Terceros civilmente responsables no serán extraditados: Corte

Terceros civilmente responsables no serán extraditados: Corte

El alto tribunal avaló ese cambio que trajo la ley estatutaria de la JEP. 

Falsos positivos

El alto tribunal avaló que agentes del Estado y financiadores del conflicto, por ejemplo, no sean extraditados. 

Foto:

Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
21 de diciembre 2018 , 10:23 p.m.

Una de las claves del fallo en el que la Corte Constitucional avaló la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está relacionado con la extradición de los terceros civilmente responsables de delitos relacionados con el conflicto armado. 

Además de las aclaraciones y cambios que el alto tribunal hizo frente a cómo se deben tramitar las solicitudes de extradición de los exguerrilleros de las Farc, por hechos que sean presuntamente cometidos después de la firma del acuerdo de paz, el alto tribunal estableció que la prohibición que trajo la ley estatutaria de la JEP de no extraditar a "otros" que estén aportando verdad es constitucional. 

Se trata del artículo 156 de la ley estatutaria sobre "la extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR)".

Según esa norma, "no se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación y No Repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad".

La Corte Constitucional declaró exequible ese artículo afirmando que esa disposición permite implementar una parte del Acuerdo Final que habla de la necesidad de determinar medidas adicionales "para evitar que otras personas que estén ofreciendo verdad sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad".

Lo clave de este examen es que la Corte Constitucional determinó que entiende que la expresión "otras personas" se refiere a personas naturales sometidas a la jurisdicción de la JEP como "los terceros civilmente responsables, particulares o agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública".

La Corte avaló ese artículo, prohibiendo la extradición de terceros que hayan tenido responsabilidad en el conflicto, afirmando que "los derechos de la sociedad y de las víctimas en el escenario de la transición hacia la paz, se proyecta en dicha disposición en la medida en que incluye medidas orientadas a garantizar los objetivos del Sistema de Verdad (SIVJRNR, al eliminar barreras que pudieran derivarse de la extradición de quienes estén ofreciendo verdad". 

El alto tribunal aceptó no enviar a terceros civilmente responsables en extradición considerando que esa disposición guarda conexidad con el Acuerdo Final, en lo relativo con los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, "el cual constituye referente de desarrollo y validez de la norma bajo estudio de conformidad" con la ley que creó la JEP. 

Para la Corte, esa norma es constitucional debido a que también "permite hacer prevalecer los derechos de las víctimas sobre otros objetivos de la cooperación judicial internacional que promueve la extradición". En el pasado, la Corte había cambiado una parte de la JEP estableciendo que los terceros civilmente responsables no podrán ser obligados a comparecer a esa justicia, y sólo podrán hacerlo de forma voluntaria. 

Llama la atención el argumento de la Corte frente a la extradición de terceros, pues en el caso de los exguerrilleros solicitados por otros países por delitos posteriores al acuerdo de paz con las Farc, la Corte no estableció en esos hechos si se debe privilegiar el juzgamiento en Colombia o la extradición.

Incluso, como lo reveló EL TIEMPO, el tema generó debate en la Corte, pues algunos magistrados, entre ellos el ponente del fallo, Antonio José Lizarazo, querían que la Corte dijera que en estos casos la extradición debía ser la excepción, y el juzgamiento en Colombia, la regla, pero otros consideraron que si la Corte hacía esa afirmación se podía afectar del deber de cooperación internacional. 
 
Así, en el fallo que avaló la ley estatutaria de la JEP, la Corte estableció que ante delitos posteriores a la firma del acuerdo y que sean cometidos por exguerrilleros de las Farc, será la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno quienes tendrán que ponderar los deberes que tiene el Gobierno en materia de cooperación internacional frente a otros principios y derechos como los de las víctimas a la verdad y la justicia, el derecho a la paz, y el deber de juzgar las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH. 

JUSTICIA

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