En noviembre de 2018, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigara al senador Arturo Char Chaljub por su “posible participación en la financiación de actividades que atentan contra la participación democrática”. Puntualmente se trata el caso ‘Casa Blanca’, por el que fue condenado la excongresista Aida Merlano Rebolledo, vinculada a la "existencia de una empresa criminal dedicada a la compra de votos en el departamento de Atlántico".
Efe
El escándalo de compra de votos de Merlano se conoció en marzo del 2018, cuando la Fiscalía destapó la operación ilegal y compulsó copias contra la recién elegida senadora. Desde su sede de campaña se compraron votos de electores para que Merlano, quien había sido representante a la Cámara, fuera elegida ese año en el Senado. Tras la investigación, la Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de cárcel. Hoy, Merlano está en Venezuela, tras haberse fugado de las autoridades colombianas.
A mediados de 2018, la Fiscalía compulsó copias contra la congresista Margarita Restrepo, en una investigación por el supuesto ofrecimiento a votantes para financiarles viajes o electrodomésticos a cambio de su voto. El ente acusador señaló en su momento que Alejandro Cuartas Rodas (gerente de la campaña) y Elizabeth Jaramillo Rico “habrían hecho los ofrecimientos a personas que asistían a reuniones de la entonces candidata”.
En octubre del 2019, la Corte Suprema de Justicia determinó investigar al representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña Díaz por el mismo caso de la excongresista Aida Merlano. En un informe de Policía Judicial que está en el expediente se lee que "la organización logró elegir como senador de la República para el periodo constitucional 2014-2018 a Roberto Gerlein Echavarría, y a la Cámara de Representantes, además de la acusada, a Laureano Augusto Acuña Díaz".
En junio de 2018, la Fiscalía envió a la Corte Suprema una compulsa de copias contra el congresista Fabián Castillo. Los hechos están relacionados con la captura de un hombre identificado como Sergio Andrés Lora Ávila, quien transportaba casi siete millones de pesos. En su celular, el hombre tenía conversaciones con políticos del Magdalena “que darían cuenta de la existencia de conductas cometidas con el propósito de comprar votos”.
Archivo particular
En 2017, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura al exrepresentante a la Cámara Édgar Alexander Cipriano Moreno por tráfico de influencias. En un proceso distinto ante el Consejo de Estado, Cipriano fue denunciado por compra de votos y se pidió anular su elección, y aunque el Consejo de Estado negó esa petición en su momento, Cipriano está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos.