En Colombia se entregaron contratos a dedo por 1,2 billones de pesos

Con la decisión del Gobierno Nacional de poner freno a los contratos directos con organizaciones sin ánimo de lucro, se cierra una vena rota que desde hace años venía costando millones de pesos en casos de corrupción.

Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto 092 que termina por cerrar uno de los grandes boquetes de corrupción.

Desde el 2014, la Secretaría de Transparencia había advertido sobre la contratación con fundaciones sin ánimo de lucro. Según un informe que reveló EL TIEMPO, se encontró que contratos por 1,2 billones de pesos (el 21 por ciento del total de contratación en las 32 gobernaciones) se hicieron a través de convenios a dedo con fundaciones que no pasaron por una licitación.

A través de este tipo de contratos, por ejemplo, fundaciones cuestionadas se han quedado año tras año con los contratos del Programa de Alimentación Escolar, de hecho, el año pasado se perdieron 62.488 millones de pesos en 24 regiones del país. Esas pérdidas equivalen al 10 por ciento de lo que el Ministerio de Educación invirtió este año en la alimentación escolar, cuyo presupuesto fue de 630.747 millones de pesos.

La Contraloría ha detectado que las empresas que se quedan con esos contratos no serían más de cinco en todo el país, por lo que han conformado un monopolio en el que a través de supuestas entidades sin ánimo de lucro, mantienen el control de la alimentación escolar.

En La Guajira y en Cesar, por ejemplo, donde se pierden más recursos por los malos manejos de dineros en la alimentación escolar, los contratos los concentran Ivis del Carmen Rosado Robles y María Angélica Araújo Noguera, quienes a través de fundaciones como Fundación Kábala, Asocialiemntarce y Fundación Corazón País, manejan el negocio.

Tal y como lo reveló el lunes este diario, en Córdoba se investiga la pérdida de 30.000 millones de pesos que se debían destinar para proyectos de ciencia y tecnología. La Gobernación de ese departamento les entregó millonarios recursos de regalías a cinco cooperantes, a través de convenios de asociación que se hicieron de manera directa –pues se trataba de actuaciones sin ánimo de lucro– que terminaron perdiéndose.

Esas instituciones (la Universidad del Sinú, la Fundación Conservación y Desarrollo Forestal, la Corporación de Áreas Naturales Protegidas, la Corporación de Investigación y Fomento Forestal y la Fundación George Dahl) subcontrataron con la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), cuyo representante legal, Jesús Henao Sarmiento, fue capturado y señalado como autor intelectual de la desaparición y asesinato del jefe de Regalías de Córdoba, en el 2014, Jairo Zapa.

Otro caso emblemático es el del cartel de enfermos mentales en Sucre, en donde Fundaciones e IPS facturaban por atender a pacientes que en realidad no existían. Una de esas fundaciones que opera en Corozal es la Clínica Nuevos Amaneceres, entidad que aunque lleva pocos años en servicio ha atendido a cientos de supuestos pacientes. Es también el caso de la Fundación Libertad y Fe, la Fundación Nuevo Ser, Clínica los Manantiales, Clínica Santa Isabel y Fundación Sembrando Esperanzas. Esas seis IPS le cobraron al departamento en el último año 3.173 millones de pesos, recursos que debían destinarse para la población más pobre de Sucre.

En julio de 2016, la Contraloría reveló recobros por más de 10.000 millones de pesos por parte de la administración del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus a las IPS Girasoles, Unidad Integral de Terapias de la Costa, Crecer & Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación y Funtierra Rehabilitación por servicios que no cubría el Plan Obligatorio de Salud (POS) y por supuestos tratamientos de neurodesarrollo para niños con síndrome de Down o autismo que, en la mitad de los casos, no se practicaron.

De los más de 10.000 millones de pesos pagados, la Contraloría encontró que 5.264 corresponden a servicios que debía cubrir el POS, pero que la Gobernación pagó directamente sin cobrárselos a las EPS. El mayor contratista fue Funtierra Rehabilitación IPS Limitada. A pesar de que esta institución no tenía ningún contrato formal con la Gobernación, terminó recibiendo más de 7.000 millones.

El acta del convenio para prestar los servicios en el departamento, dice la investigación, es un documento de dos páginas, sin membretes. Ese documento para la Contraloría no tiene ningún valor legal, pues “se obviaron los requisitos de ley, como son estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el contrato”.

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