Tras la decisión del fiscal Néstor Humberto Martínez de darle un giro al caso por el descalabro de Interbolsa, el primer paso fue retirar el principio de oportunidad para Rodrigo Jaramillo Correa, expresidente de esa firma, que lo absolvía de responderle a la justicia de los delitos por concierto para delinquir y operaciones no autorizadas y, de paso, eludir una posible condena de hasta 10 años de prisión.
La razón de tal decisión radica en que la Fiscalía dice tener pruebas suficientes para llevar a juicio a Jaramillo y pedir que sea condenado. (Ver: expresidente de Interbolsa tampoco tendrá principio de oportunidad)
En el expediente hay correos electrónicos y varios testimonios contra el expresidente de Interbolsa, que comprueban cómo controlaba las operaciones irregulares que llevaron al descalabro de la comisionista de bolsa. La Fiscalía presentará esas pruebas ante un juez de Bogotá en los próximos días.
Jaramillo cumple una pena de siete años de cárcel –bajo detención domiciliaria en su lujosa residencia de Medellín– por manipulación fraudulenta de especies y administración desleal, delitos que aceptó en noviembre del 2013.
Los investigadores documentaron las operaciones con las que Jaramillo, María Eugenia Jaramillo Palacios y Carlos Arturo Neira Llache intentaron favorecer a las compañías del empresario italiano Alessandro Corridori. “Se concertaron para cometer conductas delictivas de manera sistemática, para enriquecerse a través, de una parte, de la realización irresponsable de operaciones repo sobre una misma especie conociendo de antemano que los enajenantes de las mismas no estaban en capacidad de cumplir con estas”, se lee en el expediente. (Además: tribunal de Bogotá confirma condena de 7 años contra Rodrigo Jaramillo)
La Fiscalía afirma que se efectuaron compras y ventas de manera coordinada para alterar en forma fraudulenta hacia el alza la cotización de referencia de la acción Fabricato, utilizando en esa finalidad todos los medios económicos existentes en el grupo empresarial Interbolsa.
Jaramillo está señalado de aprobar créditos por más de 248.000 millones de pesos en cupos de endeudamiento a empresas de Corridori como parte de las acciones de “una organización criminal”.
“Jaramillo Correa no solo planificó individualmente los delitos que se le endilgan, sino que su voluntad claramente estaba dirigida a cometer todos los delitos que fueren necesarios para obtener ese beneficio económico, e incluso ocultar su comportamiento ilegal”, sostiene la Fiscalía. (Leer: víctimas están inconformes por sentencia a expresidente de Interbolsa)
Y añade que hay correos electrónicos que evidencian su conocimiento de las irregularidades desplegadas para beneficiar a Corridori. “Dispuso de todo el andamiaje societario que era propio de Interbolsa, para hacer parte de un negocio rentable, pero a través de prácticas ilegales”, dice.
El documento puntualiza que los funcionarios y administradores del grupo Interbolsa desviaron los objetos sociales de las empresas que integraban para concertarse con un grupo de inversionistas que pertenecían al grupo Corridori, con el fin de “proveerle los recursos económicos necesarios para adquirir una posición significativa en Fabricato”.
Frente al delito de operaciones no autorizadas, la Fiscalía tiene documentado el préstamo de la Clínica La Candelaria por 70.000 millones de pesos. Ese movimiento a juicio de la Fiscalía fue un “montaje” y terminó por beneficiar a Jaramillo. “Tuvo conocimiento de la operación, el día 11 y 12 de octubre del 2012, integró el grupo de personas que venían analizando la forma de cómo se iba a cumplir el crédito y una vez se dio vía libre al montaje de la operación, estuvo pendiente del giro de los $70.000.000.000”, dice.
La clínica le prestó ese dinero al ‘holding’ de Interbolsa y días antes la Sociedad Administradora de Inversión (SAI) de la misma firma le había prestado a la institución de salud 79.774 millones de pesos.
Rodrigo Jaramillo ha sostenido que ha colaborado con la justicia y que, incluso, aceptó los cargos desde la audiencia de imputación.
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