Casi un año después de que se presentara la primera denuncia penal por las presuntas irregularidades en los polémicos contratos firmados entre la Fiscalía y la empresa de la politóloga Natalia Springer, la investigación se empezó a mover en el ente acusador.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema a la que le fue asignado el caso en octubre del año pasado, ya tiene en su poder los tres contratos firmados por el ente acusador y la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S. por cerca de cuatro mil millones de pesos. (Lea también: Cuestionan a la Fiscalía por polémica distinción a Natalia Springer)
Los peritos iniciaron el proceso de verificación de la adjudicación desde que el entonces fiscal general Eduardo Montealegre dio vía libre para su firma hasta la entrega de los informes sobre el conflicto armado y el accionar del Eln.
Esos informes, según la anterior administración de la Fiscalía eran confidenciales y de hecho por esa razón no fueron entregados a la Procuraduría que adelanta una investigación disciplinaria por esos hechos.
El primero que será escuchado en declaración para dar explicaciones sobre el proceso, es el exjefe de la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía Juan Pablo Hinestrosa. Esa unidad recibió los informes entregados por Springer los cuales, según anunció el ente acusador, serán usados en una macroimputación de cargos contra el Eln. (Además: 'Nadie me ha dado ni un centavo de esos $4.000 millones': Springer)
Hinestrosa ya fue citado por los investigadores de la Fiscalía y tendrá que explicar los alcances de los informes entregados por Springer como parte del contrato que ya fue liquidado, pagado y recibido a satisfacción. Su antecesor, Alejandro Ramelli, salió del cargo luego de que se opusiera al avance de ese proceso. A finales del 2013 el exfuncionario recomendó no pagar 895 millones de pesos del contrato por considerar que lo entregado por Springer no estaba articulado con sus investigaciones y no era útil para su trabajo.
Fuentes cercanas al caso señalaron que como parte del plan metodológico de la investigación también serán citados a declarar Marcela Yepes, que era la directora Nacional de Apoyo a la Gestión y que firmó los contratos, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el exjefe de la Dirección de Contexto Alejandro Ramelli.
El director de la Red de Veedurías ciudadanas Pablo Bustos, quien presentó la denuncia que hoy está en el despacho de una fiscal delegada ante la Corte, dijo que se incurrió en los delitos de celebración indebida de contratos, tráfico de influencias e interés indebido en la contratación. (Lea también: La reaparición en Washington de Natalia Springer)
Los investigadores encontraron que la empresa de Springer ya no funciona en el edificio del norte de Bogotá en el que aparece registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad. Y periodistas de EL TIEMPO visitaron el sitio en el que manifestaron que la politóloga entregó las oficinas hace dos meses. De hecho un funcionario de la Cámara señaló que Springer había iniciado el proceso para liquidar su empresa.
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