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Cortes

El escandaloso caso de compra de votos que tiene en jaque a congresista

María Cristina Soto fue elegida como representante para el periodo 2018-2022.

María Cristina Soto fue elegida como representante para el periodo 2018-2022.

Foto:Facebook: @TinaSotoG

EL TIEMPO revela llamado a indagatoria que la Corte le hizo a la representante María Cristina Soto.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a la representante a la Cámara por La Guajira por el partido Conservador María Cristina Soto de Gómez por su presunta participación en un complejo entramado de corrupción electoral que se habría fraguado para su llegada al Congreso en los comicios de 2018.
Fueron las mismas elecciones en las que se registraron las irregularidades que llevaron a la captura y condena de la excongresista Aida Merlano, quien hoy está prófuga de la justicia en territorio venezolano. De hecho el esquema usado en La Guajira es calcado del utilizado por Merlano en el Atlántico.
Con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, el alto tribunal vinculó formalmente a la congresista de La Guajira a una investigación penal por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal.
EL TIEMPO conoció en exclusiva los detalles de esta investigación que se remonta al 6 de marzo de 2018, día en que se recibió una denuncia que alertaba sobre la forma como se estarían reclutando personas desde la campaña de Soto de Gómez para comprar los votos de ciudadanos en el municipio de Maicao, para ganar los comicios que se realizaron cinco días después.
Según la denuncia, los 'líderes' reclutados repartían dinero y organizaron sus votos en determinados puestos de votación para poder controlar que efectivamente las personas votaran por Soto de Gómez, quien resultó electa en dichos comicios para el periodo 2018-2022.
En junio de 2018 el expediente fue remitido por la Fiscalía General a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que, con declaraciones e interceptaciones telefónicas en tiempo real que se ordenaron una vez se recibió la denuncia, evidenció la existencia de una red dedicada presuntamente a la compra de votos, a corromper a los ciudadanos y hasta mentir ante el Consejo Nacional Electoral.
Así lo dice la decisión en poder de este diario: “el abundante material probatorio recaudado indica que habría existido una organización ilegal encaminada a garantizar la consecución de votos a cambio de una remuneración o dádiva. Asimismo, que para ello se manejaron bases de datos, listas dirigidas por cada líder, concentración e inducción a votantes, movimiento de sumas de dinero en efectivo, retención de los certificados electorales, etc”.

Así habría funcionado el entramado

Las pesquisas revelaron que durante la campaña de María Cristina Soto de Gómez al Congreso, Simón López Martínez, Ades Alberto Aramandis Gómez y Joel Blanchar Plata habrían servido como coordinadores que reclutaron ‘lideres’ para contactar a personas que estuvieran dispuestas a inscribirse en determinado puesto de votación para votar a favor de la candidata, a cambio de dinero, para lo cual debían entregar el certificado electoral.
Con la denuncia en la mano, la Fiscalía ordenó las interceptaciones telefónicas de estas personas justo para los días previos, durante y después de las elecciones. Ello permitió dar con los nombres de los líderes encargados de reclutar personas. Ya con el caso en la Corte, algunos de ellos reconocieron a la Sala de Instrucción que participaron activamente en la campaña de Soto e identificaron a López Martínez como uno de los coordinadores de la misma en Maicao.
Las declaraciones y el contenido de las escuchas telefónicas realizadas en tiempo real a quiénes tenían como tarea crear una “base de operaciones” evidenciaron que estas personas también tenían que elaborar un registro o base de datos de potenciales votantes, contactarlos y reunirlos para impartirles instrucciones, así como registrarlos en listas, asegurarse de que votaran por María Cristina Soto, también conocida como Tina Soto, “todo ello en permanente coordinación con Simón López Martínez para la logística, transporte, refrigerios (y) dinero en efectivo”.
Según las pesquisas, en algunos casos los votos se compraron por 50.000 pesos y, en otros, por 20.000 pesos.

