Ante la Corte, funcionarios públicos piden tumbar impuesto solidario

Ante la Corte, funcionarios públicos piden tumbar impuesto solidario

Aunque ganan al mes más de 10 millones, dicen que afecta su mínimo vital y derechos laborales.

Impuesto predial

El impuesto solidario grava a funcionarios públicos, contratistas y pensionados del Estado que ganan más de 10 millones de pesos. 

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iStock

Por: Justicia
01 de junio 2020 , 05:18 p.m.

Hace tres días a una fiscal de la dirección especializada contra el narcotráfico en Barranquilla, cuyo ingreso mensual es de 13.4 millones de pesos, le quitaron el 16 por ciento de su salario por cuenta del impuesto solidario que creó el Gobierno con el decreto 568, en el marco de la pandemia.

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La fiscal, que es madre cabeza de hogar, asegura que de su sueldo, cuando se le hacen los descuentos de salud, pensión, fondo de solidaridad, retención en la fuente, créditos de libranza, y seguros, le quitan 7.9 millones, por lo que al mes le quedan unos 5.5 millones.

Con ese dinero, dice, si se le quitan los 2 millones de impuesto solidario, no podrá atender sus gastos mensuales ya que, según sus cuentas, en alimentación se gasta un millón de pesos; en servicios públicos, 800.000 pesos; en arrendamiento, 2.800.000 pesos, en peluquería, unos 80.000 pesos, o en el crédito de su vehículo, otros 1.337.000 pesos, entre otros gastos como la educación de sus hijos.

Con esas sumas y restas, la fiscal asegura que el impuesto solidario le estaría impidiendo pagar el arrendamiento, afectaría su alimentación y sustento diario. 

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Como el de ella, a la Corte Constitucional han llegado más de 100 conceptos pidiéndole al alto tribunal que tumbe el impuesto solidario que grava únicamente a funcionarios públicos, contratistas  y pensionados del Estado que ganen 10 o más millones de pesos, y a quienes se les descontará por los próximos tres meses desde un 15 por ciento, y hasta un 20 por ciento para los que ganen más de 20 millones.

El Gobierno justificó este impuesto afirmando que con esos recursos alimentará el Fondo FOME que se creó para la pandemia de coronavirus, y dijo que este dinero en específico se usaría para atender a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales, afectados por las medidas ante la pandemia. 

El decreto fue polémico desde el principio, llevando a que los nueve magistrados de la Corte Constitucional se declararan impedidos ya que son parte de los funcionarios que serán gravados con esta norma. Los conjueces que evaluaron esos impedimentos determinaron que no había razón para apartarlos del caso, y la evaluación del decreto se le dejó al despacho del magistrado Carlos Bernal, que deberá elaborar una ponencia.

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Pero desde entonces, a la Corte ha llegado una avalancha de opiniones. Fiscales, jueces, magistrados, profesores, funcionarios de la Procuraduría o la Contraloría, pensionados, entre otros, le han pedido a la Corte tumbar ese tributo afirmando que es desproporcionado, diciendo que aunque ganan más de 10 millones este descuento afecta su mínimo vital, y argumentando que es injusto solo gravarlos a ellos y no a los empleados y pensionados privados.

¿Un funcionario público, solo por el hecho de trabajar con el Estado, tiene que soportar mayores cargas tributarias? ¿Qué explica que un empleado público que gana 10 o más millones de pesos tenga que pagar el impuesto solidario, y no un empleado privado que gane 20 o 100 millones al mes? ¿Por qué el Gobierno considera que ganar 10 millones es tener suficiente capacidad para dar un 15 por ciento del sueldo? ¿Por qué se grava a los pensionados que fueron funcionarios, y no a pensionados privados que pueden recibir millonarias sumas? Son algunos de los cuestionamientos que se le han planteado a la Corte sobre el impuesto solidario. 

Las tutelas contra el impuesto
Corte Suprema de Justicia

La Corte Constitucional debe decidir si mantiene o no el impuesto solidario. 

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El tema es tan espinoso que ya está generando tutelas en todo el país. EL TIEMPO conoció que ya se han concedido por lo menos tres de esos recursos en juzgados de Cali y Bogotá en los que los jueces ordenan que no se les descuente los salarios a empleados públicos porque esto podría afectar su mínimo vital. 

