‘Jueces de garantías ya han hecho más de 7.000 audiencias virtuales’

‘Jueces de garantías ya han hecho más de 7.000 audiencias virtuales’

En entrevista, presidenta de Judicatura habla del reto de administrar justicia durante la pandemia.

Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

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Consejo Superior de la Judicatura

Por: Milena Sarralde Duque
27 de abril 2020 , 10:08 p.m.

A finales de febrero pasado, cuando la magistrada Diana Alexandra Remolina Botía fue elegida como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, el mundo apenas comenzaba a darse cuenta de la gravedad del nuevo coronavirus. Todo ha cambiado desde entonces.

En entrevista con EL TIEMPO, Remolina cuenta cómo los funcionarios judiciales se han ajustado en medio de la pandemia para poder seguir garantizando la administración de justicia por medio de la tecnología, y cuál será la estrategia para atender a los detenidos que pidan salir de las prisiones con el decreto de excarcelaciones del Gobierno.

¿Qué balance haría de la justicia en este periodo de aislamiento?

Los sistemas de justicia en el mundo se están ajustando y tratando de responder de la mejor manera a los retos que nos impuso la pandemia. El principal cambio estructural ha sido el avance importante en la apropiación de la virtualidad y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, humanos y de infraestructura con que ya contaba la Rama Judicial. Antes de la pandemia, Microsoft nos reportaba que se realizaban unas 300 reuniones virtuales, y hoy se han hecho más de 15.000. Los jueces de control de garantías han realizado cerca de 7000 audiencias durante este periodo, muestra de que la tecnología nos ha permitido seguir avanzando. Tenemos a los servidores judiciales trabajando desde las casas, con muy contadas excepciones, y estamos usando al máximo la tecnología para las audiencias penales, y recibiendo tutelas, habeas corpus, controles de legalidad, solicitudes de títulos de alimentos, peticiones y comunicaciones por correo electrónico. 

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Hace poco decía usted en un trino que las tutelas diarias habían bajado en un 88 por ciento al día. ¿La gente está acudiendo menos a la justicia?

La tutela ha seguido operando ininterrumpidamente en todas los temas y en todas las regiones del país. Para viabilizar la posibilidad de presentar estas acciones, se habilitaron correos electrónicos con el fin de que los ciudadanos, hoy en cuarentena, no tengan que acudir a las sedes judiciales. Desde el 16 de marzo hasta el 21 de abril se han presentado 27.847 tutelas y sabemos que, siguiendo la misma tendencia de los tiempos de normalidad, la gran mayoría corresponden a temas de salud, petición y debido proceso. Esta situación también nos deja una lección clave: cómo reproducir las ventajas, agilidad y cercanía con el ciudadano que tiene la acción de tutela en la gestión de las demás demandas de justicia. Ese es un reto cuya superación no nos da espera.

¿Ve posible adelantar la vacancia judicial, como han pedido algunos?

En varios escenarios se ha expuesto esta idea, pero para concretarla se necesitaría de una reforma legal que modificara las reglas de vacaciones que hoy están establecidas en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, por lo cual no lo veo viable. En todo caso, interpreto esa propuesta como un planteamiento legítimo que pone de presente la necesidad de que, superado el aislamiento, se generen periodos de mucha eficiencia para recuperar este tiempo durante el que se ha entorpecido la dinámica de la justicia.

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¿Qué dificultades han tenido para operar en la virtualidad y en qué regiones hay más problemas?

Los servidores de la Rama Judicial estamos logrando, poco a poco, adaptarnos a trabajar desde la casa y a apoyarnos de manera más directa en la tecnología, pero todavía nos encontramos con algunas dificultades que debemos ir superando como, la poca familiaridad con las herramientas tecnológicas, fallas en las plataformas o capacidades limitadas de conexión en los hogares. En particular, según los reportes con que contamos, se han presentado mayores incidencias para la realización de audiencia en Cesar, Boyacá, Sucre, Magdalena y La Guajira, sobre todo por inconvenientes para el agendamiento en la plataforma o dificultades de asistencia técnica para superar escollos durante el desarrollo de las sesiones.

En medio de esta difícil situación, tengo que rescatar que recibimos un empujón hacia la tecnología y la telepresencia, que nos dejó en un lugar del que no volveremos

¿Hasta cuándo sería prudente mantener la suspensión de términos?

Estamos trabajando y reflexionando sobre la identificación de criterios que guíen de manera general el levantamiento de la suspensión de términos. Hasta el momento lo que se ha mantenido en operación han sido procesos esenciales como las tutelas, los temas asociados a derechos fundamentales como la libertad personal o la revisión de las normas que se han expedido con ocasión de la emergencia. La pregunta que debemos contestar es cómo seguir. Debemos tener en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las administraciones locales, principalmente las de aislamiento preventivo.

Corresponderá ir ampliando progresivamente el accionar de la justicia atendiendo a la capacidad institucional en las circunstancias actuales, a la generación de condiciones operativas necesarias para que aquellos procesos y acciones que no estén suspendidos se puedan desarrollar de manera adecuada y a continuar protegiendo la salud de los servidores judiciales, abogados y usuarios de la Rama Judicial.

