Un fallo del magistrado del Consejo de Estado Hugo Bastidas, le dio la razón a la Unidad Nacional de Protección sobre retirar el auxilio de transporte de los esquemas de seguridad de algunas personas.
El Tribunal, que resolvió una tutela de una víctima del conflicto y activista de los derechos de la comunidad LGBTI, argumentó que retirar el beneficio de transporte no pone en riesgo la vida ni la integridad de las personas.
La Sala consideró que la decisión de la UNP de retirarle el auxilio de transporte "no era caprichosa y tampoco lo ponía en riesgo, como él trataba de sustentarlo".
La UNP sostuvo durante el proceso que la decisión corresponde a un cambio en la reglamentación de los esquemas, que eliminó el auxilio de transporte para todos los casos de personas que enfrentan el mismo tipo de riesgo del demandante.
Según la corporación, "el simple retiro de la medida no genera la vulnerabilidad que pretende poner en evidencia el tutelante, pues este cuenta con otras medidas de seguridad, como un medio de comunicación, un chaleco blindado y un hombre de protección".
