¿Por qué el Estado también es responsable de violencia de género?

¿Por qué el Estado también es responsable de violencia de género?

La cometen funcionarios y jueces que no tramiten denuncias o no tomen medidas preventivas. 

Dia contra violencia género

La Corte recordó que los funcionarios judiciales y administrativos también pueden ser responsables de violencia institucional de género. 

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Luis Eduardo Noriega / EFE

Por: Milena Sarralde Duque
02 de enero 2019 , 08:14 p.m.

La lentitud en el trámite de una denuncia o de una medida de protección. Las autoridades que actúan sin creerles a las mujeres que denuncian. Los jueces que no tienen en cuenta en sus decisiones la obligación de fallar desde una perspectiva de género, que se ajustan a estereotipos machistas, o que olvidan la situación de vulnerabilidad de una mujer.

Todas estas irregularidades, que son algunas de las muchas que sufren las mujeres cuando van a presentar una denuncia, pueden ser consideradas como violencia institucional de género.

Así lo estableció la Corte Constitucional al emitir un fallo en el que, por segunda vez, afirma que el Estado puede ser responsable de violencia contra la mujer cuando es ineficiente u omisivo para atender sus denuncias. Por ejemplo, dice la Corte, puede ser responsable de violencia institucional cuando desestima una denuncia de violencia intrafamiliar por considerar que hubo agresiones mutuas en la pareja, sin examinar si la mujer actuó en defensa.

También cuando se le exige a la víctima de violencia sexual que demuestre que se resistió a la agresión, o cuando desconoce la violencia psicológica
porque los testigos no fueron presenciales.

Los jueces también cometen violencia intrafamiliar cuando ponen por encima de una denuncia la necesidad de mantener el vínculo matrimonial, o cuando conceden a favor de los padres un régimen de visitas sin importar si ellos cometieron actos violentos contra la madre.

“Las autoridades administrativas y judiciales encargadas de la ruta de atención de las mujeres víctimas de violencia serán responsables de actos de violencia institucional cuando sus acciones u omisiones causen daño a la denunciante”, asegura la decisión.

El alto tribunal recordó que una de las principales barreras que hoy afrontan las mujeres para denunciar violencia doméstica y psicológica es la tolerancia social a esas conductas, incluso, dentro del Estado que debería combatirlas.

“Al igual que sucede con la violencia en el ámbito familiar, la generada por las instituciones es el resultado de la asimilación de estereotipos de género y de prácticas sociales que llevan inmersa una subordinación de las mujeres, por lo que se origina en un acto de discriminación”, asegura el alto tribunal.

La tutela

La Corte estudió la tutela que presentó una mujer. En el caso contó que desde antes del parto, su pareja, un hombre de dinero y poder, la venía amenazando con que, tan pronto naciera su hijo, le iba a quitar su custodia. También buscaba deslegitimarla como madre haciéndole “imputaciones deshonrosas en su círculo social”, la amenazaba con llevarse su hijo, además de ser responsable de violencia psicológica.

Esto llevó a que el 18 de diciembre del 2015 le solicitara a la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero medidas de protección por violencia intrafamiliar, afirmando ser víctima de violencia psicológica. Al constatar que podía haber una situación de riesgo, primero la comisaría emitió una medida de protección, pero el 15 de febrero del año pasado se la quitó afirmando que su expareja “no suponía un grave riesgo contra su integridad emocional”.

La segunda irregularidad por parte del Estado en su caso,  se dio porque en diciembre del 2015 el Juzgado Once de Familia de Bogotá instauró un régimen provisional de visitas para el menor en el que no tuvo en cuenta la posición de la madre. Luego, cuando la mujer pudo vincularse al proceso, al padre le dieron un régimen de visitas de 9 horas por dos días a la semana.

La madre se opuso debido a que por lo menos por tres meses su expareja había dejado de visitarlo, lo que mostraba una falta de interés, además de recordar los hechos de violencia psicológica que él había protagonizado. Dijo que el padre ponía en riesgo la integridad del niño porque las pocas veces que habían compartido, el menor volvía “afectado, agresivo y con miedo”.

El alto tribunal le dio la razón afirmando que fue víctima de violencia psicológica, y que las autoridades que tuvieron su caso fallaron en el deber de protegerla sin considerar sus denuncias ni los chats y pruebas que aportó en el caso.

Piden mayores sanciones

Teniendo en cuenta que el Estado también es responsable de violencia institucional de género, ONU Mujeres ha insistido en que tiene que haber sanciones para los profesionales, tanto administrativos como judiciales, que no están tramitando adecuadamente las denuncias y solicitudes de protección por parte de las mujeres.

Ese rol lo tienen hoy la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura, pero no se conocen medidas disciplinarias en esta materia.

ONU Mujeres asegura que muchas autoridades solo brindan medidas de protección al final de una investigación, y no al principio, para prevenir daños contra la vida y salud de las mujeres. Según la Fiscalía, el 10 por ciento de las víctimas de feminicidio había buscado protección y ayuda previamente.

MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA@MSarralde

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