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Gobierno pide a Corte ajustes a ley que prohibió castigo físico a menores
Buscan prohibir el castigo físico en Colombia

El castigo físico puede resultar dañino en el mediano y largo plazo para los niños.

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Gobierno pide a Corte ajustes a ley que prohibió castigo físico a menores

El castigo físico puede resultar dañino en el mediano y largo plazo para los niños.

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Pide tumbar apartado que define castigo físico como "acción de crianza" para evitar confusiones.

El Gobierno Nacional apoyó ante la Corte Constitucional las pretensiones de una demanda que busca hacerle precisiones a la reciente ley expedida por el Congreso que prohíbe el castigo físico a los niños, niñas y adolescentes. La razón de ello es que algunos de los contenidos de la ley 2089 de 2021, tal y como quedaron redactados, podrían dar a entender que en algunas situaciones de maltrato infantil es válido.

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La definición de castigo físico partiendo de que sea una forma “de crianza, orientación o educación” se considera  inconveniente; por tanto, se solicita la inexequibilidad de dichas expresiones

La Corte estudia una demanda de los abogados Manuel Gustavo Díaz Sarasty y María Inés Figueroa Dorado contra dos apartados.

El primero es aquel que define el castigo físico como "aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta punible de maltrato o violencia intrafamiliar".

En un concepto enviado de manera conjunta entre el Ministerio de Justicia y el ICBF, el Gobierno dijo que definir el castigo físico como una "acción de crianza, orientación o educación" es "inconveniente" ya que podría dar a entender un mensaje diferente al que realmente busca la ley.

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"El fin de las definiciones introducidas en la norma es partir de la concepción de conceptos socialmente aceptados, para proceder a su prohibición. Lo anterior implica que el castigo físico como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes se encuentra igualmente proscrito. Ahora bien, pese a que el fin de la norma es la prohibición del castigo físico, y la implementación de estrategias pedagógicas y de prevención dirigidas a eliminar estas prácticas como “supuestas pautas de crianza o de cuidado”; la definición de castigo físico partiendo de que sea una forma “de crianza, orientación o educación” se considera inconveniente; por tanto, se solicita la inexequibilidad de dichas expresiones al interior de la definición de 'castigo físico' ", dice el concepto.

El Gobierno busca dejar en claro que "el fin de esta definición no es legitimar el castigo como conducta permitida, sino partir de la definición negativa que ha sido aceptada socialmente, para alcanzar su prohibición en lo extenso del texto normativo de la Ley 2089 de 2021".

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El Icbf y el Ministerio de Justicia pidieron que la Corte Constitucional determine el alcance de la definición de 'castigo físico'

"Así las cosas, teniendo en cuenta el fin mismo de la norma demandada, este tipo de actos deben ser proscritos, en la medida que afectan el bienestar, salud y adecuado desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. Justificar la causación de dolor para criar, orientar o educar, desconoce la dignidad de todo ser humano y mucho más si dicho actuar recae frente a sujetos de especial protección constitucional que se encuentran en situación de indefensión, como sucede en el caso de niños, niñas y adolescentes", agrega el documento.

El Icbf y el Ministerio de Justicia pidieron que la Corte Constitucional determine el alcance de la definición de 'castigo físico', sin que se considere que este es una forma valida y legítima, sino que por el contrario se trata de un proceder que se encuentra prohibido, lo que implicaría claramente a su vez que no es una forma de crianza, orientación o educación válida".

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De otro lado, la demanda también está dirigida en contra de otro apartado, que señala "el castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre y cuando no sean una conducta reiterativa y no afecte la salud mental o física del niño, niña o adolescente". 

Como contó EL TIEMPO, según los demandantes, con la redacción de la norma, se crearon dos requisitos implacables para que los malos tratos puedan ser causal de pérdida de patria potestad: que sean repetitivos y que, al mismo tiempo, afecten la salud mental del menor.

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En el concepto enviado a la Corte, el Ministerio de Justicia y el ICBF pidieron condicionar dicha expresión para que quede claro que "el castigo físico y los tratos crueles o humillantes serán causal de pérdida de la patria potestad o de la custodia cuando sean una conducta reiterativa o afecten la salud mental o física del niño, niña o adolescente".

Lo anterior, "teniendo en cuenta además, que corresponderá al juez de conocimiento valorar en cada caso las circunstancias que rodean al menor afectado, para efectos de determinar si amerita decretar la pérdida de la patria potestad del padre o padres que incurren en tales conductas".

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Según indicaron, las precisiones a la redacción de la nueva ley son necesarias ya que sería "desafortunada" una interpretación que indique que el castigo físico solo sería causal de pérdida de la patria potestad "cuando la conducta sea reiterativa y además afecte la salud mental o física del niño, en el entendido en que se pueden presentar casos en los que el castigo físico o el trato cruel sea sean graves sin que ser reiterativas. Igualmente sucede si se exige la reiteración de la conducta para que la autoridad pueda actuar".

De otro lado, la Presidencia envió un concepto a la Corte Constitucional en el que  afirma que las leyes no pueden permitir interpretaciones abiertas.

"Las normas no deben abrir espacios que conlleven a la vulneración de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, respecto de los cuales tenemos una responsabilidad el Estado, las familias y la comunidad de adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que sean necesarias para protegerlos", dice la postura de la Presidencia.

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En  2021, han ingresado 1.121 niñas, niños y adolescentes a procesos  de restablecimiento de derechos por violencia  violencia física y 715 niñas, niños y adolescentes por violencia psicológica

Dicho concepto señala que en el año 2021 han ingresado 6.961 niñas, niños y adolescentes en Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por violencia sexual, 4.783 niñas, niños y adolescentes por negligencia, 1.221 niñas, niños y adolescentes por violencia física y 715 niñas, niños y adolescentes por violencia psicológica.

"Lo anterior exige de intervenciones inmediatas para garantizar la protección integral de todas las personas menores de 18 años, con el fin de proteger sus bienes jurídicos como la vida, integridades física y psicológica; por tal motivo no es tolerable ni congruente que el maltrato sea
reiterativo y que afecte la salud mental o física del niño, niña o adolescente para que se activen las herramientas de protección contenidas en el ordenamiento jurídico", dice el concepto.

Allí, además, se explica la estrategia denominada "Crianza Amorosa + Juego" de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia como una iniciativa que "ofrece procesos de formación que se basan en métodos vivenciales y de reflexión que ayudan a los padres y cuidadores a ponerse en el lugar de las niñas y los niños y descubrir así las estrategias que realmente funcionan en términos de crianza y educación".

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La demanda también es apoyada por la Defensoría del Pueblo y su estudio está en curso en el despacho del magistrado Alejandro Linares Cantillo.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: JusticiaET

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