La audiencia en la que la Fiscalía destapó este jueves las evidencias contra el cuestionado expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte reveló ante el país el más escandaloso expediente de corrupción judicial en la historia de Colombia.
Aunque se trataba del caso de Ricaurte, la Fiscalía expuso los detalles que ponen al también expresidente de la Corte Leonidas Bustos y al actual magistrado Gustavo Malo Fernández en la picota pública.
“Los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos dirigieron y promovieron una organización criminal”, de la que también hacían parte el magistrado Malo, el exfiscal Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla, y que funcionó entre el 2013 y el 2017. Esa es una de las contundentes afirmaciones que pronunció la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos contra Ricaurte.
“La organización se dedicaba a cometer delitos que afectaron la seguridad pública, la administración pública y la recta impartición de justicia”, sostuvo la Fiscalía. Agregó que sus miembros tenían como base las casas de Ricaurte y Bustos en Bogotá, pero que incluso hubo reuniones fuera del país, como sucedió a finales del 2014 en un Marriott de Miami.
La Fiscalía dice que Ricaurte y Moreno se conocieron en el 2013 a través de Leonidas Bustos. Allí empezó a orquestarse el aparato para torcer la justicia: “Era usted –le dijo el fiscal del caso al poderoso exmagistrado Ricaurte– quien generalmente contactaba a los congresistas y políticos de quienes se supiera tenían investigación e indagaciones”.
Añadió que la banda “utilizaba información privilegiada, manipulaba testigos para cambiar versiones, instrumentalizaba a los medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, desaparecía o alteraba evidencias y obtenían decisiones con apariencia de legalidad”. Si ninguna de esas estrategias era viable, entonces pasaban a dilatar los procesos, como en el caso de Musa Besaile.
El primer caso identificado fue el del senador de Atlántico Álvaro Ashton. Él tenía un proceso por ‘parapolítica’ que estaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo. Según la Fiscalía, para evitar una captura el senador se reunió en el 2013 con Ricaurte en la casa de este, en el Palacio de Justicia y también en el Congreso.
“Acordaron el pago de 1.200 millones para archivar la investigación, pero no lo pueden hacer porque se dan cuenta de que esa decisión no pasaría en la Sala Penal de la Corte”, narró el fiscal.
Según la Fiscalía, de ese soborno también recibieron dinero Leonidas Bustos, Malo y el exfiscal Gustavo Moreno. El resultado, dijo el fiscal del caso, fue que la investigación quedó frenada. EL TIEMPO confirmó que el senador entró cinco veces a la oficina de Ricaurte en la Judicatura y una vez a la de Bustos, entre el 2012 y el 2014.
En un segundo caso, dijo la Fiscalía, Ricaurte “le ordenó a Moreno” que se contactara con el senador Musa Besaile para ofrecerle frenar una orden de captura en su contra por ‘parapolítica’. Como ya se conoce, en el primer semestre del 2015 parte del dinero fue entregado por el abogado de Besaile, Luis Ignacio Lyons, a Moreno.
El ente acusador indicó que Ricaurte recibió en dos contados 540 millones de pesos, y que se molestó porque el abogado Lyons se quedó con alrededor de 110 millones de pesos. Según el expediente, entonces decidió recibir los restantes 1.300 millones directamente de Musa Besaile.
La Fiscalía sostiene, en una de sus afirmaciones más graves, que de esa plata recibió una comisión el magistrado Gustavo Malo, quien sigue en la Sala Penal de la Corte y se niega a dejar su cargo.
En el caso del exgobernador Alejandro Lyons, quien es testigo de la Fiscalía, el primer intermediario de la red fue el exmagistrado Camilo Tarquino. “En octubre del 2014, el señor Alejandro Lyons se contactó con el señor Camilo Humberto Tarquino Gallego, exmagistrado de la Corte, a través de una amiga común, Muriel Benito Rebollo, con la finalidad aparente inicial de obtener una ayuda de ese profesional del derecho”, dice el expediente.
Agrega que Lyons entregó 30 millones de pesos para que este iniciara las gestiones, pero que Tarquino señaló que si el entonces gobernador de Córdoba quería salvarse del grueso expediente de corrupción en su contra, había que pagar 20.000 millones.
