Dos niños, de 11 y 18 meses, fallecieron durante este fin de semana por causas relacionadas con desnutrición. Los menores hacían parte de la comunidad wayú asentada en La Guajira. El año pasado se reportó la muerte de 89 niños por la misma causa.
Los líderes indígenas de La Guajira dieron a conocer un comunicado en el que reiteran que se mantienen en asamblea permamente (la declararon desde el 19 de diciembre de 2016) aludiendo a “las flagrantes violaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a sus derechos humanos y fundamentales como pueblos indígenas”.
Señalan que mantendrán su posición “hasta tanto el ICBF no les resuelva sus peticiones, las cuales están amparadas por sus derechos ancestrales y constitucionales”, con referencia a la atención de los menores.
La comunidad indicó que a partir del miércoles participarán en una mesa de trabajo que fue convocada por el gobernador Jorge Enrique Vélez y que no asistirán a un encuentro convocado el mismo día por el ICBF. El encuentro tendrá como escenario la comunidad de Katsaliamana. A la misma asistirán representantes de los órganos de control y los alcaldes de la región.
“En cuanto a la reunión mañosa y desacertada convocada por el ICBF para el día 11 de enero del presente año, la declaramos ilegítima y de mala fe, ya que solo propicia más división en nuestro pueblo”, se lee en el comunicado de la comunidad wayú.
Las muertes de menores son un flagelo que azota desde hace varios años al departamento, especialmente por la falta de acceso al agua y la seguridad alimentaria por la que atraviesa el pueblo wayú.
Sin embargo, no es menos cierto que algunos líderes de esa etnia se niegan, por razones culturales, a que sus hijos sean atendidos por médicos tradicionales. Al erespecto, el ICBF ordenó la expedición de una circular a todos los defensores de familia para que pongan bajo protección inmediata del Instituto a todo niño o niña cuyos padres los pongan en riesgo.
JUSTICIA
Comentar