Los millonarios hilos que mueven la indigencia en el país

Los colombianos nos los encontramos a diario en cualquier calle, y pocos podrían decir sin mentir, que, cuando menos, su presencia no los molesta. Su número se ha multiplicado en las últimas décadas, amarrado al aumento del consumo interno de droga, pero los ojos del país solo se vinieron a fijar en lo que representan en mayo pasado, cuando la toma de las autoridades al sector del ‘Bronx’, en Bogotá, mostró el oscuro mundo al que están sometidos.

La expresión políticamente correcta para llamarlos es ‘habitantes de calle’, pero lo usual es que les digan indigentes y, cómo no, ‘desechables’. Desechables para la mayoría, menos para mafias locales que tienen amarrado a ellos un millonario mercado y, a la vez, mano de obra barata para sus negocios ilegales.

Censos que las fuentes en todo el país califican como precarios hablan de al menos 40.000 personas en condición de indigencia extrema. Representan, en conjunto, una población superior a la del casco urbano de Leticia, la capital del Amazonas, y más allá de las apariencias gira a su alrededor una danza de millones de pesos. (Lea también: Fiscalía confirma nuevo hallazgo de restos humanos en el 'Bronx')

La mayoría de ellos puede caminar 7 kilómetros a diario –escarbando en la basura en busca de reciclaje– y aguantar un día sin mayor bocado, pero no resiste más de tres horas sin el humo de una ‘bicha’ o una ‘pipa’ de PVC con basuco, la droga más barata y más contaminada de las calles.

Son 40.000 potenciales compradores de todo tipo de alucinógenos que mueven un mercado que se tasa por ‘bombas’ (10 dosis de basuco) que se compran en las ollas a 10.000 pesos; bolsas de ‘sacol’ (pegante) a $ 500 o ‘diablos’ (mezcla de basuco y marihuana) que se consiguen por 2.000 pesos.

Una dosis se puede pagar con monedas, pero cuando se suman las que les venden a diario la cuenta se hace en cientos de millones de pesos. Habitantes de calle que hablaron con EL TIEMPO coincidieron en que consumen un promedio de 10 ‘bichas’ de basuco al día, pero hay quienes llegan a las 25. Esa es la razón por la que en todas las ciudades las bandas se disputan a muerte ese mercado cautivo de la indigencia.

En Medellín, por ejemplo, los ‘combos’ ganan por lado y lado. Así, les cobran vacuna por dejarlos dormir en las aceras (entre 500 y 800 pesos diarios), pero también les prohíben comprar a redes que no sean las suyas. Si se tiene en cuenta que en esa capital hay unos 3.500 habitantes de calle y que, según las autoridades, el 95 por ciento tiene problemas de adicción, ese negocio movería más de 30 millones de pesos al día. Y en todo el país la cifra podría estar entre los $ 300 y $ 400 millones diarios, tan solo en el target de los que, supuestamente, no tienen cómo pagar por nada.

La plata que puede recibir en un día normal alguien de la calle sorprende, y eso hablando de actividades legales. Así, una noche de reciclaje puede dejar ingresos por 60.000 pesos; cuidar carros, entre 20.000 y 30.000; y pedir limosna, entre 70.000 y 150.000 pesos en las esquinas más concurridas de las grandes ciudades.

Los golpes de las autoridades contra las ollas más grandes del país, empezando por el ‘Bronx’, tienen patas arriba el mercado de los narcóticos. Así, de la venta abierta que se realizaba en algunas calles dominadas por el hampa se ha pasado a situaciones en las que los dueños de la droga, usualmente bandas locales, tienen que salir a buscar a sus clientes. (Además: Lo que viene después de seis meses de la intervención al 'Bronx')

El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, dice que hoy en esa ciudad el 60 por ciento de los expendedores son ambulantes y que, literalmente, persiguen a sus antiguos clientes para mantener su negocio boyante.

En Bogotá, la primera estrategia que usaron los ‘ganchos’ –capos de las ollas– fue utilizarlos para generar una crisis de seguridad en sectores céntricos y forzar a la Alcaldía Mayor y a la Policía a desistir del plan de demoler el ‘Bronx’.

