Consejo de Estado revela acuerdos básicos sobre reforma de justicia

Consejo de Estado revela acuerdos básicos sobre reforma de justicia

El magistrado Germán Bula Escobar asegura que se creará una gerencia fuerte para la justicia.

Germán Bula, magistrado

El magistrado Germán Bula habla sobre la reforma de la justicia.

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Néstor Gómez / EL TIEMPO

08 de septiembre 2018 , 10:15 p.m.

Aquí están las bases de la reforma de la justicia sobre las cuales ya existe un principio de acuerdo entre el Gobierno y las altas cortes. Son analizadas por el presidente del Consejo de Estado, magistrado Germán Bula Escobar, quien participa en la discusión y adopción con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Carlos Sanabria, y el magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero:

1.- Solo tres cortes. 2.- Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. 3.- Gerencia fuerte 4.- Autonomía.- 5.- Presidencias de altas cortes por 2 años. 6.- Tutelas vía electrónica. 7.- Banco Mundial financiaría sistematización de la justicia. 8- Creación del código de conducta judicial. 9.- Creación de la Comisión Nacional de Ética. 10.- Eliminación de la morosidad judicial llamada “corrupción pasiva de la justicia”. 11. - Aumento a 50 años de la edad para ser magistrado.

Bula, destacado jurista, abogado de la Universidad del Rosario, con maestrías en la Universidad Nacional y el Instituto de Altos Estudios de Madrid, fue ministro de Educación, vicecontralor y árbitro de la Cámara de Comercio.

¿Siempre se creará una nueva corte?

No. Y la reforma no lo hace porque Gobierno y altas cortes estamos de acuerdo en que hay maneras de mejorar la “justiciabilidad”, sin necesidad de crear una corte nueva. Para nosotros debe haber solo tres cortes.

¿Eliminan la Judicatura?

Como hay tres jurisdicciones –la ordinaria, que encabeza la Corte Suprema; la contencioso administrativa, que encabeza el Consejo de Estado, y la constitucional, que encarna la Corte Constitucional–, solo deben existir esas tres cortes. El Consejo Superior de la Judicatura no es corte. La propuesta que hacemos es rediseñarlo. Y no se trata de las personas que lo integran, sino de la inadecuación de su diseño.

¿La ministra está de acuerdo?

Ella tiene esa propuesta como principalísima. Sabe lo que decimos y por qué.

¿Y quién los vigilará a ustedes disciplinariamente?

A los magistrados de altas cortes los debe disciplinar, después de levantado el fuero en materia penal, la Corte Suprema de Justicia; en materia de indignidad, el Senado de la República. Quienes no son magistrados de alta corte, o sea magistrados de tribunales, jueces, funcionarios, empleados, se deben disciplinar como se hace en el nivel ejecutivo, o sea mediante control interno, simplemente.

¿Y la vigilancia sobre jueces y abogados?

Los abogados van a la colegiatura de abogados, y los jueces y funcionarios, a una estructura de control interno que tiene después un control judicial.

¿Y el manejo presupuestal de las cortes?

Eso no lo debe hacer una alta corte. Hoy lo maneja el Consejo Superior de la Judicatura, que no debe seguir siendo considerado una alta corte porque no juzga, no es una jurisdicción, es una estructura cuya función es administrar.

Consideramos que el nivel operacional tiene que estar en manos de una gerencia fuerte que pueda resolver el problema del ascensor de Cali, del tóner, del papel, de la introducción de tecnologías, sin cortapisas y sin una junta tipo corte permanente cuyo rol en este aspecto no parece tener sentido.

¿Hay, pues, acuerdo en acabar con el Consejo Superior de la Judicatura?

De parte nuestra, consideramos que debe hacerse una reformulación radical, sí. Hay unos principios que hemos estado discutiendo, y la ministra tiene trabajos y reflexiones previas hechas sobre estos asuntos desde hace mucho tiempo; nos escuchó durante largas horas, y esperamos que el proyecto que radique la próxima semana refleje nuestras aspiraciones.

¿Sobre qué otros puntos hubo acuerdos con la ministra de Justicia?

