Condenan a la Nación por asesinato de estudiante de la Univalle

Condenan a la Nación por asesinato de estudiante de la Univalle

De acuerdo con el Consejo de Estado, Ejército no verificó claramente su objetivo y aún así disparó.

Falsos positivos

 

Foto:

Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
14 de febrero 2019 , 06:18 p.m.

El Ejército y el Ministerio de Defensa fueron condenados por la ejecución extrajudicial de la estudiante de la Universidad del Valle, Katherine Soto Ospina, quien falleció por los disparos que recibió por parte de integrantes del Ejército Nacional el 3 de agosto del 2007 en San Cipriano (Valle).

Para el Consejo de Estado, que profirió el fallo, “el ataque de los uniformados no fue en legítima defensa (...) sino con el objetivo de dar de baja sin la menor conmiseración u oportunidad de rendición a los desconocidos (…) pasando por alto los protocolos en el uso de armas de fuego y los principios del Derecho Internacional Humanitario “, puesto que no se identificaron como miembros del Ejército y abrieron fuego contra objetivos que no estaban plenamente identificados.

El ataque de los uniformados no fue en legítima defensa (...) sino con el objetivo de dar de baja sin la menor conmiseración u oportunidad de rendición a los desconocidos

El alto tribunal reconstruyó la crudeza del asesinato gracias, entre otras pruebas, al testimonio de otro estudiante de esa universidad que resultó herido en el ataque.

Aunque el Ejército alegó que adelantaban un operativo militar porque recibieron  información de una posible incursión de grupos al margen de la ley en San Cipriano, y que los civiles irrumpieron de manera imprudente en el lugar del operativo, por lo que los agentes de la fuerza pública infirieron razonablemente que se trataba de integrantes de grupos armados que podían atentar contra la tropa.

Los militares señalaron que abrieron fuego porque vieron que las víctimas cargaban morrales y no llevaban distintivos que los identificaran, pero la Sección Tercera del Consejo de Estado fue tajante en afirmar que: “No se puede justificar desde ningún punto de vista que el hecho de no llevar consigo linternas, luces o distintivos, constituya una excusa válida para ser atacado indiscriminadamente por la fuerza pública".

El alto tribunal también dijo que dado que la zona es turística y hay gran afluencia de foráneos y nacionales, el Ejército debió tener aún más cuidado y constatar si su objetivo era válido antes a abrir el fuego, "recurso que en todo caso debe ser la última opción si lo que se pretende es salvaguardar la vida e integridad de la población civil, imperativo que constituye la misión constitucional y legal del Ejército Nacional”.

No se puede justificar que el hecho de no llevar consigo linternas, luces o distintivos, constituya una excusa válida para ser atacado indiscriminadamente por la fuerza pública

Por la ejecución de la estudiante se condenó al Ejército por  falla en el servicio y se ordenó la reparación integral de los daños ocasionados a los familiares de la víctima.

El Consejo de Estado le ordenó a la Nación (Ministerio de Defensa y Ejercito) la indemnización a los familiares de la víctima por cerca de $418 millones de pesos, el Ministro de Defensa también deberá presentar el caso de la familia de la estudiante ante la Unidad Nacional de Protección, pues denunciaron ser víctimas de amenazas.

Además, se deberá instalar una placa conmemorativa en Santiago de Cali,  que permita recordar y conmemorar los hechos ocurridos, previa aceptación de la familia afectada.

La sentencia también será enviada al Centro de Memoria Histórica y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, para facilitar la construcción de la memoria sobre los hechos relacionados con el conflicto armado.

JUSTICIA

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