Por Odebrecht, decretan muerte política a 'Ñoño' Elías y Plinio Olano

Por Odebrecht, decretan muerte política a 'Ñoño' Elías y Plinio Olano

Consejo de Estado les decretó pérdida de investidura por tráfico de influencias en Ruta del Sol II.

Ñoño Elías y Plinio Olano

Los excongresistas Bernardo Miguel 'Ñoño' Elías y Plinio Olano.

Foto:

Archivo

28 de septiembre 2018 , 08:11 p.m.

En casi 100 páginas quedó consignada la decisión del Consejo de Estado de decretar la pérdida de investidura a los excongresistas Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías y Plinio Olano.

Según el fallo, que significa la muerte política para ambos, pues no podrán ocupar nunca más cargos de elección popular, Elías y Olano participaron mediante tráfico de influencias en el esquema de sobornos de la multinacional Odebrecht para quedarse con contratos de la Ruta del Sol II.

Tras analizar más de 10 testimonios y más de 100 pruebas, para esta Corte está probado que “Bernardo Miguel Elías Vidal, como senador de la República, realizó gestiones y ejerció presiones, valiéndose de su investidura, ante las distintas entidades del Gobierno Nacional, llámense ANI, Ministerio de Hacienda, Transporte, Planeación y ante el mismo Congreso, entre algunas otras entidades, para obtener el contrato de estabilidad jurídica y la agilización del otrosí número 6, de la Ruta del Sol II, de una manera rápida, eficiente y en las mejores condiciones para la multinacional Odebrecht”.

Por lo que –dice la providencia– ‘Ñoño’ Elías hizo “parte de un gran entramado de corrupción” junto con otros congresistas y varios servidores públicos, “enviando un mensaje para el país de descomposición con un comportamiento reprochable y antiético, contrario a lo que se espera de una persona que es elegida por y para defensa de los intereses públicos”.

En el mismo sentido, el Consejo de Estado dijo que era claro que Olano fue “atraído” por Odebrecht “porque era una persona influyente en el medio político (...) y de presión sobre los organismos que operaban los temas contractuales, como eran el Ministerio de Transporte, el Inco y luego la ANI”.

JUSTICIA

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