No volveremos a los fondos rotatorios del Ministerio de Justicia ni nada por el estilo; es imperioso conservar la autonomía de la rama, pero con un diseño organizacional más adecuado, que sea eficiente, eficaz, efectivo, funcional. Hay que distinguir lo operacional, meramente gerencial, de los temas que son de gobierno, de la rama, los mapas judiciales, la carrera judicial, la escuela Lara Bonilla, que esos no se puede dejar a un supergerente de quien se pretenda que lo maneje todo, porque los jueces no estaríamos de acuerdo. Por supuesto que además se requiere una junta directiva de corte clásico, de reuniones periódicas, que no sea permanente.

Se habló incluso de la posibilidad de que las presidencias de las altas cortes no sean anuales para garantizar la estabilidad de las políticas de las ramas.

¿Presidentes de cortes para un periodo de cuatro años?

La idea es de dos años. Hoy en día son de un año, y probablemente no es un tiempo suficiente para darles estabilidad a las políticas.

¿Y qué va a pasar con la llamada Comisión Nacional de Disciplina Judicial?

No ha podido empezar a funcionar y no se necesita.

Yo me atrevo a asegurar que el país entero no espera una reforma de la justicia sobre las altas cortes sino sobre otro tipo de cosas: que haya justicia, que sea rápida, que sea eficiente.

Estamos absolutamente de acuerdo, por eso se llama una ‘reforma proceso’. Vamos a hacer lo que la gente espera. ¿Con qué estructura administrativa lo vamos a ejecutar? Lo que tenemos hoy en materia de tecnologías de información, por ejemplo, no es bueno en absoluto.

Juzgados, tribunales, cortes están acumuladas de papeles de expedientes…

Así es. En las puertas del garaje del Consejo de Estado siempre hay camiones del correo bajando y subiendo expedientes; a la Corte Constitucional llegan tutelas por toneladas de todo el país: ya la propia corte está planteando la posibilidad de que lleguen los fallos por vía electrónica, y solo los seleccionados remitan el expediente; son cosas bastante elementales que necesitan una estructura gerencial; el enredo que hoy existe se origina en la inadecuación del diseño del Consejo de la Judicatura, que mezcló los problemas de disciplina judicial de los jueces y abogados con los temas de administración y de gobierno judicial.

Pero ¿cómo hacer para que la justicia use la modernidad, lo electrónico, lo digital, lo sistematizado; hay presupuesto para eso?

En este momento, el director de la rama –que es un excelente ejecutivo–, el doctor Mauricio Cuestas, tiene muy avanzadas las conversaciones con el Banco Mundial dirigidas a obtener una asesoría reembolsable para lograr la sistematización de la rama Judicial de una manera adecuada, y eso se puede hacer con vigencias futuras; hay también una propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre cómo monetizar más de 20 billones de pesos que hay en bienes con extinción de dominio.

Le hemos planteado a la ministra la importancia de una cláusula constitucional que le garantice la financiación a la justicia y hemos explicado por qué: desde el 91, con la nueva Constitución, la demanda por justicia creció en más del 300 % porque es quizá la constitución más garantista de América Latina. Hay 800.000 tutelas en un año; la gente acude a la justicia porque espera que la justicia resuelva problemas.

Y ¿es satisfactoria y pronta la respuesta de la justicia colombiana?

Para las tutelas, sí. Pero eso hace que se agrave el retraso de los demás procesos. La situación no es satisfactoria en absoluto. Pero los hechos, tomados grosso modo, son determinantes: 300 % creció la demanda por justicia, y el aparato judicial medido de la manera más laxa pudo haber crecido el 30 por ciento.

Todos esos asuntos tienen que ser resueltos por un aparato administrativo eficiente de la rama, con capacidad contundente para abordar los problemas y resolverlos, y eso no lo tenemos hoy

Tenemos un desborde evidente en la demanda de justicia de cara a la oferta de justicia. Todos esos asuntos tienen que ser resueltos por un aparato administrativo eficiente de la rama, con capacidad contundente para abordar los problemas y resolverlos, y eso no lo tenemos hoy. Por eso, déjeme anunciar que estamos realizando un enorme esfuerzo para construir el código de conducta judicial de Colombia: vamos a hacerlo tomando como base el código modelo iberoamericano.