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También ha habido tutelas rechazadas, como una que fue fallada en el Tribunal Superior de Bogotá, decidida por tres conjueces porque los magistrados se declararon impedidos. En su recurso contra el presidente Iván Duque, una mujer contó que desde hace 22 años trabaja en la Rama Judicial, carrera en la que desde el 2014 es juez civil municipal. Afirmó que es madre cabeza de familia de tres hijos, de quienes paga su educación universitaria, gastos a los que se suman los de alimentación, salud, créditos de libranza, la fiducia para adquirir su vivienda, entre otros. 

Afirmó que aunque al mes recibe por su trabajo 10.3 millones de pesos, con los descuentos lo que efectivamente recibe son 6.1 millones que, dice, no le alcanzan para vivir pues sus gastos mensuales son de 9.8 millones, y mucho menos para pagar el impuesto. Ante el recurso el Presidente Duque dijo que el impuesto se sustenta en el principio de solidaridad, y que la tutela no era procedente, y mucho menos ante "hipotéticas vulneraciones a los derechos fundamentales". 

Los conjueces, con ponencia de Pedro Escorcia, terminaron negando la tutela afirmando que es improcedente porque iba en contra de una norma que impone cargas de carácter general a los particulares, basándose en "un principio de solidaridad en que todos tenemos que subsidiar para que el estado pueda enfrentar situaciones como la presente pandemia". 

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Pero la lucha jurídica no solo se ha dado por la vía de las tutelas, también con la petición de medidas cautelares a la Corte Constitucional. Como este mes a los funcionarios les hicieron su primer descuento (el tributo se extenderá mensualmente hasta el 31 de julio), muchos han pedido al alto tribunal que decrete esas medidas de urgencia mientras decide de fondo sobre el decreto, para que no les sigan descontando el impuesto solidario. Esa fue la petición, por ejemplo, que le hizo una funcionaria de la Fiscalía General al alto tribunal hace unos días, afirmando que el impuesto, al que llama “abusivo”, afecta su mínimo vital porque no le permitirá cubrir sus gastos mensuales.

Tribunales se lanzan contra el impuesto
Martillo de juez

Varios tribunales le han pedido a la Corte tumbar el impuesto solidario. 

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Martín García

Uno de los argumentos en el que más coinciden quienes le piden a la Corte tumbar el impuesto solidario es que, según el artículo 215 de la Constitución, el Gobierno no puede en los Estados de Emergencia desmejorar los derechos sociales de los trabajadores a través de decretos. También coinciden en que, si bien la solidaridad es un principio, no puede ser desproporcionada y desigual. Un tercer argumento es que afirman que se afecta su mínimo vital porque si bien tienen sueldos mayores a los 10 millones, que para el promedio colombiano son salarios altos, aseguran que son ingresos que se gastan cada mes en créditos, comida, arrendamientos, educación de hijos, entre otros asuntos que hacen parte de su vida. 

Uno de los conceptos que ha llegado a la Corte es el de la Sala Plena del Tribunal Superior de Buga, cuyos magistrados dicen que no se están oponiendo al espíritu solidario y altruista del impuesto, -pues afirman que son conscientes de que hay personas que han sufrido graves efectos por la pandemia de coronavirus en su economía-. Por eso dicen que están dispuestos a aportar pero "en una proporción razonable”. Los funcionarios del Tribunal de Buga cuestionan por qué el tributo no se les cobra también a los empleados del sector privado que ganan 10 millones de pesos o más, exclusión que según ellos afecta el derecho a la igualdad.

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También critican que la tarifa que se les impone, según ellos, es muy onerosa porque se aplica sobre el ingreso bruto (descontando únicamente el primer 1.800.000) sin tener en cuenta que hay unos descuentos obligatorios como el aporte a seguridad social, las pensiones, la retención en la fuente. Así, dicen, con todos esos descuentos el trabajador quedará con menos de un 60 por ciento de ingresos netos.

