En un auto del 22 de agosto pasado la Corte Constitucional admitió la demanda que presentó el constitucionalista Jesús Pérez González, con la que busca tumbar el Acto Legislativo para la Paz que agiliza la implementación de los acuerdos de La Habana, y que fue aprobado en junio pasado en el Congreso.
Ese acto legislativo incluye la creación de un procedimiento especial legislativo a través de un trámite abreviado o de fast track (vía rápida) para tramitar los proyectos de ley que sean necesarios, o las reformas constitucionales pertinentes, que permitan implementar lo acordado con as Farc.
También le dio facultades extraordinarias al Presidente de la República para que expida los decretos con fuerza de ley que se relacionen con los acuerdos.
El auto, expedido por la magistrada María Victoria Calle, aceptó estudiar la demanda de Pérez, quien afirmó que dicho acto legislativo debe declararse inexequible porque "presenta un vicio de incompetencia del Congreso para sustituir la Constitución".
El demandante afirma que esta norma viola al Estado constitucional de derecho, la rigidez constitucional, la supremía de las leyes, la separación de poderes, entre otros hechos.
Una de las razones del demandante es que el acto legislativo reduce de 8 debates a 4 los requeridos para que un acto legislativo sea aprobado "con las consecuencias de improvisación y ligereza en el análisis que viene caracterizando la producción normativa del Congreso en el último tiempo".
Además, dice que este acto hace que la Constitución pase de ser rígida a flexible. También, agrega que al darle facultades extraordinarias al Presidente de la República "se le están transfiriendo al Gobierno competencias que el constituyente primario le dio al Congreso con exclusividad", lo que, a su juicio, implica que se esté suplantando al Congreso.
La Corte admitió la demanda porque cumple con las "cargas mínimas de argumentación" y expuso razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes para ser analizadas por el alto tribunal.
El caso será ahora estudiado por la magistrada Calle, quien tendrá que elaborar una ponencia para llevarla a la Sala Plena para su debate.
JUSTICIA