Algunos de los habitantes de calle que decidieron acogerse a los programas de recuperación que el Distrito abrió simultáneamente con la intervención aseguran que han visto cerca de los centros a jíbaros que incluso les dan dosis gratis.

Y no se trata solo de mantener la venta de alucinógenos. En todo el país, ellos son usados para transportar todo tipo de sustancias ilegales, empezando por la droga. “Les pagan por llevar cargamentos de un sitio a otro, pero también les pagan con dosis por lo que han robado. Parte de ese pago lo revenden en los barrios y ese es uno de los factores que han disparado el microtráfico en el país”, dice una alta fuente de la Fiscalía. También los están usando como ‘campaneros’ y hasta les dan celulares para que avisen de cualquier movimiento inusual en los barrios.

“Para no ‘boletearse’ tanto e intentar manejar un bajo perfil, las bandas les entregan pequeños paquetes de droga que ocultan entre sus prendas y sacos para transportar a pie por extensos recorridos, reciben diariamente dosis mínimas de droga que los mantienen en el vicio”, insistió una fuente policial en Bucaramanga. Rubén Darío, un hombre de 31 años que ha vivido casi toda su vida en la calle y que se define como ‘lujero’ (así les dicen a los que se roban partes de carros), lo explica así: “A uno de ‘ñero’ nadie se le arrima, ni la Policía”.

El transporte de droga no deja de ser para ellos una actividad riesgosa. No tanto por la posibilidad de que sean detenidos, sino porque los dueños de la carga no aceptan excusas y si no la entregan tienen que pagarla de alguna manera.

El pago puede ser un asalto, llevar la carta para una extorsión o incluso un asesinato. Fernando, un antiguo sicario del sector de El Cartucho en Bogotá que terminó en la indigencia, dice que su ‘negocio’ se dañó en parte porque a los habitantes de calle los usan también para atentados y ajustes de cuentas, y que les pagan entre 100.000 y 200.000 pesos por “hacer un trabajo por el que antes se cobraban 15 millones”: “Los buscan porque vestidos así, mugrosos, pueden pasar cerca de la gente. Los contratan para echarle pegante a alguien en el pelo o para pegarle una ‘cascada’ ”.

Una encuesta del Distrito del 2015 les preguntó a 4.000 habitantes de calle por situaciones de violencia en las que hubieran estado involucrados. El 52 por ciento admitió haber cometido hurtos y atracos; el 49,41 %, lesiones personales; el 28,54 %, heridas graves; el 25,08 %, estafas; el 22,56 %, amenazas; un 8,52 % homicidios; un 7,48 %, cobro de vacunas; un 2,2, violaciones, y el 1,34 por ciento, secuestros.

En Bucaramanga, ‘Muelón’, quien hasta hace tres meses deambulaba por las calles del norte de la ciudad, le dijo a EL TIEMPO que perdió la cuenta del número de personas que robó durante 25 años.

Este hombre de 53 años de edad, de tez delgada, con la dentadura incompleta y con numerosas cicatrices producto de heridas con navajas y picos de botella, narró que con cuchillo en mano y hasta con revólver asaltó a muchos transeúntes desprevenidos. En su haber registra 17 entradas a la cárcel Modelo, 2 a la cárcel del mismo nombre en Bogotá y 2 más a un reclusorio de Barranquilla.

“Sé de muchos que como yo siguen en la calle y roban todos los días para comprar droga, porque la comida se consigue fácil con la gente y fundaciones que ayudan a los que como yo cayeron en el mundo de las calles”, asegura.

La delincuencia asociada al consumo de drogas tiene en esta población índices mucho más altos que en otros grupos de adictos. Este factor es clave para explicar la millonaria rentabilidad que deja hoy el microtráfico, hasta niveles del 2.400 por ciento en algunas ciudades, según un reciente estudio de Planeación Nacional. La razón es sencilla: las bandas que venden la droga les reciben a los habitantes de calle, a precios irrisorios, lo que traigan, desde material reciclado hasta objetos robados de todo tipo.

