La casa fiscal también conocida como ‘la casa Nule’, que está dentro de la cárcel La Picota de Bogotá, es hoy el sitio de reclusión de los guardianes del Inpec señalados de montar una red de extorsionistas dentro de la cárcel Modelo de Bogotá.
La vivienda que fue adecuada en el 2011 para recibir a Manuel, Miguel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre, condenados por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, mide aproximadamente 85 metros cuadrados, cuenta con cocina propia y patio y está separada de los demás internos del penal.
Allí fueron enviados seis de los guardianes capturados en una investigación por cobrar a los internos gruesas sumas de dinero para mantenerlos en un patio cómodo y garantizar su seguridad. Entre los uniformados que están en la casa están el capitán Néstor Cesáreo Cruz Gómez y el teniente Arnoldo Quintero, señalados por la Policía como los cerebros de la organización.
Tras la salida de los Nule de esa casa fiscal varios internos pidieron su traslado al lugar, entre ellos el capturado exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.
“No es posible, ante tanto daño que hicieron esos hombres que hoy estén gozando de comodidades que no las tienen ningún preso en Colombia”, señaló una de las familiares de los presos que denunciaron que fueron objeto de supuestos chantajes por parte de los guardianes capturados.
La dirección del Inpec aseguró que la ubicación de los funcionarios en esta vivienda es una medida de seguridad, por la condición de ellos que los hace vulnerables ante cualquier retaliación.
“Es una casa con una cocina y tres habitaciones y un baño. En cada cuarto están hasta tres internos y no es cierto que estén gozando de comodidades (...). Ojalá todos los internos del país puedan estar en algo digno, que es a lo que le estamos apuntando”, manifestó el general Jorge Ramírez Aragón, director del Inpec.
Agregó que ellos están involucrados en un proceso de investigación y que todavía no han sido declarados culpables. “Estamos apoyando a las autoridades judiciales para que los resultados se den pronto”, indicó.
Según la investigación del Gaula de la Policía y la Fiscalía, los guardianes cobraban entre 5 y 30 millones de pesos a los internos para evitar traslados a los patios considerados peligrosos o a los más hacinados.
Uno de los testigos señaló durante la investigación que fue enviado al patio 1A en donde sufrió una herida de puñal y cuando pidió ser sacado de allí los guardianes le exigieron 5 millones de pesos.
Otros ocho detenidos ampliaron la denuncia ante los investigadores y aseguraron que ellos también habían caído en la red de Cruz y sus compañeros.
Los guardias están en juicio por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
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