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Crisis humanitaria de la niñez wayuu, de nuevo en examen en la Corte
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Cortesía Ministerio del Interior

Crisis humanitaria de la niñez wayuu, de nuevo en examen en la Corte

Corte vigilará cumplimiento de fallo de 2017 que acreditó vulneración masiva de derechos.

En 2017, la Corte Constitucional determinó que hay una vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los y las niñas wayuu en La Guajira y emitió una serie de órdenes estructurales para avanzar en su superación.

Ante la falta de avances al respecto, el alto tribunal decidió asumir la vigilancia del cumplimiento del fallo y citó a una sesión técnica para verificar qué se ha hecho desde entonces.

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La sesión se realizará de forma virtual el próximo 4 de junio. La idea es hacer seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 en la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto a los derechos a la salud, al agua potable, a
la alimentación, a la seguridad alimentaria de la comunidad wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

La sesión fue citada mediante auto 042 de 2021 por la Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte que decidió asumir la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia, luego de encontrar que a no existe un plan de acción para cumplir con el fallo.

"La Sala precisa que ninguno de los documentos con los que cuenta permite aseverar que el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas haya sido conformado y que se encuentre en funcionamiento. Es más, las comunidades indígenas y la Veeduría Ciudadana han reclamado su participación en el cumplimiento del fallo, lo que da a entender que en ningún momento se les ha convocado y que aquel diálogo que buscó generar la Corte con su decisión no ha contado con la repercusión suficiente para que este escenario se active", dijo la Corte.

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La Sala dijo que ese Mecanismo, como cuerpo colegiado, es vital para la formulación, ejecución y evaluación de la política pública y que se relaciona con el avance de cuatro indicadores básicos de alimentación infantil, sobre los que para marzo de 2019 no habían llegado a los niveles mínimos que se fijaron a partir de las metas nacionales oficiales.

Sobre la superación de los objetivos mínimos sugeridos en el fallo para mejorar las condiciones en el agua potable, la salud y la alimentación del pueblo wayúu, la Corte dijo que "no se evidencia un avance progresivo para garantizarlos".

"Sin una muestra de avance en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, sin evidencia de que se han mejorado los programas de atención alimentaria y (de) cobertura de seguridad alimentaria, sin el seguimiento a las medidas urgentes en materia de salud, sin la comprobación de cambios en la movilidad de las comunidades que residen en zonas rurales dispersas, sin una mejora en la información para la toma de decisiones y sin garantía de los principios de imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas, para la Corte no habrá parámetro tendiente a verificar si en un futuro próximo se puede dar por superada la crítica situación de la comunidad indígena de La Guajira", dijo el alto tribunal.

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En ese sentido, la Corte consideró que su intervención es "imperiosa para lograr el cumplimiento del fallo". Y citó, entre otros, una  investigación hecha por Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins titulado “Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte”, donde se mencionó que la pandemia y el aislamiento acentuaron el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

La Corte Constitucional ha deliberado para modificar su reglamento y poder realizar las Salas Plenas en las que se discuten demandas de constitucionalidad y tutelas, de forma virtual.

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Corte Constitucional

Por estas razones, la Corte además ordenó realizar una sesión técnica "con la finalidad de impulsar respuestas oportunas (inmediatas) y eficaces (sustancialmente) a las situaciones o actuaciones que impiden avanzar significativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales, por ejemplo, a través de la articulación de las autoridades nacionales y territoriales en la formulación de la política pública”.

Allí se discutirán las órdenes incumplidas del fallo y los obstáculos que se presentan para su cabal acatamiento. Luego de escuchar a las partes, se realizará el desplazamiento a las comunidades “Nueva Venezuela” y “23 de abril”, ambas ubicadas a 20 minutos del casco urbano, para que se tenga una percepción directa de la situación que atraviesan.

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La sesión tendrá traducción en tiempo real al lenguaje wayuunaiki y a la misma fueron citados la Consejería para las Regiones de la Presidencia, la Procuradora General, el Defensor del Pueblo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Gobernador de La Guajira, los representantes de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, un representante de las autoridades de estos
municipios, la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302
de 2017 y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia.

Además, se ordenó a la Presidencia, a los Ministerios de Salud, del Interior, de Vivienda, de Ambiente y de Agricultura, así como a otras entidades que  en 15 días informen a la Corte "qué medidas han adoptado atendiendo la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta la niñez wayúu con ocasión de la pandemia COVID-19, respecto de los derechos al agua, la alimentación, la seguridad alimentaria y la salud protegidos a través de dicho fallo".

La Corte además compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, si lo estima pertinente, inicie la respectiva averiguación disciplinaria en contra de la Sala a cargo del seguimiento de esta sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha por la presunta omisión del cumplimiento de sus deberes.

"Lo anterior, teniendo en cuenta que  han transcurrido más de dos años desde la notificación de la sentencia T-302 de 2017 sin que existan avances siquiera mínimos en el cumplimiento; y  en tres oportunidades se ha solicitado información a la citada Sala por esta Corte, sobre el seguimiento que le concierne, sin recibir respuesta alguna (autos del 18 de febrero, 4 de septiembre y 29 de octubre de 2020)", dice el auto.

justicia@eltiempo.com
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