Incluso, pusieron un ejemplo: el de un magistrado que tiene un ingreso mensual de 29.7 millones de pesos que se cuentan en su totalidad para aplicarle el impuesto solidario. A ese valor, aseguran, se le debe restar unos 6.2 millones de retención en la fuente, salud y pensión mensual, con lo que le quedan 23.5 millones. De ello, si se le quita lo que pide el impuesto solidario, que son unos 5.5 millones de pesos, su salario quedará en 17.9 millones, lo que equivale al 60 por ciento de sus ingresos brutos.

Pero también llegó la opinión del Tribunal Superior de Barranquilla que en un concepto a nombre de los magistrados de esa corporación, le piden a la Corte evitar “el daño” que el impuesto puede causarles. Afirman que si bien cada mes en su cuenta se abona más de 10 millones de pesos, ese valor no constituye su salario ya que esa suma se deriva de “otros emolumentos que no han sido considerados para la liquidación de otras prestaciones sociales como constitutivas de salario”.  Mejor dicho, si bien todos sus ingresos no son considerados salario básico para liquidar las prestaciones sociales, sí los están sumando en total para descontarles el impuesto solidario. 

También dicen que el impuesto no tuvo en cuenta su situación personal y familiar, y que es una reducción “excesiva” de su salario debido a sus “necesidades, compromisos económicos y financieros que, como todo trabajador que percibe periódicamente el pago en contraprestación de la labor que realiza, es el medio para garantizar nuestra subsistencia y el cubrimiento de las necesidades básicas”.

Como todo trabajador que percibe periódicamente el pago en contraprestación de la labor que realiza, es el medio para garantizar nuestra subsistencia y el cubrimiento de las necesidades básicas

Su propuesta es tumbar el impuesto al que llaman “injusto” y usar más bien el dinero que se iba a destinar en capacitaciones, encuentros, congresos o talleres de servidores judiciales para llevarlos al FOME.

Y el Tribunal Superior de Cúcuta envió otra intervención en la que afirman que el impuesto solidario sí “desmejora los derechos sociales de los trabajadores estatales”, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

Incluso le piden a la Corte Constitucional hacer una interpretación amplia de lo que es el “mínimo vital”, pues consideran que esto no solo tiene que ver con una suma cuantitativa para la subsistencia familiar, sino con el ingreso y condición socioeconómica particular para “preserva la calidad de vida y permitir la justa aspiración de adquirir y conservar mejores y mayores condiciones de vida”. Mejor dicho, para ellos, el mínimo vital no es tener un ingreso para poder tener las condiciones mínimas de vida digna, sino que esto significa mantener el tipo de vida que alguien lleva, aún cuando sea costosa.

Insiste, como los demás funcionarios de tribunales, que esto afecta sus obligaciones crediticias de las que no tuvieron alivios por la pandemia.

Sindicatos también critican el tributo 

Pero no solo han intervenido los Tribunales, también los gremios sindicales. Por ejemplo, el Sindicato Comuneros, que agrupa a funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía, y los organismos de control, asegura que el impuesto es regresivo: “Con la medida se logra el empobrecimiento de una pequeña fracción de los asociados sin que exista proporcionalidad frente al beneficio que aparentemente se obtiene”.

También afirman que es equivocado pensar que por tener salarios superiores a los 10 millones, tienen ingresos altos, ya que quienes tienen esos ingresos de todas maneras ya tributaban cada mes entre un 17 y 33 por ciento de su sueldo con el impuesto de renta, entre otros.

Y el Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá, a través de su presidente Eluin Guillermo Abreo Triviño, le dijo a la Corte que todos los empleadores y funcionarios judiciales, así como los pensionados han mostrado disposición para ayudar a “los más desvalidos” e incluso en el marco de la pandemia han hecho donaciones, por lo que consideran que al oponerse a este decreto no se están resistiendo a la solidaridad, ni es una manifestación indolente ante la crisis. “Es una reivindicación de la legalidad y el encausamiento de ciertas decisiones del Ejecutivo”, dijeron.

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Además critican que el decreto diga que el dinero va a la clase media vulnerable y trabajadores informales, sin dejar claro cuál es esa población, y señalan que no se debería gravar las pensiones porque estas son cotizaciones y ahorros de los últimos 26 años de vida de un trabajador estatal.

