Con revisión de proceso contra Parody y Álvarez debuta fiscal 'ad hoc'

Con revisión de proceso contra Parody y Álvarez debuta fiscal 'ad hoc'

Leonardo Espinosa dio la orden de revisar el expediente de las exministras en el caso Odebrecht. 

Leonardo Espinosa

Leonardo Espinosa, fiscal ‘ad hoc’.

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Justicia
03 de febrero 2019 , 09:02 a.m.

La decisión de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que en junio del 2018 cerró la investigación contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por el caso Odebrecht está hoy en el radar del equipo de trabajo del fiscal ‘ad hoc’, Leonardo Espinosa Quintero, quien, según supo EL TIEMPO, examina si debe mantenerse archivada o hay elementos de juicio para reabrirla.

El proceso contra las exministras se había abierto tras las denuncias de 12 senadores del Centro Democrático, en el 2017, por supuesto interés indebido en celebración de contrato, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos y violación al régimen legal de inhabilidades.

Según argumentaron, 15 días antes de dejar el Ministerio de Transporte, Álvarez firmó una resolución para autorizar la ampliación del trazado de la Ruta del Sol II a fin de incorporar dos peajes en la vía Ocaña–Gamarra, donde supuestamente hay intereses de la familia de la exministra de Educación Gina Parody, quien era su pareja.

La Fiscalía, que las escuchó en interrogatorio en octubre de 2017, consideró que no había indicios de irregularidades en las actuaciones de las exministras.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido para conocer del caso desde abril del 2017, mucho antes de que los investigadores archivaron el caso, uno de los que ahora está en manos del fiscal ‘ad hoc’, elegido el 13 de diciembre.

EL TIEMPO estableció que Espinosa Quintero dio instrucciones a su equipo, tres fiscales, dos profesionales y un asesor de despacho, para que revisen el expediente archivado en la unidad de fiscales delegados ante la Corte, hagan “un profundo análisis” del caso de las exministras y se determine si sigue archivado. Por el momento, ellas no serían llamadas a una declaración ante el fiscal ‘ad hoc’.

Límite de los beneficios

La segunda instrucción que recibió el equipo de seis profesionales que trabajan hoy con Espinosa fue no conceder beneficios judiciales a los procesados por el caso Odebrecht si no contribuyen “sustancialmente a la verdad” de la red de sobornos de la constructora brasileña.

De hecho, esta semana, la fiscalía ad hoc metió en el congelador los preacuerdos de rebaja de penas que había hecho la Fiscalía con los empresarios Gustavo Adolfo Torres, Eduardo José Zambrano, Federico Gaviria y Gabriel Dumar, vinculados a las maniobras para dar apariencia de legalidad a dinero que era para pagar sobornos.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el fiscal ‘ad hoc’ pidió examinar en detalle qué tan útiles son “para la verdad” del caso Odebrecht las declaraciones de los cuatro empresarios. Pidió también verificar si lo que ofrecen para reparación se ajusta al daño que ocasionaron con sus irregularidades.

El mismo criterio se aplicaría al exfuncionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Juan Sebastián Correa, que prometió declarar contra su exjefe Luis Fernando Andrade. Los fiscales de este caso habían proyectado un principio de oportunidad con beneficios que debía ser autorizado por el Fiscal General y su vicefiscal, María Paulina Riveros, pero ellos se declararon impedidos. Si la Corte Suprema acepta el impedimento, enviaría el caso al fiscal ‘ad hoc’.

El equipo de Espinosa estudia otros dos casos claves en los procesos por la red de corrupción de Odebrecht.

El primero, para resolver si los exdirectivos de la firma brasileña Luiz Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha, beneficiados con la suspensión de la acción penal en Colombia a cambio de que cuenten la verdad sobre sus sobornos y los beneficiarios de esas coimas, pueden ser testigos en varios procesos.

Los tres brasileños declararon en el juicio que se le sigue al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo y, según fuentes de la fiscalía ‘ad hoc’, no está claro si el beneficio que obtuvieron fue solo para declarar en este caso o si su compromiso se extiende a todas las investigaciones del caso Odebrecht.

La posición de la fiscalía ad hoc es que el beneficio se les mantenga solo si cuentan una verdad útil en todos los procesos.

Así mismo, esta instancia, creada en principio para investigar tres casos (el de las exministras, el de los cuatro empresarios y otro que se desprende de este), revisa la situación de los extranjeros Éder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Ideaki Sendai, quienes desde julio del 2017 tienen órdenes de captura sin ejecutar. Ellos deben responder por contratos simulados para mover plata de sobornos.

Despacho, en sede de la Fiscalía

Aunque durante el proceso de elección del fiscal ‘ad hoc’ la Corte estudió la idea de la Procuraduría según la cual la fiscalía ‘ad hoc’ debía ser orgánica y económicamente independiente de la Fiscalía General, esto no se concretó. Leonardo Espinosa trabaja hoy en una sede de la Fiscalía en el norte de Bogotá, y sus fiscales, elegidos por él, son pagados con plata del ente investigador.

Espinosa no tiene sueldo de la Fiscalía y vive de la plata que le paga la Universidad Sergio Arboleda, donde pidió una licencia mientras dura su encargo, hasta que termine el periodo de Martínez Neira a mediados de 2020.

REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @PazyJusticiaET

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