante los demás consejeros.

Petro acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos afirmando que esas decisiones fiscales en su contra son impagables, y que lo que supuestamente buscan es cerrarle el camino político, como en su momento lo argumentó contra la sanción de destitución e inhabilidad política de 18 años que le impuso Alejandro Ordóñez cuando era procurador general. Esa sanción se cayó finalmente en el Consejo de Estado.

La normatividad en todo caso es anterior a sus procesos. De hecho, aplicando esa norma la Contraloría de Sandra Morelli sacó de su cargo al polémico gobernador del Valle Héctor Fabio Useche en el 2012. 

En la tarde de este jueves, en un tuit, Petro señaló a la Corte de pretender "acabar la posibilidad de acceder a la presidencia de la república por el voto popular". "Busca acabar una alternativa con la muerte política de por vida", aseguró.

Por su parte, el abogado de Petro, Dagoberto Quiroga, aseguró que no se podía limitar el derecho a ocupar un cargo público con una decisión fiscal, pues a su juicio, sólo debería permitirse esa limitación en los casos en los que haya una sanción penal o disciplinaria. Sin embargo, la Corte no le dio la razón.

ELTIEMPO.COM

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