La "rebelión de las canas", el movimiento de personas mayores de 70 años que considera que el Gobierno está violando sus derechos con las medidas de restricción de movilidad por la pandemia del coronavirus, llegó a los estrados.
En su tutela, el grupo afirma que se les está vulnerando sus derechos a la igualdad, libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad por el aislamiento obligatorio impuesto por el Gobierno para esta población, en medio de la pandemia de coronavirus.
Entre los demandante se encuentran el exministro Rudolf Hommes, el exalcalde Maurice Armitage Cadavid y el exvicepresidente Humberto de la Calle.
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En su tutela, los ciudadanos plantean que con las resoluciones 464 y 844 de 2020, el Gobierno implementó el aislamiento obligatorio para mayores de 70 años hasta el 31 de agosto, situación que, a su juicio, afecta los derechos anteriormente reclamados.
En su recurso judicial, aseguran que con estas medidas están recibiendo un tratamiento discriminatorio, pues dicen que mientras las personas mayores de 70 años solo pueden salir de sus casas tres veces a la semana por una hora, para realizar actividad física, las personas menores de esa edad pueden salir todos los días hasta por dos horas.
Cuestionan que, "sin justificación legítima", se están limitando sus derechos de forma mucho más severa que para otros adultos menores de 70.
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Aseguran que el único argumento del Ministerio de Salud para limitar su movilidad es que los mayores de 70 "están en especial riesgo". Ante esto, afirman que si bien es cierto que empíricamente los adultos mayores son más propensos a sufrir complicaciones por el covid-19, "al restringir su derecho a la libertad de locomoción en forma mucho más severa que al resto de la ciudadanía, el Estado está actuando en forma discriminatoria pues usa un paternalismo inaceptable frente a los adultos mayores que no emplea con el conjunto de la población".
Al restringir su derecho a la libertad de locomoción en forma mucho más severa que al resto de la ciudadanía, el Estado está actuando en forma discriminatoria, pues usa un paternalismo inaceptable
Así, dicen, en lugar de imponer estas medidas de aislamiento obligatorio, el Gobierno debería acudir a la "persuasión" mediante medidas como el autocuidado "que nosotros estaríamos en capacidad de entender, evaluar y coger por nuestra propia voluntad".
Aseguran que, si bien les parece válido imponer una cuarentena general a toda la población para evitar la propagación del coronavirus, lo que cuestionan es la discriminación cuando se los individualiza como grupo especial y se les impone "paternalistamente un confinamiento distinto al del resto de la población" con el argumento de que el Estado cuidado mejor su salud que ellos mismos.
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"Esto es un irrespeto a nuestra autonomía y es discriminatorio, pues el Estado no trata en forma semejante a las otras personas. Y eso es lo que cuestionamos", dicen en la tutela.
Esto es un irrespeto a nuestra autonomía y es discriminatorio, pues el Estado no trata en forma semejante a las otras personas
Agregan que si el Estado fuera respetuoso de la autonomía y la dignidad humana, no podría imponerles a las personas, de forma coactiva, el cuidado de su salud.
Dicen que esa imposición y restricción, que no se implementa sobre el resto de la población, no solo los discrimina, sino que también los "infantiliza, humilla" y se los "trata como personas no autónomas".
También aseguran que aunque las medidas de aislamiento preventivo generales, sin distinción de edad, permitieron disminuir las tasas de contagio cuando estuvieron implementadas, no se explica por qué ahora esa misma finalidad podría lograrse aislando únicamente a una parte de la población, es decir, a los mayores de 70.
Cuestionan, entonces, que el Ministerio de Salud no dejara claro cuál era su objetivo con restringir la movilidad de estos ciudadanos, pues el único argumento que dio es el que tiene una "intención paternalista e inaceptable de proteger la salud de esta población, incluso contra su propia voluntad".
También aseguran que aislar a estas personas no sería una medida adecuada para evitar la ocupación de UCI y demás insumos médicos, ya que "las restricciones a grupos específicos deben fundarse en la cooperación y no en el control y la sanción autoritarias, que suelen derivar en rechazo, escepticismo y rebelión por parte del grupo cuyos derechos se ven limitados".
En cambio, dicen, ese aislamiento podría terminar afectando la salud de los mayores de 70 años, como su funcionamiento metabólico, la frecuencia cardiaca, aumentar su tensión arterial, los niveles de azúcar en la sangre, los problemas de sobrepeso y una pérdida importante de vitamina D.
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Con todo esto, los ciudadanos les solicitaron a los jueces inaplicar los decretos que impiden su movilidad.
La tutela fue presentada por:
Rudolf Hommes
Alfonso Ávila
Maurice Armitage Cadavid
Luis Francisco Barón Cuervo
Carlos Caballero Argáez,
Maria del Pilar Caicedo Estela
María Consuelo Cárdenas de Santamaría
Lucelly Ceballos Cárdenas
María Mercedes Cuéllar López
José María de Guzmán Mora
Humberto de la Calle Lombana
Alonso Gómez Duque
William de Jesús Hoyos González
Maria Cristina Jimeno Santoyo
Patricia Lara Salive
Álvaro Leyva Durán
Clara LÓpez Obregón
Graciela Palacios
Maria Esperanza Palau
Alejandro Sanz de Santamaría Samper
Petrus A.N.M. Spijkers
Ignacio Vélez Pareja
Alberto Villate
Lucía Villate
Ricardo Villaveces Pardo
JUSTICIA
