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C. de Estado había advertido lo que dijo Corte IDH en el caso de Petro
Los servidores públicos mejor pagados del país

El Consejo de Estado analizó otros caso que la Corte IDH había fallado y en los que dijo que autoridades administrativas no pueden limitar derechos políticos de los elegidos por voto popular.

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Archivo EL TIEMPO

C. de Estado había advertido lo que dijo Corte IDH en el caso de Petro

En 2017, exhortó al Gobierno a ajustar normas sobre sanciones a funcionarios elegidos por voto.

Por cuenta de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso de Gustavo Petro, Colombia tendrá que hacer varios ajustes normativos en lo relativo a las facultades de entidades como la Procuraduría para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente, e incluso facultades de la Contraloría que, al incluir a personas en su boletín de responsables fiscales, les impide posesionarse en cargos públicos.

El fallo se da tras una demanda que el exacalde de Bogotá y hoy senador Petro llevó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la destitución e inhabilidad por 15 años que, en 2013, le impuso la Procuraduría por su esquema de aseo.

(Lea también: 'Si hay que cambiar normas se hará, pero no para favorecer impunidad': Procurador)

Aunque la decisión de la Corte IDH apenas se notificó al Estado colombiano este martes, desde hace 2 años y 9 meses el Gobierno recibió una primera advertencia de que debían ajustarse las normas internas para cumplir con lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CADH).

El 15 de noviembre del 2017, la sala plena del Consejo de Estado anuló las decisiones con las que, en diciembre de 2013 y enero de 2014, el entonces procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro por su esquema de basuras.

(Le puede interesar: Los cambios normativos a los que obliga fallo de la Corte IDH en caso de Petro)

Pero esa decisión, además de anular las sanciones que le había impuesto la Procuraduría, también exhortó a las autoridades para que en un plazo no superior a dos años después de la notificación de esa providencia “implemente las reformas a que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la CADH en el orden interno”.

Ese artículo de la CADH es el mismo por el que la Corte IDH condenó al Estado colombiano y dijo que se le vulneraron los derechos políticos a Petro, ya que la norma establece que solo una autoridad penal en una condena puede limitar ese tipo de derechos a personas elegidas popularmente.

De hecho, el fallo del Consejo de Estado del 2017 tuvo en cuenta varios casos que ya había fallado al Corte IDH y dijo: “una autoridad administrativa no tiene competencia para restringir derechos políticos a los servidores públicos de elección popular”.

Una autoridad administrativa no tiene competencia para restringir derechos políticos a los servidores públicos de elección popular

(Además: 'Fallo de Petro abre puerta a posibilidad de impunidad por corrupción’: director Agencia de Defensa Jurídica)

En estos años los cambios normativos que el alto tribunal exhortó a la Procuraduría, al Congreso y al Gobierno Nacional aplicar no se han hecho. Y, como lo había adelantado EL TIEMPO el año pasado, el Consejo de Estado se prepara a analizar desacatos contra esas autoridades por no cumplir.

Desde noviembre del año pasado el alto tribunal estaba mirando la posibilidad de los desacatos, pero estaba a la espera de la sentencia de la Corte IDH, conocida este martes.

(Le recomendamos: Se acaba plazo para reformar sanciones a funcionarios electos y analizan desacatos)

Ahora, ya que se conoció el fallo dela Corte IDH, fuentes cercanas al caso le dijeron a este medio que el tema de los desacatos sería definido por la sala plena del alto tribunal. La trascendencia de esto no es poca, ya que se trataría de abrir para estudio desacatos contra el Gobierno Nacional, la Procuraduría y el Congreso, es decir, contra dos de las ramas del poder público y uno de los órganos de control.

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