La médula del fallo de la Corte sobre el procedimiento de la JEP

La médula del fallo de la Corte sobre el procedimiento de la JEP

El alto tribunal tomó cuatro decisiones claves frente a las extradiciones y las pruebas.

Audiencia sobre glifosato

La Corte Constitucional aceptó varios puntos de una demanda contra la ley de procedimiento de la JEP. 

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Justicia
15 de marzo 2019 , 06:26 a.m.

En medio de la polémica por las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte Constitucional aceptó parcialmente una demanda presentada por el ciudadano José David Riveros Name, al tumbar varios artículos que estaban en otra norma, la ley de procedimiento de la JEP.

En esa ley de procedimiento, el uribismo había promovido varios cambios sobre la JEP que fueron eliminados en el último fallo por alto tribunal. 

Uno de los principales es el que le impedía a la JEP practicar pruebas en trámites de extradición. La Corte tumbó esa prohibición y ratificó lo que ya había dicho en dos fallos anteriores, cuando resolvió el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la JEP, y cuando avaló la ley estatutaria. En esa ley estatutaria, la Corte le permitió a la Jurisdicción de paz pedir pruebas, lo que llevó a que a Duque a objetar ese punto.

Pero, además de las pruebas, hay otros elementos fundamentales de la decisión. Estas son las claves del fallo:

Sí puede practicar pruebas

La Corte aseguró que la JEP sí puede practicar pruebas en los trámites de extradición ante esa justicia, para establecer la fecha de los hechos por los que un desmovilizado es requerido por otro país, como en el caso del exjefe de las Farc Jesús Santrich.

Además, la Corte dijo que la función de la JEP en esos casos no consiste únicamente en “verificar” los hechos, sino que debe “evaluar” y hacer “un análisis más amplio”.

El alto tribunal asegura que en una democracia no se puede limitar a un juez a cumplir “una lista de chequeo” y negársele la posibilidad de practicar pruebas, por lo que tumbó las disposiciones de la ley de procedimiento que iban en ese sentido. La competencia para practicar pruebas fue uno de los puntos que el presidente Iván Duque objetó de la ley estatutaria de la JEP. Con el último fallo del alto tribunal, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró que esa decisión “deja zanjada la discusión”.

Se cae sala para militares

La Corte Constitucional tumbó uno de los cambios más polémicos que el uribismo impulsó sobre la JEP. En la ley de procedimiento de esa jurisdicción, el Congreso creó un mecanismo especial para investigar y juzgar a la Fuerza Pública y permitió que los procesos que se llevan en su contra continuaran una vez estuviera listo ese nuevo mecanismo. En ese tiempo seguirían conservando los beneficios de libertad.

Además, el Congreso estableció que no tenían la obligación de revelar el plan macrocriminal de sus delitos en casos como, por ejemplo, ‘falsos positivos’. La Corte tumbó esas normas porque se tramitaron sin cumplir los cuatro debates y se añadieron a última hora.

La senadora Paloma Valencia, quien impulsó ese procedimiento especial, le dijo a EL TIEMPO que el Congreso aún puede modificar el acto legislativo que creó la JEP (el 001 del 2017, sobre el que el presidente Duque propuso una reforma) para buscar ese proceso especial para los militares.

Según Valencia, la JEP es “una justicia politizada, con una ideología, a la que no se puede someter a los hombres que han defendido la democracia”.

Ponderar derechos de las víctimas

La Corte modificó un artículo del Código de Procedimiento Penal con el que la Corte Suprema de Justicia evalúa las extradiciones. El alto tribunal determinó que cuando la Sala Penal evalúe esas solicitudes, “tiene que ponderar la obligación del Estado de investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos, particularmente de los máximos responsables”; esto, para reivindicar a las víctimas.

La Corte ya había hecho una afirmación similar en la ley estatutaria de la JEP. Con esa ponderación, en el pasado, la Corte Suprema ha diferido la extradición de exjefes paramilitares. La diferencia es que con la obligación que le puso la Corte, esta vez, si el caso Santrich llega a la justicia ordinaria, por ejemplo, será obligatorio y no facultativo hacer esa ponderación.

Este punto fue polémico, pues, al dar esa orden, tres magistrados de la Corte Constitucional se apartaron.

Verificación sobre delitos permanentes

La Corte Constitucional aseguró que dentro de la evaluación de pruebas que realiza la JEP al revisar los trámites de extradición, esa jurisdicción también debe hacer una verificación sobre los delitos de carácter permanente.

Estos delitos son los que, una vez comenzados, se siguen extendiendo en el tiempo, como el secuestro, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores, o, según la Corte, el cultivo de drogas ilícitas. El alto tribunal ratificó que la JEP debe evaluar en qué fecha comienzan esos delitos, afirmando que si se iniciaron antes del acuerdo de paz (1.º de diciembre del 2016) y se extendieron después del acuerdo, son de conocimiento de la JEP. Pero si son delitos nuevos que empezaron después de la firma del acuerdo de paz, deben pasar a la justicia ordinaria.

Con esta aclaración, la Corte le respondió a una de las reformas constitucionales que el presidente Iván Duque anunció que hará sobre la JEP, y que había sido pedida por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Duque dijo que buscará reformar la JEP para que “las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1.º de diciembre de 2016 y continúen ejecutándose luego de esa fecha sean de competencia de la Justicia ordinaria para asegurar la justicia y no repetición”.

JUSTICIA

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