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Cortes

El fantasma de las ‘tutelatones’ / Opinión

Derecho. El aspecto judicial sigue siendo importante en cualquier ámbito de la vida. El estudio de Derecho, según un sondeo realizado por este diario en el pensum de varias universidades, es uno de los más apetecidos y a la vez uno de los más costosos en Colombia. La gran mayoría de universidades del mundo ofrecen esta carrera.

Derecho. El aspecto judicial sigue siendo importante en cualquier ámbito de la vida. El estudio de Derecho, según un sondeo realizado por este diario en el pensum de varias universidades, es uno de los más apetecidos y a la vez uno de los más costosos en Colombia. La gran mayoría de universidades del mundo ofrecen esta carrera.

Foto:istock

Desnaturaliza un recurso de última instancia al que se acude cuando no quedan otros caminos.

Jhon Torres
De nuevo, como en el 2012-2013, se habla en Colombia de ‘tutelatones’. Y otra vez, como entonces, se nos aparecen en un marco de enorme polarización generada alrededor de procesos jurídicos o administrativos contra líderes políticos que han ocupado algunos de los cargos más importantes de la república.

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Más allá de los acalorados debates que rodean esos casos, hay una realidad incontrovertible: las ‘tutelatones’ de cualquier bandera constituyen una desnaturalización de la tutela, que es un recurso de última instancia al que se acude cuando no quedan ya otros caminos jurídicos. Por norma, una tutela la entabla el afectado, su representante legal o, en casos extremos, un tercero que actúa como agente oficioso. Y, en teoría, solo procede cuando es claro que existe una grave vulneración de los derechos fundamentales.
Los que promueven las ‘tutelatones’ suelen desconocer esas realidades. Y no solo politizan la figura, sino que también congestionan aún más nuestro ya casi colapsado aparato de justicia.
(Lea también: ¿Tiene futuro la 'tutelatón' por la libertad de Uribe?)
Eso fue lo que pasó hace siete años, cuando el caos judicial que se generó por cuenta de decisiones que iban y venían en diversos sentidos fue enorme. Al final, ninguna de esas tutelas, más de 1.500, prosperó porque o bien no fueron presentadas por quienes tenían derecho a hacerlo o porque no se había acudido antes a los canales jurídicos preestablecidos por la ley.

Congestionan aún más nuestro ya casi colapsado aparato de justicia

Pero la experiencia fue tan traumática para el país que en el 2018, en otra de las fallidas reformas de la justicia, se planteó atajar de plano las ‘tutelatones’. Ese proyecto de acto legislativo establecía lo siguiente: “Solamente podrán interponer una acción de tutela el titular del derecho afectado, su representante legal, su apoderado o agente oficioso cuando no pueda interponerla directamente. Las acciones de tutela interpuestas por otras personas deberán ser rechazadas de plano y no serán objeto de selección por la Corte Constitucional”.
En medio de las prevenciones que genera cualquier intento de tocar la acción de tutela, la joya de la Constitución del 91, esa reforma no pasó de los primeros debates, y el fantasma que pretendía conjurar volvió en este 2020 a mostrar la cara.
En un país en el que los derechos de los ciudadanos casi siempre pasaban a segundo plano frente al poder del Estado, la acción de tutela generó un revolcón institucional que no se ha detenido en tres décadas. Desde entonces se han entablado más de 8 millones, a un ritmo que en los últimos años superó las 50.000 por mes. La facilidad para recurrir a ella, los plazos perentorios tanto para que haya fallo como para que este se cumpla, así como la jurisprudencia de la Corte en defensa de los derechos básicos, hicieron de la tutela la figura jurídica más querida por los colombianos.
(Además: Casi 7 de cada 10 órdenes de tutela se incumplieron en 2019)
Pero a lo largo de los años le han salido problemas. En el 2019, según un informe de este diario, se incumplieron casi 7 de cada diez tutelas y fue necesario recurrir a acciones de desacato, especialmente para reclamar el derecho a la salud. Y en ese sector, la tutela pasó de ser un mecanismo de amparo extraordinario a un requisito más para lograr tratamientos y medicinas.
Por todo esto, el país necesita volver a hablar de la acción de tutela. Y hay que protegerla tanto de los que pretenden limitar sus alcances como de quienes, contra derecho, abusan de ella.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
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