El hombre que lleva más de cuatro años abandonado en un hospital

El hombre que lleva más de cuatro años abandonado en un hospital

Centros médicos no encontraron familiares que se hicieran cargo de él. La Corte estudió su caso.

Ilustración de Especial Abuelos

La mayoría de programas sociales benefician a los adultos mayores que están en situación de abandono y discapacidad, pero no siempre incluyen a personas más jóvenes. 

Foto:

CEET

Por: Justicia
12 de marzo 2020 , 11:40 a.m.

No se trata de un viejo ni de un adulto mayor. Tiene 52 años, pero está en recuperación de una enfermedad y necesita de alguien que lo cuide.

Durante los últimos cuatro años nadie ha aparecido para auxiliarlo, por lo que pasó por tres hospitales que se hicieron cargo de él y que aunque han buscado a su familia para poder darle la boleta de salida de los centros médicos, no obtuvieron ninguna respuesta.

Á. A. H. F. (que son las iniciales de su nombre) nació en octubre de 1968 y desde el 2014 se afilió al régimen subsidiado de Famisanar. Trabajaba como zapatero.

Un día de septiembre del 2015 sufrió una hemorragia cerebrovascular por la que fue llevado de urgencias al hospital el Tunal, de Bogotá. La enfermedad lo dejó con una discapacidad física, un déficit motor y una limitación en la movilidad. Nada de esto, sin embargo, afectó sus destrezas cognitivas, su coordinación, asociación o resolución de problemas.

En conclusión, él necesita que lo apoyen para realizar ciertas actividades del hogar diarias como arreglar la vivienda o manipular ciertos electrodomésticos, o hacer sus alimentos.

Pero está solo, en una situación que las leyes reconocen como abandono social y que sufren cientos de colombianos cada año. Esa soledad ha impedido su salida de los centros médicos en todo este tiempo.

En sus registros aparece que se divorció hace más de una década y que su hija dejó de visitarlo
desde hace varios años. Además, se desconoce el paradero de algún familiar que lo pueda auxiliar. 

Tampoco tiene dónde vivir, ya que antes del accidente cerebrovascular estaba en una habitación de Tunjuelito que pagaba con lo que recibía de su trabajo en la zapatería.

Por eso, al no encontrar a nadie, del Tunal pasó a la Clínica Partenón. Días después, esa institución médica le pidió a la EPS Famisanar que le permitiera enviarlo a una unidad de cuidados crónicos, ya que aunque habían intentado encontrar a sus familiares y seres queridos, por todos los medios, no habían obtenido ninguna respuesta para que ellos se hicieran cargo de su cuidado.

Por su edad, es decir, por tratarse de un adulto que no ha llegado a la tercera edad, la clínica no encontró programas estatales que pudieran beneficiarlo, pues muchos están dirigidos a la población mayor de 60 años. 

Entonces, la clínica Partenón puso una tutela para que, ante el abandono social del paciente, Famisanar lo trasladara a una institución especializada que pudiera practicarle los cuidados que él necesitaba.

En la tutela un juez le dio la razón, por lo que ordenó que lo trasladaran a una institución de cuidados crónicos. Así, Famisanar tuvo que enviarlo hasta Proseguir.
Pero luego Proseguir afirmó que él no necesitaba atención clínica especializada, sino alguien que lo cuidara y apoyara en su casa con sus actividades básicas diarias.

En el 2016 le pidieron a la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá que lo incluyera en sus programas públicos de atención a personas en situación de abandono social, pero esa institución se negó porque, como ya habían dicho en el pasado, no es un adulto mayor y no tiene discapacidad permanente.

Pasaron dos años hasta que Proseguir encontró a cinco personas que, según dijo, eran sus parientes. Por eso interpuso una tutela en contra de los supuestos cinco familiares afirmando que estaban vulnerando los derechos a la vida digna y a la asistencia familiar, ya que habían omitido realizar las acciones necesarias para sacar al paciente de la clínica.

El centro médico sostuvo que sus familiares debían velar por el zapatero y que su permanencia innecesaria en el hospital lo ponía en riesgo porque podía contagiarse de infecciones propias de entornos clínicos y afectaba la capacidad de atención del centro médico.

