Corte Constitucional avala sin muchos cambios el decreto de cárceles

Corte Constitucional avala sin muchos cambios el decreto de cárceles

A pesar de las críticas sobre la norma, el alto tribunal la declaró exequible casi en su totalidad. 

Presos en cárceles de Colombia

El hacinamiento en las cárceles hoy está sobre el 33 por ciento. 

Foto:

Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
23 de julio 2020 , 01:19 a.m.

El decreto 546, con el que el Gobierno ordenó medidas temporales para darles casa por cárcel por seis meses a algunos presos, como una medida en medio de la pandemia de coronavirus que también ha afectado a las prisiones, ha sido quizá uno de los más criticados por la academia, los abogados y los defensores de derechos humanos por su poca efectividad. 

Pese a todas esas críticas, la Corte Constitucional decidió este miércoles declararlo exequible casi en su totalidad, aunque le hizo algunos cambios y precisiones que no afectan de forma sustancial esta norma. 

Hasta ahora no se han conocido oficialmente las razones para mantener el decreto casi en su totalidad, ni cómo fue la votación en la Sala Plena, pero EL TIEMPO conoció cómo quedaron los artículos del decreto. 

Así, la Corte, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, declaró exequibles sin ningún cambio 27 artículos de esta norma. Por ejemplo, dejó tal y como estaba el artículo 6, que fue el que creó una amplia lista de delitos para los que no aplica el decreto. 

En los que hizo algunos cambios fue en el artículo 2, que establece a quiénes se les aplica la detención domiciliaria temporal (siempre y cuando no estén en la lista de exclusiones. En ese caso, la Corte dijo que la norma se declara exequible en el entendido de que "no excluye otras formas de discapacidad que puedan resultar incompatibles con las medidas sanitarias y de distanciamiento social por parte de la población privada de la libertad". 

No excluye otras formas de discapacidad que puedan resultar incompatibles con las medidas sanitarias y de distanciamiento social por parte de la población privada de la libertad".

En el artículo  3, que establece que la detención domiciliaria se aplica por 6 meses, y el 10, que indica que una vez se termine ese tiempo los beneficiarios deben presentarse a la cárcel en la que se encontraban antes de ser enviados a su casa, la Corte hizo algunas precisiones. Así, la Corte dijo que esas normas son exequibles, aclarando que la persona que recibió el beneficio, si bien debe presentarse una vez se terminen los seis meses, "no podrá ser recluida nuevamente" en la cárcel en la que se encontraba si allí hay un brote de coronavirus, a menos que se pueda garantizar su ubicación en otro lugar que minimice el eventual riesgo de contagio. 

"Si no fuere posible la reubicación en un lugar especial, el juez competentes deberá fijar el término en el cual debe presentarse nuevamente", indicó la Corte. 

Además, aunque declaró exequible el artículo 5, que establece que estos beneficios no podrán aplicarse a personas sometidas a trámites de extradición, la Corte dijo que  si son mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años, o padecen algunas de las enfermedades graves y de mayor riesgo para el coronavirus -que están en el decreto- o están en situación de discapacidad, se deben tomar las medidas necesarias para ponerlas "en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio". 

El alto tribunal también mantuvo el artículo 7, pero dijo que en el caso de las personas que son cobijadas con medida de aseguramiento preventiva por la ley 600 de 2000, que es el antiguo sistema judicial, "la autoridad competente para resolver sobre la detención domiciliaria transitoria es la Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias". 

Además, declaró exequible el artículo 8, que fija el procedimiento para hacer efectiva la prisión domiciliaria. Pero afirmó que los abogados de los condenados también podrán solicitarle directamente al juez ese beneficio para los detenidos, pero deben adjuntar las cartillas biográficas entregadas por el Inpec, así como el certificado médico, si corresponde. 

También dice que a los condenados también se les puede aplicar el recurso de apelación con efecto devolutivo. Pero además, sobre ese punto la Corte aclaró que esto también aplica para quienes se encuentran detenidos en centros de detención transitoria, y es responsabilidad del Inpec adjuntar su cartilla biográfica en las peticiones que hagan de su casa por cárcel. 

Un decreto muy criticado

(Le puede interesar: Hacinamiento carcelario está en su punto más bajo desde el 2011)

Una de las principales razones por las cuales varios sectores habían cuestionado el decreto es por su bajo alcance, pues tenía demasiadas excepciones que llevaban a que no permitiera descongestionar de forma amplia las cárceles, y bajar el hacinamiento.  Sin embargo, la Corte mantuvo sin ningún cambio todas y cada una de las excepciones. 

Por ello, aunque el Gobierno dijo que aspiraba a que con esa vía salieran unos 4.000 presos de las cárceles, hasta el 9 de julio pasado solo habían logrado salir unos 857.  Y aunque en los últimos meses la sobrepoblación en las cárceles pasó del 52 % al 33 %, esto se logró en un 93 por ciento gracias a las medidas ordinarias que ya tenían las leyes, y no al decreto. 

De hecho, en junio pasado, durante un seminario virtual, la misma ministra de Justicia Margarita Cabello dijo que el decreto no había dado los resultados esperados.

(Lea: La respuesta del Gobierno a 27 preguntas de la Corte sobre decreto de cárceles)

El Gobierno le había pedido a la Corte Constitucional mantener el decreto, afirmando que aunque no reducirá de forma importante el hacinamiento, al sustituir  algunas penas privativas de la libertad por medidas de detención domiciliaria, sí permite reducir el riesgo de contagio sobre la población carcelaria. 

(Lea también; Se dispara coronavirus en La Picota: confirman 298 presos contagiados)

Mientras tanto, en las cárceles del país, que hoy tienen unos 108.000 presos, hasta ahora se han registrado unos 2.146 casos de contagio de coronavirus. De ellos, 1.923 son personas privadas de la libertad y los demás son funcionarios, entre auxiliares, personal administrativo y el cuerpo de guarda y custodia.


JUSTICIA

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