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Ratifican condena a la Nación por 'falso positivo' en Antioquia
En el país rechazan los 'falsos positivos'.

En el país rechazan los 'falsos positivos'. Familiares de víctimas piden aún verdad y reparación.

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Ratifican condena a la Nación por 'falso positivo' en Antioquia

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El 12 de enero de 2007 militares mataron a cinco personas y las quisieron pasar como guerrilleros.

Por el homicidio de un joven, el 12 de enero de 2007, a manos de integrantes del batallón de artillería número 4 en la vereda el Tronco, en el municipio de Guatapé, de Antioquia, el Consejo de Estado ratificó una condena contra la Nación.

Ese joven y otras cuatro personas fueron asesinados y luego se pretendió hacer ver a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate, por lo que se trató de un caso de los llamados 'falsos positivos'.

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Por esa ejecución extrajudicial se instauraron dos demandas contra el Ejército.

La primera fue promovida por la familia de Wilson García Posada, quien trabajaba para la época en un almacén de venta de repuestos para motos de propiedad de su hermano. Su familia pidió una reparación por perjuicios morales, daño a la vida de relación, lucro cesante y por la pérdida de capacidad laboral de su esposa, debido al estrés postraumático por la muerte de su compañero permanente.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 22 de octubre de 2014, declaró patrimonialmente responsable al Ejército Nacional por la muerte de García Posada y dejó claro que, contrario a lo que sostenía la institución, el hombre no fue dado de baja en combate sino asesinado "de manera injustificada por miembros de la fuerza pública; que se trató de un típico caso de 'ejecución extrajudicial', por lo que la institución castrense debía responder patrimonialmente".

Por ello, condenó al Ejército a pagar por perjuicios morales 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) para los padres, hija y compañera permanente de la víctima, 50 smmlv para cada uno de sus hermanos. A título de lucro cesante, se reconocieron a favor de la hija de la víctima $69’944.154.

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No obstante, el Ejército apeló sosteniendo que la tropa obró legalmente en defensa de un supuesto ataque armado, por lo que el caso llegó al Consejo de Estado, que, por el contrario, ratificó que el hecho fue "un homicidio múltiple en persona protegida que amerita total reproche por ser un acto atroz, en desmedro de la vida y en abierta oposición a los fines e ideología que inspiran a la entidad castrense".

El alto tribunal recordó que por los hechos el 14 de febrero de 2018 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Luis Norberto Serna a 264 meses de prisión como coautor del homicidio en persona protegida.

Se trató de un homicidio múltiple en persona protegida que amerita total reproche por ser un acto atroz, en desmedro de la vida

Esa sentencia indicó que el condenado participó de la muerte de las cinco personas pues era “reclutador” del Ejército Nacional, labor por la que le pagaron $1’000.000 por conducir a las víctimas para ser asesinadas por el Ejército y ser presentadas como bajas en combate en “la misión táctica Espina de la orden de operaciones Galilea”, desarrollada por el batallón de artillería número 4, bajo el mando del coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez.

Para el Consejo de Estado esa y otras pruebas demostraban que el caso fue un 'falso positivo', por lo que confirmó la condena.

La otra demanda había caducado

Las madres de Soacha llevan más de 13 años luchando por encontrar la verdad de los 'falsos positivos' y exigir justicia.

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César Melgarejo. EL TIEMPO

En otro proceso, la familia de Francisco Javier Galeano Herrera pedía una reparación por los perjuicios morales, daño a la vida de relación, afectación al honor y al buen nombre,  por daño emergente a favor de la madre de la víctima y por lucro cesante.

No obstante, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 25 de julio de 2014, dijo que el tiempo para interponer la demanda había vencido, esto porque consideró que los demandantes conocieron de la muerte de Galeano Herrera, por parte del Ejército, el 13 de enero de 2007, pero la demanda de reparación solo la presentaron hasta el 2 de marzo de 2010.

Aunque la familia de la víctima pidió revocar esa sentencia, considerando que la caducidad no operó en este caso al ser un crimen de lesa humanidad, el cual es imprescriptible, el Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal.

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La familia argumentaba que solo supo que a la víctima la había matado el Ejército en noviembre de 2007, pero el Consejo de Estado indicó que en el expediente hay varias pruebas que demuestran que desde la misma semana de la muerte existió claridad de que fueron militares los que mataron a Galeano Rivera y cuatro personas más.

"Dado que los demandantes tuvieron conocimiento de que la muerte de su familiar era imputable a la institución demandada desde el día siguiente de su ocurrencia (13 de enero de 2007), la acción de reparación directa debía interponerse hasta el 14 de enero de 2009, pero como ello ocurrió el 2 de marzo de 2010, es evidente que fue extemporánea", dice la providencia.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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