Los audios y el rastro del exsenador Pulgar

“La gente ya está aquí esperando señor Simón, ya me da pena decirle ‘espérense un momentico’, ya la gente está regresando”, dice una de las líderes reclutadas encargadas de pagarle a la gente fuera de los puestos de votación.
Según la interceptación, está impaciente esperando que le envíen el dinero ofrecido mientras una persona, que las pesquisas identifican como Simón López, coordinador de la campaña en Maicao, dice: “yo te respondo a ti, mija”. Y ella replica: “No, yo sé que usted me responde a mí, pero la gente, la gente me va es a linchar”.
Más adelante, la mujer le dice a Simón que ya se quedó sin efectivo y él responde que suba de nuevo a dónde él se encuentra. Y luego la persona identificada como Simón le pregunta a la mujer que cuántas personas le han “respondido” y ella dice: “Ya van 35, ya están los que están allá yéndose, ya están allá en los puestos de votación, hay como 10 y lo que falta”.
Otro apartado consignado en el expediente señala como una persona identificada como ‘Md’ le dice a Simón que le quedó debiendo a dos personas porque ya era muy tarde y que les toca cancelarles.
Exsenador Eduardo Pulgar.

Exsenador Eduardo Pulgar.

Foto:Efe / Archivo

Una de las personas que declaró ante la Corte, cuyo nombre este diario no revela por seguridad, le dijo a la Sala de Instrucción que este entramado corrupto no sólo se habría dado para favorecer en las elecciones a María Cristina Soto, sino también a Eduardo Pulgar.
El exsenador del Partido de la U está hoy condenado a 58 meses y 25 días de prisión por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por ofrecer, por haber usado su condición de congresista e interceder ante diferentes personas para favorecer a su aliado Luis Fernando Acosta Osío en el marco de una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Esta persona dijo que alcanzó a reunir unas 60 personas, entre conocidos y familiares de Maicao, que consignó en una lista con nombre, cédula y puesto de votación. “La verdad es que no recuerdo muy bien pero llevábamos a las personas y algunas amistades a su puesto de votación (…) en moto”, dijo al señalar que el pago por el transporte lo hizo Simón quien, para ello, le dio 200.000 pesos.
La Corte le puso de presente a esta persona una interceptación telefónica, en la que reconoció su voz y la de su hija, quien narra cómo logró conseguir 127 personas. En otra interceptación, una persona de nombre Sandy le dice a Simón: “La gente aquí me está preguntando por lo que usted ya sabe y lo demás del transporte y eso (…) A mí me faltaron muchas personas que no me le pagaron lo que me le iban a dar”.
Ante eso, él pregunta si estaban en la lista y ella responde que algunas no y él le replica: “pero tú sabes que lo que no está en lista eso no hay que hablarlo”. Sandy agrega: “Aquí tengo a la mayoría y también me están pidiendo los papeles que se llevó su hija (…) Los papelitos esos de la votación”.

Más interceptaciones

En otra conversación interceptada, uno de los líderes habla con Ades Aramendis, quien es identificado por la Corte como otro coordinador de la campaña de María Cristina Soto. En la charla, hacen cuentas sobre cuánto dinero se sacó de caja para “lo de Simón” y sobre los resultados en meses de Santa Catalina y CDI. “Las mesas más alta de Santa Catalina fue la … 25 con 17 votos, los votos eran 9, 11, 14, 16, la que menos sacó fue 5 votos, 3 votos la 37”, dice el interlocutor a Aramendis.
Ante la Corte, López Martínez confirmó que fue uno de los coordinadores de la campaña y aceptó conocer a algunos de los líderes que se citan en esta investigación.
Para la Sala de Instrucción, el mecanismo de participación democrática fue motivado ilícitamente por “quienes se concertaron para cooptar masivamente ciudadanos que, habilitados para ejercer el derecho al voto, cedieran al corrupto ofrecimiento de dádivas de quienes fueron coordinadores de las tantas veces mencionada campaña electoral en beneficio de la aquí procesada”.
Otra llamada interceptada le permite a la Corte hacer esa afirmación. En este caso, Belina Beatriz Gómez Rosado habla con una persona que se identifica como Joel sobre votantes que estarían listos en el barrio San Antonio de Maicao. Él dice que le de unos minutos que está enredado en algo para ‘cuadrarles’ el vehículo y ella dice: “le direcciona por favor los votos pa' donde Tina Soto oyó”. Y el responde: “tranquila”.
Y en otra conversación más entre Simón y una persona llamada Álvaro se habla de una lista de 2.400 personas de las que tenían que verificar quiénes iban llegando y votando. Álvaro dice: “sí, sí, es que te estoy contando, llega el líder con su grupo, entonces ellas lo verifican ahí y pasan la inducción, de ahí salen por el portón a votar, ellos no regresan ahí otra vez, me parece bien la organización, Simón”.
Esta persona menciona que, estando en Paraguachón, tomó “una foto a la publicada de Eduardo Pulgar por la cuestión de la otra niña, te acuerdas, la amiga tuya, de pronto lo que salga acá Simón”.
En general, las conservaciones interceptadas entre estas personas dan cuenta del sistema de pagos, de listas, de control de los puestos de votación, de los “detalles” o “cariñitos”. Los votos eran pagados por los coordinadores, dice la Corte, y al avanzar la votación se dispuso dar 15.000 pesos porque los recursos que tenían destinados se habían acabado.