En Bogotá, aunque las ollas más famosas son las de El Cartucho, el ‘Bronx’ y San Bernardo, hay otras no menos activas. En el extremo occidente de la ciudad, cerca del humedal de Jaboque, hay una que tiene años y a dónde llegan los que tienen algo que canjear por droga. (También: A bala, mafias del 'Bronx' se iban a tomar San Bernardo)

“Allí cambiábamos lo que lleváramos por ‘bichas’: desde unos zapatos ‘sanos’, un pantalón, herramientas, hasta el lujo de un carro. Cualquier cosa que se pudiera vender servía para la ‘soplada’. Por unos ‘pisos’ completos –así le llama a las zapatillas– me daban 5.000 pesos”, le dijo a este diario un habitante de calle.

En ese lugar, a dónde aún no entran las autoridades, hay dos grandes ‘ganchos’. Uno lo lideran dos mujeres y el otro es llamado ‘los Paisas’. Allá, dice la fuente, sigue habiendo casas donde “dan fuego” (ofrecen la droga y el sitio para consumirla).

La historia se repite en todas las ciudades, y tiene temporadas. En medio de su adicción, los habitantes de calle terminan convertidos en una especie de zombis del delito. “En su mayoría son personas enfermas, consumidoras. Eso los hace proclives a que se aprovechen de ellos”, dice el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. En esa capital las bandas organizadas que se dedican al robo de cableado y tapas de alcantarilla los subcontratan para que arriesguen su vida por esos elementos, a cambio de unos pocos pesos o de algunas papeletas. Eso le pasó a un reciclador que murió electrocutado cuando intentaba hurtar cable de una red pública en noviembre pasado.

Como las autoridades de todo el país han tomado medidas para proteger ese material y han terminado por cambiar las tapas de alcantarilla por otras no metálica, ahora la modalidad que usan es robarse las rejas de antejardines.

En Cali, la Policía ha detenido en lo que va de este 2016 por robo de cableado a 56 personas. El año pasado fueron 64. De ese número, más del 90 por ciento corresponde a miembros de bandas delincuenciales. Los habitantes de calle figuran en una pequeña proporción y lo hacen, sobre todo, para tener dinero para el consumo.

Esas bandas, según la Policía, los contactan para identificar los sitios para posibles hurtos y en otros casos, para ir sacando pedazos de material, como ocurrió el mes pasado con la destrucción del monumento de Héctor Lombana, hecho en cuarzo y pizarra, en plena avenida sexta.

En la capital del Valle el robo de tapas de alcantarillas se viene frenando porque se están reemplazando por las de corcho y quitar alguna requiere herramientas específicas. Los mayores robos ocurrieron en el 2011, con pérdidas de 2.000 unidades por valor de 500 millones de pesos. El negocio resultaba atractivo porque el kilo costaba en el mercado clandestino alrededor de $ 6.500; cuando lo compran las fundidoras supera los 30.000 y 40.000 pesos. Para Emcali, la reposición de una sola tapa costaba hasta 330.000.

Desarticular esas organizaciones que se aprovechan de su adicción es una de las claves para empezar a controlar el creciente problema de la indigencia en el país. Pero, agrega la secretaria de Integración Social de Bogotá, María Consuelo Araújo, esa es la mitad de la tarea. Asegura que hay que persistir en los programas tanto para sacarlos de la droga como para ofrecerles verdaderas oportunidades para recuperar sus familias, su trabajo y la dignidad. (También: Capturan a integrantes de mafia del 'Bronx' con 10.000 dosis de bazuco)

De 2.050 personas que salieron del ‘Bronx’ y fueron atendidos en el operativo conjunto de la Alcaldía Mayor, Bienestar Familiar, Fiscalía, Policía y la Secretaría de Seguridad, hay 550 que se mantienen en el proceso de rehabilitación. “En la medida que no nos fortalezcamos en la prevención en el consumo de drogas no vamos a hacer nada”, advierte.

JUSTICIAJusticia@eltiempo.com