Emma Lucía Orejuela es una colomboamericana de 48 años radicada hace décadas en Nueva York. Después de ejercer oficios varios, la caleña empezó a recibir jugosas comisiones por buscarles clientes a reputados abogados estadounidenses en un rol conocido dentro del sistema americano como ‘paralegal’.
Pero, ahora está a punto de ser condenada por recibir de manera fraudulenta millonarios fondos procedentes de narcotraficantes. De hecho, su proceso es la piedra angular de una investigación secreta adelantada por la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia que busca identificar a varios abogados estadounidenses implicados en una millonaria operación de lavado de activos de la mafia.
La participación de Orejuela en este ilícito ha llamado la atención porque en los últimos dos años trabajó para la oficina de la abogada Bonnie Klapper. Se trata de la llamada ‘exfiscal de hierro’ de Estados Unidos, respetada entre agentes federales por haber desarticulado al poderoso cartel del norte del Valle y golpeado a la ‘oficina de Envigado’ y a la estructura criminal del capo Daniel el ‘Loco’ Barrera.
Lo que desconocía la curtida exfiscal Klapper es que su ‘paralegal’ venía siendo seguida por agentes antimafia que ahora la acusan de realizar transferencias y depósitos de dinero de la mafia, que movió desde Estados Unidos a Colombia.
Abogados, en la mira“A sabiendas, las transacciones fueron diseñadas para ocultar la naturaleza, procedencia, localización y al dueño del dinero, producto de actividades ilícitas”, dice el expediente contra Orejuela, que enfrenta una condena por fraude y lavado de dinero de la mafia.
El pasado 4 de mayo, el caso se volvió a mover. En la Corte del Distrito Sur de Miami se radicó una constancia oficial en la que se le notifica al narcotraficante colombiano Jorge Luis Blanco Rodríguez –miembro de la organización del ‘Loco’ Barrera– que uno de los abogados que lo ha venido representando en los últimos cuatro años está siendo investigado por John D. Keller, fiscal de la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia.
“Él o ella (el abogado), junto con otros, es sujeto de una investigación del gran jurado por lavado de dinero relacionado con los pagos recibidos por honorarios”, se lee en el documento oficial que lleva el rótulo de secreto y que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva.
Además, advierten que Blanco puede convertirse en un potencial testigo contra su propio abogado a cambio de beneficios por su cooperación en la investigación. Por eso se le prohibió tener contacto con su defensa y se pidió que lo trasladaran de la correccional de Georgia a la Corte Federal de Miami para que testifique dentro.
El documento causó revuelo porque, de acuerdo con registros federales, uno de los defensores del capo colombiano es la exfiscal Bonnie Klapper, junto con sus asociados Jack Denaro y David Stuart Weinstein. Ese antecedente, sumado al caso de la ‘paralegal’, tiene en el foco del escándalo a ese reputado bufete.
EL TIEMPO localizó en Nueva York a la exfiscal Klapper, quien delegó la vocería del caso en un abogado federal de su confianza.
“Lo único que le puedo asegurar es que el blanco de la investigación federal no es Bonnie Klapper ni ninguno de sus actuales asociados. Emma Orejuela, su ‘paralegal’, recibió dinero a sus espaldas de un proceso contra un narcotraficante que nada tiene que ver con los casos que lleva el bufete de Klapper”, explicó el vocero de la exfiscal.
Y agregó que entre los defensores del capo colombiano Jorge Blanco Rodríguez hay un abogado que no aparece en los registros.
Excompañeros de Klapper le aseguraron a este diario que confían en su conducta y que ella nada tiene que ver en los negocios sucios de su ‘paralegal’, quien trabajó para otros bufetes.
Reporteros de este diario establecieron que la mayor parte del dinero que se rastrea proviene de la estructura del ‘Loco’ Barrera.
Y fuentes federales confirmaron que Emma Orejuela actuó como ‘paralegal’ dentro de dos procesos claves: el del capo Julio Lozano Pirateque, el señalado jefe del ‘Loco’ Barrera, y el de Héctor ‘Chicho’ Urdinola, sobrino del extinto capo Iván Urdinola, que trabajaba para el ahora llamado ‘cartel del Golfo’.
Pero todo indica que el caso de Lozano sería la pista de los movimientos ilegales de dinero a espaldas de los filtros federales.
“La investigación se va a extender a Colombia y Guatemala, en donde Orejuela reclutó a otros clientes y hasta donde nos llevó el movimiento de dinero que la mujer realizó a través de una cuenta bancaria. Además, sabemos que Colombia decomisó hace tres meses un maletín repleto de dólares que intentaba sacar del país un abogado”, explicó la fuente.
Y agregó que si bien se han hecho otros intentos fallidos para rastrear pagos ilegales a abogados, ahora el Departamento de Justicia irá hasta las últimas consecuencias.
Ante la evidencia, Orejuela decidió declararse culpable y ahora colabora con la justicia. De hecho, recobró su libertad tras el pago de una fianza por 250.000 dólares y logró correr la lectura de su sentencia de julio pasado al próximo 18 de noviembre. En estos tres meses, la mujer podrá entregar nuevos detalles sobre la red de lavado y obtener las ventajas judiciales que antes les buscaba a sus ‘narcoclientes’.
El caso de Fabio OchoaAunque los abogados estadounidenses tienen una especie de inmunidad en las investigaciones sobre el origen de los dineros con los que la mafia paga honorarios, el Departamento de Justicia ya ha hecho intentos por investigar las jugosas sumas que algunos reciben por debajo de la mesa. El caso más sonado involucró al capo Fabio Ochoa Vásquez, condenado a 30 años en EE. UU. En el 2008, un jurado federal acusó al abogado estadounidense Benedict Kuehne y a los colombianos Óscar Saldarriaga y Gloria Flórez de lavado y obstrucción a la justicia. Kuehne, asesor del ex- vicepresidente de EE. UU. Al Gore, fue contratado por Roy Black (defensor de Ochoa) para verificar el origen de los fondos con los que le pagaría. Al final, Kuehne logró que su caso fuera cerrado, pero EE. UU. sigue empeñado en investigar estas transacciones.
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