La valoración de la Corte

La representante a la Cámara María Cristina Soto en el recinto del Congreso.

La representante a la Cámara María Cristina Soto en el recinto del Congreso.

Foto:Facebook @TinaSotoG

Para la Sala de Instrucción es claro que “las interceptaciones advierten que la directriz era votar por María Cristina Soto, conocida en la región como Tina Soto, para la Cámara de Representantes. Así se desprende de las comunicaciones que tuvieron los coordinadores con sus líderes; inclusive, se denota que Simón pedía que le llevara ‘fichas’ para acreditar que las personas ya habían sufragado, inclusive en una de las llamadas se escucha a una personas corroborando la información de los votantes con Simón, así: “escuche entonces por Tina para la Cámara y Pulgar pa' el Senado”.
También hay escuchas telefónicas que, dice la Corte, acreditan la relación de Simón López, Ades Aramendis y Joel Blanchar con María Cristina Soto, “a quien además le daban reporte de lo que acontecía con el tema electoral”.
De otro lado, la investigación de la Corte da cuenta de que supuestamente se habría acordado entre los integrantes de la campaña de María Cristina Soto de Gómez usar los nombres de los coordinadores y sus datos para justificar ante el Consejo Nacional Electoral gastos millonarios.
Uno de esos fue por 16 millones de pesos. La interceptación entre Joel Blanchar y una mujer llamada Lili así lo probaría. Ella dice: “Lo que pasa es que nosotros hicimos un contrato tu sabes ahí en Olímpica Estéreo (…) entonces nosotros queremos poner ese contrato como si fuera donación, me entiendes”. Ante eso, él le dice que no hablen de ese tema por teléfono y dice que trataran de organizarse para verse en Maicao. En la siguiente llamada, al no ser posible verse, la mujer pide los datos para reportar la millonaria suma como si fuera una donación.
Esas llamadas se realizaron el 15 de marzo de 2018 y, al día siguiente, se reportó ante el CNE, dice el auto de la Corte, “información carente de veracidad”. En concreto, una cuenta de cobro que consta que Blanchar le debe a Luis Serrando Urbina 16 millones por publicidad en medio radial.
La misma situación la constató la Sala con otra mujer que aparece haciendo una donación a la campaña de María Cristina Soto de Gómez por 20 millones de pesos que fue reportada al CNE el 30 de diciembre de 2017.
La mujer, cuyo nombre este diario no revela, dijo a la Sala de Instrucción que la plata la donó a Soto porque tenía una propiedad y la vendió en mayo o junio de 2017. Pero la Corte constató que el bien al que se refería la mujer fue adquirido en junio de 1981 y vendido el 12 de febrero de 1996. Es decir que la información reportada al CNE, considera la Sala, es falsa.
Se espera que el magistrado César Reyes fije la fecha para la indagatoria antes de finalizar el año. Antes de ello se deberán realizar algunas pruebas ordenadas en el auto de 24 páginas que registra el llamado a indagatoria.
Por ejemplo, se ordenó al CTI destacado ante la Sala de Instrucción establecer las relaciones contractuales de la Fundación Cerrejón de La Guajira para los años 2017 y 2018 en relación con la compra de vehículos, así como información bancaria de María Cristina Soto de Gómez y algunos de sus allegados.
EL TIEMPO buscó a la congresista Soto, quien se encuentra enferma producto del covid-19, para que respondiera a los señalamientos, pero no obtuvo respuesta. El nombre de su hijo Juan Loreto Gómez Soto aparece en un informa de precandidatos herederos cuestionados de la Fundación Paz y Reconciliación.

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