Vamos a tener nuestro propio código nacido del trabajo de miles de jueces, magistrados y magistradas en todo el país. En eso estamos trabajando. Ya hay una propuesta que consiste en crear la comisión nacional de ética de la rama Judicial. Hemos propuesto que el código de conducta judicial se haga sobre la base de intensa metodología participativa porque, si no, no sirve para nada.

¿Cómo se adopta el código de conducta judicial?

Una de las propuestas es llevarlo al nivel de ley. Pero hay diversas formas.

¿Ese código de ética o de conducta cobija a magistrados, jueces?

A todo el mundo. A todo el poder Judicial. Es un código que debe buscar la excelencia en la justicia; por eso, cuando decimos “cero tolerancia”a la corrupción, eso es lo mínimo sencillamente, porque sin eso no hay juez.

Y ¿la demora en los fallos de jueces y tribunales y cortes?

Eso es lo que la academia llama “corrupción pasiva” de la justicia, es la mora judicial, pero la mora no depende necesariamente del juez; el juez lo que tiene que ser es diligente, la mora puede depender del sistema; es decir, ¿es correcto que en Colombia haya 800 mil acciones de tutela? El problema es de los jueces a los que les llegan esas tutelas? Será que fuera de la rama Judicial siguen el desconocimiento y la violación de los derechos fundamentales que obligan a ese número exagerado de acciones de tutela?

El año pasado, el entonces jefe de Planeación, Simón Gaviria, y el Dane presentaron la investigación sobre acceso a la justicia más importante que se haya hecho en Colombia. Gaviria, que no es abogado, que no tiene nada que ver con los jueces, dijo esta frase: “La principal medida de descongestión de la jurisdicción administrativa es que funcione el sistema de salud”.

¿O sea?

Un juez no puede producir más de lo que produce. Hay que enfatizar en que es fuera donde se producen la congestión y la complejidad. Cuando el ciudadano debe recurrir al juez para que el sistema de salud autorice la entrega de unos pañales o unos fármacos, ¿cómo puede evitarse la congestión de los despachos judiciales? El asunto no es tan sencillo; los jueces son seres humanos. El día no tiene sino 24 horas. Usted tiene jueces con 900 expedientes, magistrados con 2.000 expedientes a su cargo. La justicia cercana se realiza en el juzgado del circuito, en el juzgado municipal, en el tribunal departamental, etc.

Eso no es materia de la reforma constitucional sino de reformas legales, y naturalmente implican presupuesto, y esos temas vendrán porque ese es el propósito del Presidente.

¿Qué otras reformas vendrán?

En esta primera parte es importante pensar en los periodos de los magistrados; no queremos extender periodos para los actuales, pero sí para nuestros sucesores. Un magistrado debería tener por lo menos un periodo de 12 años. Elevarlo de ocho a doce. Hay quienes plantean dieciséis y quienes plantean veinte. A partir de que vayan siendo elegidos nuevos, para que no se crea que es beneficio propio.

Y se está proponiendo elevar la edad mínima para ser magistrado a 45 o 50, con una experiencia mínima como juez de 15; hay propuestas de 20, de 25 años.

¿Eso es lo que han estado discutiendo?

Sí. Y esperamos que el jueves, la ministra los anuncie.

¿Hay un acuerdo ya?

Es claro que hay puntos de convergencia.

¿Para qué elevar el periodo?

No solo el periodo; la edad, la experiencia. Serían cortes con personas con mucha trayectoria profesional. Eso busca además que la mayoría de los magistrados salgan con pensión y sin la necesidad de ejercer la profesión: no ha sido bueno cuando usted lee en la prensa que algún exmagistrado hizo tal o cual cosa, que no parece decorosa; eso afecta al conjunto de la magistratura.

El Presidente y la ministra han hablado de un pacto nacional por la justicia…

Sí. Nosotros estamos esperando la invitación formal al pacto por la justicia que debería facilitar el desarrollo de leyes estatutarias, ordinarias, asignaciones presupuestales y cuestiones operacionales que mejoren la justicia para la gente.

Y ¿cómo piensan escuchar a la ciudadanía?

Le hemos propuesto a la ministra mirar el experimento argentino, en el que por internet ya participan más de 40.000 personas discutiendo las reformas de la justicia.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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