Consejo de Estado tumbó consulta popular de San Bernardo

Consejo de Estado tumbó consulta popular de San Bernardo

Acatando el fallo de la Corte Constitucional, dijo que la consulta minera no puede hacerse.

Consulta popular en Cumaral

Este domingo se iba a realizar una consulta popular que buscaba frenar la exploración y explotación de hidrocarburos en San Bernardo (Cundinamarca). 

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Hernando Herrera/EL TIEMPO

Por: Justicia
20 de octubre 2018 , 10:19 a.m.

El Consejo de Estado suspendió la consulta popular minera que estaba programada para mañana en San Bernardo, Cundinamarca.

La decisión fue tomada por el magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, quien concedió una medida cautelar solicitada por un ciudadano que interpuso una acción de tutela contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró constitucional la pregunta de la consulta.

Con este mecanismo de participación ciudadana se pretendía que los pobladores de este municipio aprobaran o rechazaran la exploración, la perforación y la explotación de hidrocarburos, así como pequeña, mediana y gran minería en su territorio.

Al evaluar el caso, el Consejo de Estado tuvo en cuenta que “el 11 de octubre la Corte Constitucional dejó sin efectos el fallo que avaló la realización de una consulta minera en Cumaral, Meta, por considerar que no se pueden prohibir actividades de extracción mediante de este mecanismo de participación ciudadana”.

En consecuencia, el Consejo de Estado, ante la proximidad de la consulta convocada en San Bernardo, acceder a imponer la medida cautelar y ordenó suspender la votación mientras se produce el fallo de tutela definitivo.

Según la sentencia de la Corte Constitucional, la autonomía de los entes territoriales en materia de uso del subsuelo no es absoluta, “pues debe ejercerse respetando los principios de concurrencia y coordinación con la Nación (...). De ahí que no pueda utilizarse este mecanismo de participación (la consulta popular) para definir asuntos de esta naturaleza, mientras el legislador (el Congreso de la República) no haya reglamentado cuál es el instrumento adecuado para garantizar la participación de la comunidad en estas decisiones”.

La decisión judicial generó dudas sobre la viabilidad de las consultas sobre minería e hidrocarburos que están pendientes. De hecho, esta semana el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, encargado de la logística de las votaciones, le envió una carta al presidente de la Corte Constitucional para obtener una mayor orientación al respecto.

Requerimos nos informe si en el referido fallo existe algún pronunciamiento respecto de la organización y validación de las consultas indicadas”, manifestó Galindo, en referencia a los casos de Fusagasugá y San Bernardo.

Hasta la medida cautelar del Consejo de Estado no se conocía una respuesta de la Corte Constitucional a la misiva, por lo que la Registraduría estaba dispuesta a brindar el apoyo logístico necesario para la consulta.

El fallo de la Corte

La sentencia de la Corte Constitucional en la que se basó el Consejo de Estado resolvió un recurso de tutela en favor de la multinacional Mansarovar Energy. Con el argumento de que los intereses de los territorios no pueden imponerse sobre los de la Nación, el alto tribunal estableció que las consultas populares no pueden prohibir las actividades extractivas en las regiones.

La Corte consideró además que poner las consultas por encima de la Nación va en contra del precedente que indica que el Estado es el dueño del subsuelo. Para los magistrados, ni los municipios pueden prohibir la minería ni el Estado puede imponerla, por lo que entes nacionales y locales tienen que llegar a mecanismos de concertación sobre el futuro de la explotación minera o petrolera.

El primer efecto de la decisión fue dejar sin piso la consulta popular que se votó en Cumaral, Meta, en junio del 2017. En ella, el 97 por ciento de los habitantes, con 7.703 votos, decidieron que no querían más explotación de hidrocarburos en su territorio.
En la acción de tutela, Mansarovar Energy solicitó que se tumbara una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta que permitió que siguiera adelante la consulta.

En su momento, el Gobierno Nacional expresó su aprobación a la sentencia de la Corte. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, opinó que “es una señal importante para la seguridad jurídica del sector y para fortalecer el diálogo y la participación ciudadana”.

Criticado por sectores ambientalistas y políticos, el fallo de la Corte Constitucional se veía venir desde hace meses, tras la salida de tres magistrados (Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle) que habían impuesto la línea de que, en estas materias, las decisiones locales primaban sobre las del Gobierno Nacional.

JUSTICIA

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