Una de las prácticas más macabras que ha dejado el conflicto armado en Colombia es el de la desaparición forzada. Hasta hace poco, la cifra oficial era de 26.000 desaparecidos por cuenta de la guerra. Sin embargo, según un reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ese drama lo viven hoy 60.630 familias.
La cifra no solo está muy distante de la que se manejaba, sino que además revela los alcances de una práctica considerada delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible: según Memoria Histórica, entre 1970 y el 2015 en promedio tres personas fueron desaparecidas forzadamente cada día, lo que equivale a un caso cada ocho horas. La cifra total representa el doble de los desaparecidos por la dictadura militar en Argentina.
Aunque la mayoría de estos crímenes se perpetraron en décadas pasadas, llama la atención que entre el 2005 y el 2015, de acuerdo con el documento, se denunciaron casi diez mil víctimas.
(Además: Desaparición forzada debe ser juzgada por justicia ordinaria: ONU)
Estos 34.630 casos que engrosaron el registro nacional fueron documentados gracias a la inclusión de los registros que tiene la Unidad para las Víctimas y otras instituciones gubernamentales, ONG, declaraciones de los actores armados y bases de datos de 102 fuentes sociales e institucionales como periódicos, reportajes audiovisuales, sentencias judiciales, fotografías, entre otros.
Además, se registraron casos que habían sido excluidos “debido a que no existía información sobre el victimario o el perfil de la víctima y se extendió el criterio de inclusión a aquellos casos de secuestro que mutaron en desapariciones forzadas porque el perpetrador se negó a dar información de la víctima luego de que se cumplieran o no las exigencias por su liberación”, señala el informe.
Igualmente, fueron tenidas en cuenta las exhumaciones realizadas por la Fiscalía en fosas comunes de todo el país. El informe menciona que al 1.° de junio del 2016, la Fiscalía ha practicado 6.570 exhumaciones, de las cuales ha identificado 3.075 cuerpos. De ese total solo 1.334 personas habían sido reportadas como víctimas de desaparición forzada.
En cuanto a los perpetradores, el documento establece que en el 51,4 por ciento de los casos se desconoce el autor. Del resto, el 46,1 por ciento corresponde a los grupos paramilitares; 19,9 por ciento, a las guerrillas; 8,8 por ciento, a grupos posdesmovilización; el 8 por ciento, a agentes del Estado y el 15,9 por ciento, a grupo armado no identificado.
De las 5.849 desapariciones cometidas por las guerrillas, 4.553 no identifican al grupo guerrillero, mientras que 1.067 fueron atribuidas a las Farc, 157 al Eln, 21 al Epl y 21 a disidencias guerrilleras. Muchos casos corresponden a secuestrados que nunca regresaron a sus hogares. No menos de 500 son militares que terminaron cautivos tras combates o que fueron secuestrados cuando iban de civil y sin armas.
(Vea nuestro especial multimedia: Desaparecidos, duelo eterno)
El informe muestra que de las 2.331 desapariciones atribuidas a agentes del Estado, 1.472 corresponden a miembros del Ejército, 653 a policías, 55 al liquidado DAS, 25 a miembros de la Armada y siete efectivos de la Fuerza Aérea.
El Centro de Memoria Histórica revela que, en promedio, nueve de cada diez víctimas eran hombres. Y que aunque aún no se tiene registro de mujeres que desaparecieron estando en embarazo, la base de datos ha podido documentar 12 casos.
(Lea también: La paz, nueva esperanza para familiares de desaparecidos)
Entre esas víctimas está Omayra Montoya, desaparecida en 1977 con tres meses de gestación y quien además es la primera víctima de desaparición forzada reconocida en Colombia. El caso, aún impune, fue perpetrado por agentes del desaparecido F-2 de la Policía en Atlántico.
Además, el informe destaca que de las 20.210 víctimas de las que se conoce la edad (33,3 por ciento del total), al menos 3.200 eran menores de edad. Se reportaron 11.850 de entre 18 y 35 años; 4.205 de entre 36 y 55 años y 938 mayores de 56.
De la totalidad de las víctimas documentadas, 874 registran pertenencia étnica: 423 indígenas, 421 afrocolombianos, 26 raizales y 3 palenqueros.
(Le puede interesar: Conflicto pesa cada vez menos en drama de la desaparición en Colombia)
cifra de victimas de desaparicion forzada en colombia
En cuanto a las regiones más afectadas, el Magdalena Medio, el oriente antioqueño y el Valle de Aburrá (Antioquia) suman 10.377 desapariciones forzadas. Le siguen el Urabá, el alto Sinú y San Jorge (Córdoba), el bajo Cauca y el suroeste antioqueño, con 6.933 casos.
Regiones como Ariari-Guayabero (Meta) y Florencia (Caquetá) registran 4.483 desaparecidos. Las regiones del Pacífico, como el Valle, Cauca, Nariño y el bajo Putumayo, reportan 4.089 casos.
El Catatumbo registra 1.052 desapariciones; el piedemonte llanero, 2.106 casos, y la Sierra Nevada de Santa Marta tiene 3.208.
(Vea nuestro especial multimedia: Los muertos que nadie reclama)
De acuerdo con el estudio, la repartición del fenómeno coincide con las zonas de consolidación de los grupos paramilitares en el norte del país, de las Farc en el suroriente y de las zonas de disputa en el centro y suroccidente del territorio nacional. Además, “toda esta geografía está permeada por los circuitos de cultivo, procesamiento y exportación de coca en el norte, suroriente y suroccidente”, dice el informe.
Solo en 5.231 casos registrados por el Centro de Memoria se conoce la ocupación de la víctima. De estos, el 43,3 por ciento eran campesinos. Le siguen obreros y profesionales asociados a la economía formal, con un 15,6 por ciento; comerciantes y vendedores ambulantes, con 14,1 por ciento; funcionarios públicos, 4 por ciento. Los combatientes, incluyendo miembros de la Fuerza Pública, representan un 10,8 por ciento de las víctimas de desaparición.
De estas 60.630 víctimas reconocidas de desaparición forzada, después de varios años hubo noticias de 8.122. El documento dice que en 3.480 casos se encontró el cadáver y que en otros 3.658 casos los restos siguen desaparecidos, pero existe información, principalmente, por declaraciones de los actores armados.
KAREN BOHÓRQUEZ CONTRERAS
Redacción JUSTICIAJusticia@eltiempo.com
Comentar