El exmagistrado le dijo a Lyons “que debía pagar 20.000 millones de pesos con la finalidad de solucionar definitivamente sus problemas, para lo cual afirmó que había un equipo de magistrados dedicados a ese tipo de actividades, intervenir en favor de los intereses de los procesados en las actuaciones que se adelantaban en la Corte y la Fiscalía”, y mencionó a Bustos y a Ricaurte.
Tarquino ya había salido de la Corte y por eso su suerte será similar a la de Ricaurte, pues no tiene el fuero de magistrado.
Un cuarto proceso que, según la Fiscalía, fue torcido por la red fue el del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, cuyo proceso estaba en el despacho del exfiscal Alfredo Bettin, quien acaba de salir de la Fiscalía.
“Usted, doctor Francisco Ricaurte, y el hoy exfiscal noveno, Alfredo Bettin, acordaron por una parte orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir. Y por otro lado, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”, dijo el fiscal del caso.
Ese fiscal, que era protegido de Bustos, Ricaurte y Gustavo Malo, también será procesado por la justicia. El proceso de Abadía estuvo engavetado hasta que la administración de Néstor Humberto Martínez detectó irregularidades y le imputó cargos por corrupción en contratación.
La Fiscalía verificó además que el Fonade, que era uno de los cotos burocráticos de los ‘Ñoños’, fue utilizado para beneficiar a los integrantes de la organización criminal.
Según el exfiscal Moreno, quien está colaborando con la justicia, Ricaurte era “uno de los promotores y líderes” de la banda.
La Fiscalía dijo también que a Julio Manzur le cobraron 2.000 millones de pesos y que como se negó a la extorsión terminó capturado por orden de Malo.
En la madrugada de este viernes, la juez 40 de control de garantías envió a prisión al exmagistrado Francisco Ricaurte. La funcionaria judicial señaló que las evidencias presentadas por la Fiscalía permiten establecer que Ricaurte pudo cometer dichos delitos.
La defensa del exmagistrado Gustavo Ricaurte señaló que no hay evidencias de su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía.
El abogado de Ricaurte señaló que la Fiscalía no presentó elementos de juicio para señalar que su defendido puede afectar el proceso.
"De dónde sustenta la Fiscalía que él puede interferir en funcionarios, cuál es el sustento de esa afirmación", insistió el abogado del exmagistrado.
Igualmente, sostuvo que Ricaurte tenía compromisos adquiridos fuera del país y los canceló para atender el llamado de la justicia y ha estado atento a las citaciones de la Fiscalía.
Sostuvo, además, que no hay las suficientes evidencias para privarlo de la libertad y que la Fiscalía “falló en su deber de investigar y solo hay los testimonios de unos testigos controvertibles".
Como pocas veces ha ocurrido, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes citó este jueves a los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación por supuestos sobornos en ese alto tribunal.
El representante investigador del caso, Edward Rodríguez (Centro Democrático), afirmó que la citación será para la próxima semana, que se hizo “a petición de la defensa” y que se extenderá “a algunos exmagistrados” de ese alto tribunal.
La célula congresional investiga si los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y el actual togado Gustavo Malo Fernández cobraron sobornos a congresistas para torcer sus procesos en la Corte Suprema.
Entre los congresistas que al parecer habrían pagado coimas están Hernán Andrade (conservador), Álvaro Ashton (liberal) y Musa Besaile (‘la U’) y el exsenador Luis Alfredo Ramos.
La citación a los magistrados del alto tribunal se conoció luego de que los abogados Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, supuestos intermediarios de los pagos, no asistieron este jueves a declarar. Pinilla habría usado su derecho “a no autoincriminarse” y Moreno “pidió” aplazamiento.
El senador Bernardo Miguel Elías Vidal, el ‘Ñoño’, se convirtió ayer en el segundo congresista del Partido de ‘la U’ en ser suspendido por líos con la justicia.
‘Ñoño’ Elías, quien está privado de la libertad, es investigado por su presunta participación en los sobornos que habría pagado a la multinacional Odebrecht.
La suspensión, decidida por la Mesa Directiva del Senado, indica que el legislador no podrá ser reemplazado por ‘la U’, mientras que no se resuelva su investigación en la Corte Suprema.
Además, se queda sin oficina en el Capitolio, deja de recibir su sueldo, se acaba su Unidad de Trabajo Legislativo y debe entregar los carros que tenía a su cargo.
JUSTICIA
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