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Comisión de Disciplina Judicial debe quedar conformada este año
Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria

Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria.

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Consejo Superior de la Judicatura

Comisión de Disciplina Judicial debe quedar conformada este año

Corte dijo que al frenar su conformación, el Consejo de Estado generó un “bloqueo institucional”.

El Consejo Superior de la Judicatura tiene un plazo de dos meses para realizar una convocatoria reglada y conformar cuatro ternas que deberá enviarle al Congreso para que el Legislativo elija a los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Lo mismo sucederá con el presidente Iván Duque, que también tendrá que enviarle al Legislativo las tres ternas que le corresponden para terminar de conformar ese organismo.

Una vez reciba las ternas, antes de que termine este año el Congreso tendrá que elegir a los siete magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, organismo que debía reemplazar a la Sala Disciplinaria de la Judicatura desde el 2016 –por orden de la ley del Equilibrio de Poderes–, pero que estaba congelado por un fallo del Consejo de Estado.

Esos son los efectos de la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional y que termina con la interinidad en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, ordenando que se conforme la Comisión que debía reemplazar a ese organismo en un trabajo clave: el de sancionar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales.

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La Corte Constitucional aceptó una tutela del Consejo Superior de la Judicatura contra la decisión del Consejo de Estado que en el 2018 tumbó las convocatorias que se habían hecho para enviarle las ternas al Congreso y conformar la Comisión.

El argumento del Consejo de Estado fue que para adelantar esas convocatorias se necesitaba de una ley estatutaria, por lo cual ni el Consejo Superior de la Judicatura ni el Presidente podían realizar sus propios procesos de conformación de ternas sin una ley que regulara todo ese trámite.

Pero al evaluar la tutela, de forma unánime (con 8 votos), la Corte Constitucional encontró que la interpretación que el Consejo de Estado hizo fue equivocada y además generó un “bloqueo institucional inconstitucional”, que ha impedido conformar la Comisión de Disciplina Judicial.

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Una de las razones, explicó la magistrada Gloria Ortiz, ponente del fallo, es que la misma ley de Equilibrio de Poderes dijo que esa Comisión debía quedar lista en un año, plazo en el que no habría podido adelantarse una ley estatutaria con su debido control constitucional, por lo que esa exigencia que hizo el Consejo de Estado “queda sin sentido”.

Pero, además, la Corte se pronunció sobre otro asunto clave. Ese bloqueo que causó el Consejo de Estado llevó a que dos magistrados de la Sala Disciplinaria que desde hace rato cumplieron sus periodos de ocho años hoy ya lleven 12.

Ellos son los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, quienes están en la Sala Disciplinaria de la Judicatura desde el 2008, y que posteriormente han nombrado a los 5 magistrados provisionales que hoy tiene ese organismo.

Aunque no se refirió con nombre propio a Garzón y Sanabria, el alto tribunal dijo que “la Corte Constitucional constató que los periodos de magistrados de las altas cortes tienen un término imperioso de ocho años, término cuya prórroga es inconstitucional”, dijo Ortiz.

La Corte Constitucional constató que los periodos de magistrados de las altas cortes tienen un término imperioso de ocho años, término cuya prórroga es inconstitucional

“La ampliación de estos periodos por vía interpretativa produce efectos inconstitucionales”, afirmó Ortiz, agregando que está claro que las normas vigentes no permiten “la extensión de los periodos constitucionales de los magistrados por la falta de nombramiento de magistrados que los reemplacen”.

Fuentes de la Corte explicaron que el efecto de esta afirmación es que Sanabria y Garzón deben dejar inmediatamente sus cargos porque la prórroga de sus periodos, que ellos mismos se arrogaron, es ilegítima.

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Aunque ellos han dicho que no podían dejar sus puestos porque eso les implicaría una investigación disciplinaria, un magistrado le dijo a EL TIEMPO que, por el contrario, por continuar en sus despachos a pesar de que ya habían cumplido sus periodos podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias, fiscales y hasta penales.

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET

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