Indemnización divide a la Corte Constitucional en caso Cerro Matoso

Indemnización divide a la Corte Constitucional en caso Cerro Matoso

La Corte decidirá si mantiene orden que le dio en diciembre a la minera para reparar a comunidades.

Víctimas de Cerro Matoso

Las víctimas de Cerro Matoso argumentan que han sido afectadas en su salud por la operación de la mina de níquel en Córdoba. 

Foto:

César Melgarejo

Por: Milena Sarralde Duque
04 de septiembre 2018 , 09:06 p.m.

La millonaria indemnización que Cerro Matoso tendría que pagarles a las comunidades indígenas afectadas por la operación de su mina de ferroníquel en Córdoba –la cuarta más grande de su tipo en el mundo– tiene dividida a la Corte Constitucional.

Hace ocho meses, el alto tribunal condenó a Cerro Matoso y le ordenó indemnizar económicamente a ocho comunidades étnicas, pero la minera presentó un recurso de nulidad con el que pretende tumbar ese fallo.

El recurso de nulidad ha sido debatido fuertemente en la Corte Constitucional en las últimas semanas, pues fuentes afirman que las víctimas pedirían una reparación que podría rondar los 300 y 400 millones de dólares.

En cualquier caso, la Corte dijo en su momento que debía ser el Tribunal de Cundinamarca el que tendría que establecer qué indemnización les corresponde a las 3.000 personas que habrían sido afectadas por la mina de níquel, según el grado de daño en su salud, daños morales y sus pérdidas económicas en general por la contaminación de esa actividad.

El nuevo debate en la Corte está siendo desarrollado por ocho de los nueve magistrados, pues se le aceptó un impedimento a la magistrada Gloria Ortiz, quien aseguró que no debía hacer parte de la votación por razones personales que podían afectar su imparcialidad.

De los ocho magistrados de la Sala Plena, aunque el tema aún no se ha votado, cuatro se han mostrado a favor de tumbar la condena, pero solo en lo que tiene que ver con la indemnización.

Estos magistrados aseguran que se debe caer la reparación económica, ya que consideran que en las tutelas las indemnizaciones de perjuicios deben ser excepcionales. Para esos cuatro magistrados, la tutela debe amparar derechos fundamentales y no buscar pretensiones indemnizatorias.

El centro del debate entre los magistrados es el alcance del artículo 25 del decreto 2521 de 1991. Esa norma, que reglamentó la tutela, dice que cuando el afectado no disponga de otro medio judicial y sus derechos se vulneren de forma manifiesta, el juez “tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho”.

Fuentes del tribunal afirman que, aunque hay discusión sobre si se debe mantener la orden para que Cerro Matoso repare económicamente, todos los magistrados están de acuerdo con que se mantenga la condena en lo referente a la orden que se le dio a la sociedad BHP Billiton, dueña de la mina, de renovar su licencia ambiental en los próximos cuatro meses para que pueda seguir extrayendo recursos de la mina que ha controlado en los últimos 36 años.

También habría un consenso para que se mantengan todas las medidas ambientales y de protección que se ordenaron para las comunidades étnicas, así como la de realizar un proceso de consulta previa con quienes han sido afectados por la contaminación de la mina.

Esto porque la decisión de diciembre pasado, que condenó a la minera, encontró que se pudo corroborar que quienes presentaron la tutela y habitan en cercanías del complejo minero se han enfermado por culpa de la mina. “Contrario a lo sostenido por la empresa Cerro Matoso S. A., existe una delicada situación de salud pública en la zona, la cual se caracteriza por graves enfermedades cutáneas, pulmonares y oculares, entre otras”, dijo la Corte.

CERRO MATOSO

Cerro Matoso tiene desde hace más de 30 años la explotación de una mina de níquel en Córdoba.

Foto:

EL TIEMPO

Abogado recusa

El abogado Abelardo de la Espriella, quien representa a las comunidades afectadas por Cerro Matoso, afirmó que el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte, debe declararse impedido para votar en el caso de la mina de ferroníquel porque supuestamente dio una opinión frente al tema en una entrevista radial.

Además, De la Espriella le envió una solicitud a la Corte en la que le pide que le entregue una copia del acta, video o audio de la Sala Plena que el alto tribunal tuvo los días 29 y 30 de agosto, cuando los magistrados discutieron el caso.

Según De la Espriella, solicita esos audios para “presentar las recusaciones a las que haya lugar contra los magistrados que argumentaron que la firma de abogados que dirijo y represento estaría cobrando honorarios del 50 por ciento de lo que Cerro Matoso debe pagar; manifestando de esta manera preocupación por los excesivos honorarios que recibirían los apoderados y frente a la posibilidad de que los dineros no llegasen a manos de los que resultaron afectados”.

MILENA SARRALDE DUQUE
@MSarralde
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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