La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a Martha Isabel Castañeda, José Manuel Diazgranados y Norbey Padilla a pagar 367 millones de pesos, en un plazo de seis meses, por el despido injustificado de Irene Patricia López Poveda, escribiente del Tribunal Administrativo del Magdalena.
Castañeda fue la viceprocuradora de Alejandro Ordóñez y ejerció como procuradora encargada desde septiembre del año pasado, hasta la llegada de Fernando Carrillo, en enero. La funcionaria ahora es candidata a una de las dos vacantes de la Corte Constitucional.
López fue retirada del cargo por faltar a su trabajo durante seis días en el 2001 y logró, a través de una tutela, ser reintegrada en el 2011. Dijo que se ausentó porque su mamá, de avanzada edad, sufrió la fractura de la rótula y tuvo que cuidarla.
Por estos hechos, el Consejo de Estado condenó al Tribunal del Magdalena a pagar a López los salarios que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo por fuera de su puesto. En febrero del 2013, el tribunal le pagó a López 415 millones de pesos e inició una acción de repetición contra los entonces magistrados de esa corporación.
En el fallo, con ponencia del magistrado Orlando Santofimio, se indicó que el comportamiento de Castañeda, Diazgranados y Padilla fue “inexplicablemente violatorio de disposiciones legales” porque no garantizaron el debido proceso y “quebrantaron con ello principios constitucionales”.
La sanción no inhabilita a Martha Isabel Castañeda para su aspiración.
JUSTICIA