El argumento de la clínica consistió en que la atención que estaban haciendo sobre el paciente era un servicio social por el abandono que él sufría, pero no un servicio de salud que estuviera cubierto por el Plan Obligatorio.

Por eso, mediante la tutela pidieron que se les ordenara a los parientes sacarlo del hospital y trasladarlo a un lugar seguro donde pudiera recibir los cuidados de sus personas cercanas.

La solidaridad, según la Corte Constitucional 
Vejez

El deterioro de las células marca nuestra vejez.

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Getty Images. BBC Mundo

La solidaridad, dice la Corte Constitucional, es un deber que obliga a los individuos a responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de otros.

La solidaridad es un deber para toda persona que, por el solo hecho de hacer parte de la sociedad, debe apoyar a otros por el bien del interés colectivo. 

Lo clave de la solidaridad, dice la Corte, es que inspira la conducta de los individuos para que funden la convivencia en la cooperación y no en el egoísmo.

Con la solidaridad muchas veces pueden verse limitados los intereses propios para beneficiar a otros que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Pero la solidaridad, además, según la Corte, implica que se debe eliminar la idea de que se depende del Estado –pues este no es el único que debe alcanzar los fines sociales–, sino que también está a cargo de los particulares.

Este deber es mucho más exigente con los familiares, pues, dice la Corte, este es el núcleo fundamental y la institución básica de la sociedad.

Es por esto que la responsabilidad de proteger y garantizar el derecho a la salud de una persona que no puede hacerlo por sí misma “recae principalmente en su familia y subsidiariamente en la sociedad”, según el alto tribunal. 

La responsabilidad de proteger y garantizar el derecho a la salud de una persona que no puede hacerlo por sí misma recae principalmente en su familia y subsidiariamente en la sociedad

Esto, en todo caso, no les quita responsabilidad al Sistema General de Seguridad Social ni al Estado, ya que aunque la familia debe ser solidaria con el enfermo, son las entidades de salud las que deben brindarle los servicios sanitarios que necesite.

Cuando una persona se encuentra en un estado de necesidad o vulnerabilidad por su condición de salud y sus familiares “omiten injustificadamente prestarle su apoyo”, el derecho tiene varios mecanismos para hacer cumplir en los pacientes su deber de ser solidarios.

Así, como el abandono social es una especie de violencia intrafamiliar, el caso se puede llevar ante un comisario de familia para que adopte una medida de protección que ponga fin al maltrato. Estas autoridades deben determinar si los parientes llamados al cuidado de las personas abandonadas tienen las capacidades para apoyar y cuidar al enfermo y así evitar su confinamiento indefinido en un hospital.

Pero, además, como en el abandono podría haber un delito, estos casos también deben presentarse ante la Fiscalía General.

¿Qué decidió la Corte con el zapatero?

La Corte encontró que no fue posible acreditar que los cinco parientes que Proseguir había encontrado realmente lo fueran. En el primer caso, su exesposa acreditó que se habían divorciado hace más de una década y que no tenía cómo hacerse responsable de él en estos momentos. Otra de las personas que se encontró relacionada al zapatero era una abogada que no tiene parentesco familiar, y los demás relacionados tenían coincidencia de apellidos, pero tampoco eran sus parientes. 

Al evaluar su situación, la Corte aseguró que el desinterés de los parientes por la recuperación de un enfermo no puede llevar a que estas personas estén indefinidamente en el hospital. En su caso, él lleva más de cuatro años sin salir del centro médico porque no tiene familia que lo auxilie. 

El desinterés de los parientes por la recuperación de un enfermo no puede llevar a que estas personas estén indefinidamente en el hospital​

Por eso la Corte le ordenó a la Comisaría Sexta de Familia de Bogotá que en 48 horas reactive sus actuaciones para atender la violencia intrafamiliar que sufre el paciente. Esto con el fin de encontrar en algún momento a sus allegados. 

Además, en dos meses, la Comisaría debe tomar medidas para incluir al zapatero en programas de la Secretaría Distrital de Integración Social con el fin de "facilitar su reincorporación a un entorno comunitario, y así superar su internamiento indefinido en un hospital". 

Es así como, si no aparece su familia, el juzgado debe ordenar que el Distrito se haga cargo de él en algún centro de asistencia social, por lo menos hasta que aparezca alguien que lo cuide. 

JUSTICIA

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