Por razones que todavía no han sido aclaradas, la Corte Constitucional subió a su página web este jueves un comunicado que no reflejaba el contenido de la histórica sentencia que le dio vía libre a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este viernes, el alto tribunal expidió una nueva comunicación en la que señala: “Se publica nuevamente el Comunicado n.° 55, correspondiente a la sesión de Sala Plena del 14 de noviembre de 2017, debido a que, por error de transcripción, se distribuyó formalmente una versión previa a la que fue finalmente aprobada. La versión que ahora se publica corresponde exactamente al texto que circuló en la noche del martes 14 de noviembre, con la adición del número de comunicado, el número de sentencia y la firma del presidente de la Corte”.
Fuentes del alto tribunal señalaron que parte del contenido ‘fantasma’ fue el que causó malestar de algunos voceros de las Farc. Puntualmente, por ejemplo, los jefes de ese grupo hablan de cambios en la aplicación de la extradición que no están contenidos en la decisión final de la Corte.
El error llevó a que en la tarde del viernes el alto tribunal enviara un comunicado con una “fe de erratas” . Fuentes de la Corte aseguran que entre los magistrados hay preocupación porque no está claro cómo llegó el comunicado errado a la página oficial.
Los dos comunicados, según fuentes del alto tribunal, tenían más de 500 diferencias entre párrafos que se habían eliminado, otros que fueron añadidos y algunos que finalmente se cambiaron de lugar.
Una de las diferencias, según las fuentes, consiste en que el comunicado errado dejaba indefinido quién revisaría la posible pérdida de beneficios o derechos políticos para los desmovilizados que incumplan con los compromisos de paz.
En el comunicado correcto, la Corte dejó claro que esa revisión está sujeta “a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”, por lo que serán los magistrados de ese tribunal los que se encargarán de establecer, caso a caso, quiénes perderían los beneficios de pena alternativa, participación en política y no extradición.
En la decisión oficial, y por unanimidad, la Corte dejó a salvo la esencia de la JEP y aclaró que el paso de la justicia ordinaria a la alternativa abre también la posibilidad de que los desmovilizados participen desde ya en política. Además, estableció que los civiles involucrados en delitos de guerra y lesa humanidad no podrán ser obligados a comparecer ante la nueva justicia, pues esa es una decisión que debe ser voluntaria.
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