El primero de noviembre de 1998 y durante tres días seguidos, la guerrilla de las Farc (hoy desmovilizadas tras el proceso de paz) se tomaron la población de Mitú (Vaupés) y secuestraron a 61 policías luego de 72 horas de intensos combates y en clara desventaja numérica. Uno de ellos fue el teniente Julián Ernesto Guevara Castro, quien falleció en cautiverio en enero de 2006.
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Guevara (ascendido a coronel) estaba casado con Edna Murielle Rubio Villate quien el 16 de abril de 2012 demandó a la Nación. Esa acción judicial acaba de ser decidida a su favor por el Consejo de Estado. La decisión conocida por EL TIEMPO declaró patrimonialmente responsable la Nación por los perjuicios causados por el hecho, así como por perjuicios morales y materiales.
Con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez, la Sección Tercera enfatizó en que si bien la toma a Mitú que originó el secuestro del coronel Guevara la inició la guerrilla de las Farc, sí hay responsabilidad estatal por falla en el servicio. ¿Por qué? Porque ya la Policía de Vaupés había alertado por la falta de personal suficiente para contrarrestar una posible acción armada, porque inteligencia había reseñado la existencia de abundantes rumores de una inminente agresión y los refuerzos llegaron tarde.
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“Si bien la Dirección Operativa de la Policía Nacional ordenó tomar medidas para reforzar el esquema de seguridad, según el memorando de agosto de 1998; lo cierto es que se desconoce cuáles fueron esas estrategias que servirían para el propósito buscado y si efectivamente se materializaron, pues no se allegó prueba alguna relacionada con el suministro del apoyo de armas, labores de inteligencia y recursos humanos solicitados”, dice la decisión.
Emperatriz Castro de Guevara, madre del coronel Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio, a su llegada a Cartagena.
Ricardo Maldonado Rozo / EFE
La omisión por parte del Estado, representada por la entidad demandada, Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, contribuyó al secuestro y muerte en cautiverio de Julián Guevara Castro.
La toma armada la protagonizaron más de 1.500 guerrilleros mientras que la base de policía de Vaupés estaba confirmada con 84 personas y la ayuda de 100 hombres de la base antinarcóticos de San José del Guaviare solo fue enviada a las 5 de la tarde. Para el Consejo de Estado, la demora, de la cual no habría justificación, “permitió que el grupo irregular mantuviera el control, que la estructura en la cual se resguardaban los policías fuera destruida y, para el caso concreto, que secuestraran a Julián Guevara Castro”.
El fallo asegura que el atentado a la estación de policía de Mitú era previsible y podía anticiparse y cuestiona que no se adoptaron medidas que lo impidieran o que menguaran los efectos del mismo. “Ni se conoce sobre la elaboración de un plan o seguimiento para prevenir la incursión armada, que finalizó con el secuestro y muerte de Julián Guevara Castro; por el contrario, se advierte una actitud pasiva u omisiva del Estado frente a la situación”, dice la decisión.
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Es más, el fallo asegura que el daño sufrido por la viuda del coronel Guevara “es “imputable a la demandada a título de falla en el servicio, dado que la omisión por parte del Estado, representada por la entidad demandada, Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, contribuyó al secuestro y muerte en cautiverio de Julián Guevara Castro”. Y reseñó que el Consejo de Estado ya ha condenado a la Nación por la toma a Mitú en dos oportunidades al pronunciarse sobre demandas de civiles afectados.
Por esa razón, el alto tribunal confirmó la condena a la Nación que había hecho en primera instancia en 2018 el Tribunal Administrativo del Meta pero ajustó la indemnización que en su favor había sido reconocida a Edna Murielle Rubio Villate a quien se le pagara finalmente un monto aproximado de $935 millones.
En este proceso, el Ministerio de Defensa había pedido ser exonerado alegando que no había forma de prever la incursión guerrillera y que el daño obedeció a las acciones del grupo ilegal. Los restos óseos del coronel Guevara fueron entregados por las Farc (hoy desmovilizadas) en abril de 2010, mes en el que se le rindieron los honores oficiales.
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ALEJANDRA BONILLA MORA
JUSTICIA
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