La Corte Constitucional le dio un plazo de 18 meses a la Cancillería para que inicie un proceso ante jueces laborales en el exterior, con el fin de que se les reconozcan los pagos que reclamaban dos exempleados de las embajadas del Líbano y Estados Unidos.
El caso es clave porque el alto tribunal reconoce que la inmunidad de las embajadas no puede estar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por lo tanto, toma una decisión de fondo en dos tutelas contra esas dos sedes diplomáticas en Colombia. El alto tribunal dice que las embajadas vulneraron los derechos al debido proceso y a la administración de justicia. (La mujer a la que la Embajada del Líbano no le quiere pagar su pensión)
La primera tutela era de Adelaida García de Borissow, quien interpuso ese recurso contra la embajada del Líbano porque trabajó por 23 años como secretaria personal y traductora del embajador pero nunca recibió una pensión. García sostuvo que se le negó ese derecho ya que por 10 años la embajada no cotizó los pagos al seguro social.
El segundo caso es el de Ómar Enrique Castaño Ramírez, quien prestó sus servicios en la embajada de Estados Unidos en Bogotá desde el 26 de julio de 1986 hasta el 6 de noviembre del 2006. El exempleado demostró que cuando terminó el vínculo laboral la embajada no le pagó prestaciones.
La Corte Constitucional les dio la razón y le ordenó a la Cancillería que inicie las acciones necesarias para que las delegaciones les paguen lo que les deben.
La Corte le dijo además a la Cancillería que si en 18 meses no hay una decisión sobre la situación de García y Castaño, el Gobierno colombiano tendrá que reconocer “la indemnización a los accionantes por los perjuicios”.