Finalmente, aseguran que el principio de solidaridad es para todos, no solo para los funcionarios públicos. “El Presidente no optó por llamar a todas las personas con ingresos superiores a $10.000.000, no convocó a ‘toda la sociedad y la familia’ a patentizar la solidaridad como principio y se limitó a demandar de los sectores señalados la asistencia mencionada. ¿Porqué, entonces, desnaturalizó el principio de solidaridad y sólo se digirió a un mínimo sector de la sociedad?. No hay explicación”, preguntaron.

Con la indeterminación de quiénes serán los beneficiarios del impuesto coincide el ciudadano Hernando Barreto Ardila, quien le dijo a la Corte que no es posible sostener la conexidad y necesidad del decreto, ya que el Gobierno no dejó claro quiénes son y cuántos serán los beneficiarios del impuesto, pues nunca precisó quién es la clase media vulnerable ni los trabajadores informales. También critica que el decreto no explicara por qué sólo gravó a los funcionarios que ganan más de 10 millones de pesos, indiscriminadamente,  y no tuviera en cuenta, por ejemplo, las diferencias sobre el tiempo que llevan trabajando con el Estado, ni se haya incluido a otros funcionarios como los notarios, o empleados de fábricas de gaseosas, operadores de televisión, telefonía celular, rentistas de capital ni al sector financiero. 

"Si de verdadera solidaridad se trata, por qué no se gravaron los grandes capitales o a quienes más riqueza producen, como ocurre con los emporios económicos agroindustriales y comercializadores", cuestionó Barreto. 

La Asociación para el Fortalecimiento del Control Fiscal de la que hacen parte funcionarios de la Contraloría aseguró que el impuesto viola los principios de equidad tributaria porque no tiene en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes, ya que para ellos “ganar más de 10 no significa necesariamente tener capacidad de pago si se consideran en concreto todos los gravámenes que debe soportar un trabajador en tal rango”. Incluso plantean que un salario de 10 millones “no da para tanto, y mucho menos con una ruinosa retención en la fuente de al menos el 19 por ciento”.

Incluso plantean que un salario de 10 millones “no da para tanto, y mucho menos con una ruinosa retención en la fuente de al menos el 19 por ciento”.

Además sienten que nada justifica que quien trabaja en el sector público, solo por ese hecho deba soportar “cargas adicionales a las del sector privado”, que se ve excluido de pagar este tributo.

Otro argumento es el de la Corporación Jueces y Magistrados, encabezada por Hermens Darío Lara, quien dice que esta norma viola la autonomía e independencia judicial al afectar la remuneración de la mayoría de funcionarios judiciales. Y dice que el decreto hace una “odiosa” discriminación hacia los servidores públicos, vulnerando la igualdad y equidad tributaria. Para esa corporación, gravar únicamente a estos empleados hace ver como si la función pública “mereciera un castigo o como si fuéramos los únicos que estamos en el deber de contribuir con los gastos del Estado”, por lo que consideró que el universo del impuesto debería ser más amplio, y así se podrían bajar las tarifas y el periodo de cobro.

También está el concepto de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que pide tumbar el decreto principalmente porque desmejora los derechos sociales de los trabajadores.

Una de las pocas voces disidentes frente a los demás es la de Lucy Cruz de Quiñones, quien incluso redactó un artículo para la revista Academia con sus consideraciones. Ella asegura que no hay ninguna prohibición para gravar las rentas obtenidas por pensiones y menos aún las rentas de trabajo activo. También cree que no se afecta el mínimo vital con una base gravable que empieza en los 10 millones (quitándole el primer 1.800.000) y en lo único en lo que no está de acuerdo es que no se gravara también a los trabajadores privados.

¿Y los uniformados?
Soldados, formación militar, falsos positivos

El Gobierno no cobró el impuesto a miembros de la Fuerza Pública. 

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Archivo

El decreto de impuesto solidario excluyó a los trabajadores de la salud y a los integrantes de las Fuerzas Militares porque, según dijo el Gobierno, han contribuido en la distribución de ayudas humanitarias lo que ha traído cargas adicionales en sus funciones. Para el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional, si bien es válido no cobrar este impuesto a los médicos porque son quienes están expuestos al riesgo de contagio, no hay razón para no cobrarles el tributo a uniformados que ganan más de 10 millones de pesos y que son, por ejemplo, los que tienen cargos de coronel y superiores.

Universidad Externado apoya el impuesto

Uno de los pocos conceptos que ha llegado a la Corte apoyando el impuesto solidario es el de la Universidad Externado. En su opinión, el impuesto es válido porque es una manifestación del principio de solidaridad que busca ayudar a un grupo de la población que se ha visto afectado por el aislamiento preventivo.

Desde este punto de vista, están de acuerdo en que se les cobre únicamente a los servidores públicos porque tienen "una responsabilidad adicional a la de todos los ciudadanos" pues según la Constitución ellos están "al servicio del Estado y la comunidad", lo que para el Externado hace que ahora tengan que responder en mayor medida a ese deber de solidaridad. 

Para la Universidad, esto hace que los trabajadores públicos sean diferentes a los privados y, por lo tanto, puedan tener un trato distinto como lo es cobrarles impuestos a los primeros, pero no a los segundos. Otra razón, asegura la Universidad, es que mientras los empleados públicos han conservado su empleo, muchos de los privados se han visto por la variación del mercado que trajo la pandemia. 

Finalmente, la Universidad afirma que si bien es cierto que el impuesto afecta por un tiempo de tres meses el ingreso de los servidores públicos y contratistas del Estado, esto no significa que vaya en contra de los derechos sociales de los trabajadores porque, si así fuera, tendría que decirse que cada impuesto es una afectación laboral. 

Gobierno defiende el impuesto solidario
Alberto Carrasquilla

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explica las medidas financieras que se han tomado para enfrentar la pandemia

Foto:

César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

En un documento de 66 páginas el Ministerio de Hacienda le dijo a la Corte que con el impuesto solidario espera recaudar 287.000 millones de pesos, gravando a unos 22.429 servidores públicos, a 6.010 contratistas del Estado y a 18.469 exfuncionarios pensiona dos que ganan 10 o más millones de pesos al mes.

Dice que ellos son apenas una mínima parte de los empleados oficiales, pues se dejó por fuera del impuesto a la mayoría de funcionarios públicos (más de un millón de personas que representan el 97 % del total) y que ganan menos de 10 millones al mes.

Pero ¿por qué el cobro es solo para los empleados del Estado? El argumento del Ejecutivo es que mientras los funcionarios públicos tienen hoy una mayor estabilidad por trabajar con el Estado -sobre todo ahora con las políticas de conservación del empleo-,  muchos empleados privados tienen posibilidades de perder su empleo por cuenta de la pandemia. Así, dijo, según la ANDI el 44,7 por ciento de la población ocupada, unos 9.9 empleados privados, tiene alto riesgo de perder su trabajo por el coronavirus y las medidas de mitigación.

“Por ello, en el diseño del impuesto solidario, se consideró no solo el nivel de ingresos de los potenciales contribuyentes, sino también la estabilidad de estos ingresos y la permanencia en el empleo, determinando que bajo el principio de solidaridad que irradia el Estado, es consecuente gravar únicamente a los servidores públicos”.

Por ello, en el diseño del impuesto solidario, se consideró no solo el nivel de ingresos de los potenciales contribuyentes, sino también la estabilidad de estos ingresos y la permanencia en el empleo

El Gobierno también dice que tomó como base gravable los salarios públicos superiores a 10 millones de pesos porque es un valor 6,5 veces más alto que el salario promedio de la economía del país, y porque ganan más que el 98 % de los funcionarios públicos.

En el caso de los pensionados, dice el Ejecutivo, hay 2.151.782 pensionados (el 99,1 por ciento) con mesadas inferiores a los 10 millones, mientras que sólo se decidió gravar a 27.469 que representan menos del 1 por ciento del total, y cuyas mesadas son superiores a los 10 millones mensuales. Incluso, dentro de los gravados hay por lo menos 482 que tienen pensiones superiores a los 20 millones al mes.

En este orden de ideas, dice el Ejecutivo, se tomó la población de servidores públicos, contratistas del Estado y pensionados "con mayores ingresos, que por tanto están en mejores condiciones económicas y por tanto pueden ser sujetos pasivos del impuesto en desarrollo del principio de solidaridad”, dijo el Ministerio de Hacienda.

JUSTICIA
​@JusticiaET

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