Hace 15 años, Iván Alberto Pérez Gómez era un empleado más de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del Meta. Pero en 2001 renunció y, en un par de años, se convirtió en uno de los más poderosos contratistas de los Llanos.
Autoridades señalan que en esa región ha facturado más de 1,8 billones de pesos en contratos directos o a través de consorcios y uniones temporales, algunos de los cuales están bajo la lupa de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades.
Y aunque en los Llanos el poder de Iván Pérez es reconocido e incluso temido, la racha de jugosas adjudicaciones que ha obtenido a través de su empresa MC Construcciones Limitada tan solo salió a relucir hace ocho días.
El encargado de ponerlo en evidencia fue el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien, en un evento público, le exigió a la gobernadora del Meta, Claudia Marcela Amaya, que explicara por qué Pérez –pariente del esposo de la mandataria–, registra contratos por 400.000 millones de pesos en solo ese departamento.
En efecto, Pérez es primo de Jorge Carmelo Pérez Alvarado, influyente político y exfuncionario que ha manejado por años los hilos del poder en la región.
Además de haber sido alcalde de Villavicencio (1988), Carmelo Pérez fue representante a la Cámara durante tres periodos y secretario privado del controvertido contralor Manuel Francisco Becerra Barney.
Incluso, antes de que su esposa fuera elegida gobernadora, con 124.081 votos, ocupó el cargo de secretario de Vivienda del gobernador Alan Jara.
Sin embargo, renunció luego de girarle 220 millones a la campaña y conocer una encuesta –pagada por la firma de su primo– en la que su esposa aparecía como la virtual ganadora.
El hermano y los ‘paras’
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EL TIEMPO indagó el historial del megacontratista de los Llanos y de su círculo cercano y estableció que Iván Pérez le heredó el negocio a su hermano Carlos Alfonso Pérez, el ‘Gordo’, asesinado en el 2004 junto a sus escoltas por hombres del paramilitar Miguel Arroyabe.
Según testimonios que reposan en la Fiscalía, Arroyabe le exigía al ‘Gordo’ –fundador, con su hermano Iván Pérez, de MC Construcciones– un porcentaje de la contratación.
“Él (Carlos Pérez) me hizo llegar a mí unos dineros, no recuerdo cuánto, pero él les pagaba a las Auc el 5 por ciento que, como contratista, le correspondía”, aseguró en una versión Daniel Rendón, ‘don Mario’.
Y según el jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, Arroyabe dio la orden de matarlo porque no quiso dar más el porcentaje.
La defensa de ‘don Mario’ le confirmó la versión a reporteros de este diario.
Antes de ser el gran contratista del Meta, Carlos Pérez fue piloto y ocupó los cargos de gerente de la Lotería del Meta y de la empresa de licores durante la segunda administración de Alan Jara Urzola.
“No es cierto que mi hermano les diera plata a los ‘paras’. Se negó a pagarles y por eso lo mataron”, le dijo a EL TIEMPO Iván Pérez, y de paso aclaró que sus contratos con la Gobernación del Meta no alcanzan los 400.000 millones de pesos.
Un año antes del homicidio del ‘Gordo’, Iván Pérez ya estaba al frente de MC Construcciones, firma de la que hoy es accionista mayoritario con un capital de 10.000 millones de pesos.
De hecho, por una obra que ejecutó en el 2003, la construcción de la biblioteca pública de Puerto López, Meta, le abrieron la primera investigación.
Las indagacionesAdemás de sobrecostos, la Contraloría Departamental evidenció una mala calidad en los materiales y un desfase en la cantidad reportada para hacer la obra. Por tal razón, Pérez y su empresa MC Construcciones fueron multados. Sin embargo, él asegura que logró demostrar que había actuado correctamente y que la sanción le fue retirada.
Lo concreto es que el poderoso empresario siguió obteniendo contratos en ese departamento, en especial en el Instituto de Desarrollo del Meta. Allí, en los últimos cuatro años ha facturado por ese concepto 213.000 millones de pesos.
Durante ese mismo lapso, la Gobernación del Meta contrató con Pérez 85.000 millones de pesos y la empresa de servicios públicos del Meta (Edesa), 55.000 millones adicionales.
De hecho, el 10 de febrero de este año, Edesa les adjudicó a Pérez y a otras firmas (unidas en consorcio) un contrato que ya se venía cocinando, por 24.000 millones de pesos. El anticipo fue del 50 por ciento.
EL TIEMPO comprobó que, de forma coincidente, entre los aportantes a la campaña de la gobernadora Marcela Amaya aparece José Édgar Pararroyo, exgerente de Edesa, con 2,3 millones de pesos.
Una suma idéntica aportó el exsecretario de Vivienda del Meta, Eleazar Durán, en cuya administración MC Construcciones también ejecutó contratos.
Otro de los contratos bajo la lupa de las autoridades asciende a 82.000 millones de pesos y fue adjudicado por la Agencia de Infraestructura del Meta. Este se firmó el pasado 6 de enero con empresas recién creadas y vinculadas a Pérez, que se encargarán de ejecutar el mejoramiento de un tramo de la vía entre Villavicencio y Puerto López.
Contratistas de la región coinciden en que Iván Pérez y su grupo acaparan el grueso de la contratación en la región. El Observatorio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura parece darles la razón.
“Direccionan pliegos de condiciones para que llegue un único oferente que termina como adjudicatario”, afirma Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Pero el arquitecto niega los direccionamientos y atribuye el número de contratos a su participación en todas las convocatorias, incluso las que se desarrollan en zona con problemas de orden público. “Siempre he cumplido con todos los contratos”, advierte.
EL TIEMPO llamó de forma reiterada a la gobernadora Marcela Amaya, pero no respondió. Sin embargo, a la W Radio le dijo que hay desinformación sobre el monto que su gobierno ha contratado con la empresa del primo de su esposo. Además, que ha actuado ceñida a la ley: “Consulté con la Procuraduría y no hay impedimento para que contrate con MC”.
El círculo de aportantes a la campaña de la gobernadora Marcela AmayaEL TIEMPO revisó la contabilidad de Claudia Marcela Amaya y estableció que el principal aportante de su campaña es su esposo, Jorge Carmelo Pérez, quien le giró 220 millones de pesos. José Édgar Pararroyo, exgerente de la empresa de servicios públicos del Meta, Edesa, entregó 2,3 mil millones pesos, y una suma idéntica fue aportada por Eleazar Durán, exsecretario de Vivienda de la Gobernación y exsecretario privado de Alan Jara.
Un exasesor de Edesa, Luis María Bobadilla, también aparece entregando una donación de 7 millones y medio de pesos a la campaña de Amaya. El exgobernador del departamento Adán Enrique Ramírez, entregó 2,4 mil millones pesos. También figura la exgerente de un hospital y varios profesionales.
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