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Cortes

Demandan ante el Consejo de Estado decreto con que se declaró desastre nacional

Inundaciones en la ciudad en el sector del Mercado de granos y el corregimiento de Juan Mina en Barranquilla a raíz de las lluvias del 3 de noviembre.

Inundaciones en la ciudad en el sector del Mercado de granos y el corregimiento de Juan Mina en Barranquilla a raíz de las lluvias del 3 de noviembre.

Foto:Vanexa Romero/El Tiempo

La senadora Paloma Valencia dice que se usó para implementar la política social de Gustavo Petro.

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda en contra del Decreto 2113 del 1de noviembre de 2022 que declaró la situación de desastre nacional en todo el país por un año, y que le permite al Gobierno Nacional la transferencia de recursos para que el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres destine dineros para el acceso a los insumos agropecuarios, con el propósito específico de recuperar y reducir las condiciones de vulnerabilidad de los productores de alimentos.
El decreto demandado también permite económicamente a las entidades o autoridades competentes brindar, en el marco de la situación de desastre nacional, la ampliación de cobertura en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Asimismo, con este se crea un plan de acción para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, con una visión de adaptación al cambio climático que tiene varias fases.
La senadora estuvo en la discusión en el Senado.

La senadora estuvo en la discusión en el Senado.

Foto:@sergiioangell El Tiempo

La demanda que estudia ya el despacho del magistrado Roberto Serrato de la Sección Primera del Consejo de Estado la presentó la senadora Paloma Valencia quien cuestionad que la situación de desastre sea por un año, que se permita dar transferencias al PAE y una fase del plan que tiene que ver con la “economía productiva para la vida y soberanía alimentaria”.
El recurso de 30 páginas dice que, en el decreto en comento, “el Gobierno Nacional utilizó la declaratoria de emergencia para implementar su política social” ya que la referencia al PAE u otra población vulnerable tendrían que ver con el programa de Gobierno y no con la situación de emergencia.
“Claramente, estos programas sociales se desarrollan en un contexto ajeno a las condiciones ambientales extraordinarias que motivaron la declaratoria de la emergencia, a tal punto que la ampliación de su cobertura requiere una discusión presupuestal y operativa independiente que se debe desarrollar en el contexto institucional respectivo, tal como lo es el Congreso de la República”, dice la demanda.
“En especial, porque estos programas sociales no se originan como respuesta al desastre, tienen un desarrollo normativo y presupuestal previo a la emergencia y la ampliación de su cobertura en nada contribuye a la rehabilitación y reconstrucción de las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad que se vieron afectadas por las inundaciones”, agrega.
Según Valencia, lo que termina sucediendo con este decreto es que “los recursos de la Nación, presupuestos para la atención de las situaciones de desastre, se terminan destinando para unos rubros totalmente distintos que deberían asignarse de manera ordinaria en desarrollo de la discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso, lo cual representa una clara contradicción a la diáfana intención del legislador en la materia”.
Los barrios del oriente de Cali son los más afectados por las inundaciones

Los barrios del oriente de Cali son los más afectados por las inundaciones

Foto:Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Para la Congresista, “si se acepta la tesis de que la ampliación de la cobertura de los programas sociales contribuye a responder a la situación de desastre, se abriría la puerta para que cualquier política económica o social que implemente el Gobierno se relacione en algún punto con los desastres, con lo cual el marco normativo excepcional de gestión del riesgo terminaría sustituyendo el régimen institucional ordinario”.
La demanda pide la suspensión provisional de varios artículos. El Consejo de Estado ordenó notificar al Presidente, así como a los Ministerios de Hacienda y de Vivienda y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que podrán pronunciarse sobre este tema.
Alejandra Bonilla
Redacción Justicia
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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