Por la desaparición forzada y el asesinato del joven bogotano Álix Fabián Vargas Hernández, el Consejo de Estado condenó a la Nación, en cabeza del
Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional.
Vargas, de 25 años de edad, fue encontrado muerto en Onzaga (Santander) el 8 de agosto de 2008, lejos de su vivienda habitual en Tunja, de donde partió una semana antes, atraído por una oferta de trabajo.
El Ejército lo había presentado falsamente como muerto en combate, pero para la Sección Tercera del alto tribunal resultó inaceptable que su muerte haya sido consecuencia de un combate.
De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, "las contradictorias versiones de los hechos que ofrecieron los militares, la falta de accionar de un arma por parte de la víctima, el poco respaldo investigativo de los documentos que justificaron la operación militar, entre otros aspectos, constituyeron elementos esenciales para la declaratoria de responsabilidad".
Por ello, el Consejo de Estado ordenó la reparación integral de sus familiares, a través de medidas como el ofrecimiento de disculpas públicas a la familia y la publicación de una nota de prensa en un diario de circulación nacional, donde se haga explícito que Vargas murió como consecuencia de una ejecución extrajudicial y no de un combate con grupos insurgentes.
La desaparición y asesinato de Vargas fueron puestos en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que hagan parte del Caso 003 denominado 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado'.
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