Una de las lecciones que ha dejado el coronavirus es que muchas empresas del sector privado podían teletrabajar. ¿Cree que en el sector judicial esto sucedió igual?

No sé si después de la pandemia vayamos a cambiar lo que somos, pero sí es un hecho que cambiaremos la forma como hacemos las cosas. Una de nuestras mayores lecciones ha sido darnos cuenta de que estamos en capacidad de trabajar desde nuestras casas, aprovechando las ventajas de la tecnología, lo cual es muy valioso en todo sentido. En medio de esta difícil situación, tengo que rescatar que recibimos un empujón hacia la tecnología y la telepresencia, que nos dejó en un lugar del que no volveremos.

¿Qué procedimientos tecnológicos actuales se podrían seguir adoptando para el futuro, cuando ya no haya coronavirus?

El Consejo Superior de la Judicatura lleva trabajando desde hace más de un año en la concreción de la modernización estructural de la Rama Judicial. La realidad a la que nos ha enfrentado el covid-19 nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la adecuada e integral planeación de la transformación digital de la Rama Judicial y la agilidad y dinamismo de las tecnologías que todos los días traen algo nuevo. Debemos ser capaces de no sacrificar ninguna de las dos, es decir, ir aplicando ágilmente herramientas y soluciones a problemas concretos, como por ejemplo la radicación virtual de demandas, el reparto web, la notificación o la firma electrónica, pero al mismo tiempo seguir el camino hacia la meta de logar una verdadera transformación de la justicia.

Algunos trabajadores de la Rama Judicial se han sentido molestos con el decreto que les baja un 10 y hasta un 15 por ciento del sueldo a los funcionarios públicos para donarlo al fondo que se creó por el coronavirus. ¿Cree que esto afecta la labor de jueces, magistrados u otros funcionarios?

De ninguna manera. Esta es una época muy difícil para todos y siempre existen situaciones apremiantes que atender, más en circunstancias como las que atravesamos, pero en la Rama Judicial siempre ha primado la responsabilidad y compromiso de magistrados, jueces y empleados con su labor. Estoy segura de que esta no será la excepción.

Las cárcelesEl decreto de cárceles ha tenido muchos críticos pues aseguran que no es una medida significativa para prevenir el contagio en las prisiones. ¿Qué opina usted?

El debate y los cuestionamientos siempre son necesarios y útiles para la construcción de mejores políticas y medidas. La situación de las personas privadas de la libertad es un asunto sensible y complejo para el país, pero debe tenerse en cuenta que los presupuestos en este momento para la toma de decisiones son la protección de la salud e integridad de las personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios. Hicimos propuestas no solo para afinar los elementos normativos para que judicialmente se definieran medidas domiciliarias, sino también otras que no prosperaron, en el sentido de evaluaran posibilidades más ágiles como por ejemplo el traslado a través de un trámite administrativo en el marco de la declaración de emergencia penitenciaria y a partir de las facultades propias del Inpec.

¿Cómo se harán operativas las salidas de los internos que serían beneficiarios?

La Rama Judicial viene preparándose incluso desde antes de que fuera expedido el Decreto Legislativo 546 de 2020, para responder eficazmente. De acuerdo con los datos de los posibles beneficiarios de las medidas de prisión o detención domiciliaria transitorias identificados inicialmente por el Ministerio de Justicia y el Inpec, nos enfrentaríamos a un poco más de 5 mil solicitudes de las cuales la mayoría son personas con condena en firme que han cumplido el 40 % de la pena que se les impuso; así, en términos generales, la gran mayoría de las solicitudes deberán ser decididas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, que en el país son 155. Con este número en mente, el Consejo Superior de la Judicatura coordinó con el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Fiscalía y la Policía un protocolo operativo para darle cumplimiento a las disposiciones del Decreto y al mismo tiempo optimizar la capacidad institucional de los jueces para responder de manera adecuada a la demanda.

De acuerdo con este protocolo, se previó con meridiana claridad que cada establecimiento de reclusión debe verificar el cumplimiento de los requisitos objetivos que el Gobierno estableció, que las listas de personas potencialmente beneficiarias se remitan con toda la información y requisitos necesarios para que los jueces puedan pronunciarse, y que las solicitudes se envíen de manera gradual a los jueces. En estas condiciones los jueces podrán responder eficientemente.

Reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de las cárceles no será manejable si las reformas penales insisten en sancionar solo con penas privativas de la libertad todas las conductas

¿Cree que a futuro se debería plantear un decreto que pueda resolver de fondo los problemas de hacinamiento en las cárceles?

El tema del hacinamiento de las cárceles es una problemática ampliamente reconocida por su gravedad, tanto que la Corte Constitucional declaró hace unos años que en esta materia estamos en frente de un estado de cosas inconstitucional. Esto quiere decir que los derechos de las personas privadas de la libertad a la salud, alimentación en condiciones higiénicas, a servicios públicos, a espacios limpios y aireados y muchos otros, no se están garantizando. Reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de las cárceles no será manejable si las reformas penales que se propongan insisten en sancionar solo con penas privativas de la libertad todas las conductas que atenten contra el orden social.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia@JusticiaET

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