En la Corte Constitucional inició este miércoles una audiencia clave para discutir el futuro de las actividades extractivas en el país como la minería y el petróleo, sectores que al año le dejan a Colombia 11,7 billones de pesos en regalías.
La audiencia de la Corte se da diez meses después de que una consulta popular en Cumaral (Meta) decidió frenar la actividad que venía ejerciendo Mansarovar para explorar petróleo en ese territorio.
Ante una tutela de esa firma, el alto tribunal les preguntará a los interesados hasta qué punto un ente territorial y una consulta popular pueden imponerse para frenar esas actividades minero-energéticas. Las consultas populares ya han frenado proyectos que traían regalías por 230.000 millones de pesos.
De los 1.122 municipios del país, en 92 se han hecho consultas en las que las comunidades consideran que la minería y el petróleo les han afectado el medioambiente o derechos fundamentales.
El primero en intervenir fue Carlos Benavides, representante legal de Mansarovar, firma indochina que opera en Colombia desde hace 10 años. Dijo que esa empresa se vinculó al proyecto Llano 69 -que fue congelado por la consulta popular- por su excelencia operacional y sus "políticas de protección del medio ambiente".
Benavides señaló que se suscribió un contrato en el 2012, en el que la empresa se comprometió a entregarle al Estado recursos incluso diferentes a las regalías.
Aseguró, además, que los resultados de la consulta popular fueron imprevisibles porque nunca habían existido colisiones entre las competencias de la Nación y los territorios. "Esa consulta no fue contra nuestra compañía sino una política pública del Estado Colombiano. Existió un espacio muy limitado para ser escuchados por el grupo de interés. Fuimos evitados y no pudimos intervenir para defendernos y ser tenidos en cuenta", aseveró.
No hay una política minera planificada. Nos llegan títulos mineros para nuestro río todos los días sin ser consultados.
"Mientras esta incertidumbre no se aclare, será muy difícil mantener la inversión extranjera", dijo el representante legal de Mansarovar.
Teresa Herrera Andrade, magistrada del Tribunal del Meta, afirmó que los entes territoriales están facultados según las leyes para regular los usos de sus territorios y sus comunidades pueden tomar decisiones para proteger el medioambiente.
También, señaló que cuando el Tribunal avaló la consulta previa tuvo en cuenta que la pregunta que se les hizo a los habitantes de Cumaral cumpliera con la Constitución.
Andrade comentó que en cuanto al impacto fiscal, no es necesario que en el trámite de una consulta popular se incluya ese análisis económico porque la ley que permite consultas previas no lo exige.
Miguel Antonio Caro, alcalde de Cumaral, aseguró que los resultados en beneficios para el municipio son muy pobres. Que han tenido 100.000 millones en regalías en estos años para valorizar tierras, pero eso no se ha visto reflejado en la calidad de la salud, educación, y servicios básicos.
Caro indicó que los cambios del uso del suelo por la expectativa petrolera han puesto en riesgo su seguridad alimentaria, ha desmejorado la calidad del agua en su departamento y dijo que la especulación de la tierra ha hecho que de 58.000 hectáreas, el 85 por ciento se esté dedicando a la ganadería extensiva que no genera empleo.
"No hay una política minera planificada. Nos llegan títulos mineros para nuestro río todos los días sin ser consultados. Llegan personas de otros territorios, cogen las aguas, hacen y deshacen y nosotros no tenemos ni un conocimiento", aseguró el alcalde.
El mandatario local dijo que el impacto económico y social parecieran "colombinas" frente a lo que reciben. Dijo que el subsuelo de su tierra está subutilizado en un 72 por ciento por las expectativas de venta de la tierra que trae el petróleo.
Caro agregó que el empleo que viene de la explotación y producción petrolera no es de calidad: "Es un empleo transitorio que no dura mucho y nos afecta las expectativas de empleo a largo plazo".
El alcalde también dijo que la expectativa petrolera trae problemas de gobernabilidad en el empleo pues si "un auxiliar de aseo se gana tres millones, quién va a querer trabajar con nosotros por un mínimo".
E indicó que por la tecnología usada por Mansarovar ha habido sismicidad, riesgo de remociones en masas, inundaciones y otros problemas del suelo porque se están obteniendo las licencias sin estudios técnicos.
El Alcalde de Cumaral afirmó que en debates como este se ve que hay un "absolutismo y utilitarismo" del Estado que quiere "aplastar la autonomía de los entes territoriales". Por eso recalcó que las consultas permiten la descentralización y le dan poder decisorio a los territorios.
"Cumaral aboga por que la educación financiera de los contratos, la metodología rigurosa ambiental tenga el discurso social bien definido y no quede la discreción de siempre", afirmó.
Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dijo que se deben reforzar las herramientas de concertación. Señaló que entre el 2015 y el 2016 de 376 alertas tempranas, en el 87 por ciento se impidió que terminaran en vías de hecho tras un acuerdo con comunidades que mostraban inconformidad con actividades extractivas.
Por otro lado, Silvana Habid Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, indicó que inicialmente hay una fase de concertación con las entidades locales y todo un plan para su participación.
Habid Daza aseguró que con esos planes hay 125 municipios que han hecho el proyecto de concurrencia con la autoridad minera y la ambiental. Agregó que el camino debe ser la "participación efectiva e informada", pero nunca la imposición de los entes territoriales de su criterio.
La funcionaria expuso un caso de concertación con las comunidades en el Chocó, donde tras dialogar con los habitantes se lograron 12 contratos de concesión minera con 13 consejos comunitarios "beneficiando más de 10.000 familias".
La presidenta de la ANM afirmó que la Corte debe volver a la jurisprudencia que ordenaba que en estas actividades se hiciera una concertación entre la Nación y los entes territoriales. "Una interpretación que suponga prohibición, desconoce la Constitución, y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad", explicó.
Así mismo, Fernán Ignacio Bejarano, vicepresidente jurídico de Ecopetrol, aseguró que la vía de reservas de petróleo es de 7,1 años. Determinó, además, que si no se hacen nuevas actividades de exploración petrolera en 7 años se acabarían las reservas y el país tendría que importar.
El vicepresidente destacó que los principales sitios productores están en zonas donde hay consultas populares.
Dijo que Ecopetrol en el año en el que el barril del petróleo estuvo más alto (100 $USD) dejó 31,1 billones de pesos para la Nación, hasta el punto del año donde se vendió a 29 dólares, cuando dejó 10 billones de pesos. Bejarano señaló que son 135 billones de pesos los que Ecopetrol le ha dejado al Estado en los últimos cinco años.
El vicepresidente de la petrolera aseveró que la empresa tiene un plan de inversión de 325.000 millones de pesos en donde desarrolla sus actividades.
Frente a la tensión entre los intereses de la Nación y los entes territoriales, el funcionario explicó que las facultades de los entes territoriales "no pueden entenderse absolutas y preferentes", porque se deben ejercer en coordinación con la Nación.
También señaló que la autonomía no es soberanía, por lo que "no puede dejarse a la voluntad absoluta del ente territorial definir el ámbito del desarrollo territorial" y dijo que si bien Ecopetrol es respetuoso de las consultas populares, indicó que hay 37 consultas que se están tramitando y que "están exactamente ubicadas sobre las zonas de hidrocarburos, porque infortunadamente esta actividad no se puede desarrollar en el patio del vecino".
Corte le preguntó a vicepresidente de Ecopetrol: ¿Qué ha hecho por el desastre del derrame de petróleo?
Frente al caso del derrame de Lizama, el vicepresidente dijo que se derramaron 550 barriles de un pozo que produjo 34.000 barriles de petróleo cuando estaba en producción.
Señaló que como medidas se han puesto más de 550 personas, muchas de la comunidad, que están siendo dirigidas por personal especializado para limpiar la zona afectada y que se han venido recuperando especies. "La mayoría de animales que perecieron, cerca de 3.000 peces eran de estas cuencas, pero se han llevado cerca de 2.000 animales".
Bejarano agregó que el derrame fue solo de dos días y que hoy ya no hay aceite sobre el río Sogamoso, y que se tienen 14 puntos de control.
Dijo que con los pescadores, que fueron los más afectados, están trabajando en limpieza, les han repartido 4.000 mercados, y se han reubicado 91 familias en hoteles o arrendamiento.
Sobre posibles vacíos en las normas sobre la concurrencia entre la Nación y el ente territorial, el ministro de Minas, Germán Arce, aseguró que esa cartera ha hecho diferentes propuestas para definir procedimientos con los que se pueda llegar a acuerdos.
Arce determinó que los procesos deben ser informados y que los entes locales les deben contar a las comunidades los procesos ambientales, sismológicos, etc. "Hemos insistido en llenar de contenido el cómo y encontrar un mecanismo de cierre que dé seguridad jurídica a las partes, que ese acuerdo construido con información les dé certeza a los intervinientes los pasos para desarrollar las actividades".
El Ministro indicó que el Gobierno dejará esa propuesta ante el Congreso para que se llene de contenido cómo se hace ese procedimiento de concertación.
El Alcalde de Cumaral dijo que no se puede renunciar a esos derechos. Señaló que se quiere un planeta sin combustibles fósiles, y que se respete los recursos de los que se pueda vivir. "Ojalá pudiéramos vivir de cosas que preserven el agua para tener un verdadero desarrollo sostenible", puntualizó.
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