Los rostros detrás de la judicialización del aborto

Los rostros detrás de la judicialización del aborto

Menores de edad y víctimas de violencia sexual, entre las investigadas. 

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EFE

Por: Justicia
02 de marzo 2020 , 09:13 p.m.

Andrea* tenía menos de 15 años cuando acudió a la Clínica del Tolima, en Ibagué, con un aborto en curso. Tras atenderla, el personal avisó a las autoridades sobre la interrupción del embarazo, pese a que la niña tenía una certificación que determinaba que era un riesgo para su salud.

A pesar de que se trataba de una menor de 15 años –lo que en teoría lleva a presumir que se trató de un hecho de violencia sexual, pues en la legislación colombiana están prohibidas las relaciones con menores de 14 años- y de que tenía el certificado de un médico sobre su salud, la menor fue judicializada. Ella cumplía con dos de las causales despenalizadas, pero aún así se le abrió un proceso penal.

El delito por el que la investigaron es el de aborto, que está tipificado en el artículo 122 del Código Penal, e impone penas de hasta 4 años y medio de prisión para las mujeres que interrumpan su embarazo por fuera de las tres causales permitidas desde el 2006 por la Corte Constitucional: riesgo para la vida o salud de la madre, violación, o malformación del feto.

Desde 1998 hasta el 2019, según cifras de la propia Fiscalía General, el ente acusador recibió 5.833 denuncias por delitos de aborto en el país. De ellas, 495 tenían entre 14 y 17 años, como Andrea, cuyo caso fue conocido por la Mesa por la Vida y la Salud de Mujeres. Incluso, cuatro de las mujeres investigadas por la Fiscalía, según el ente acusador, tenían menos de 14 años, situación en la que la violencia sexual se presume, por lo que esas menores podrían abortar. 

Como Andrea, además, en la mayoría de casos los denunciantes fueron los mismos médicos. La Fiscalía asegura que en los 632 casos en los que se tiene información de quién era el denunciante, el 6,32 por ciento tenía una profesión asociada a la medicina.

Así le ocurrió a Sara*, otro de los casos que ha sido conocido por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Ella acudió a un servicio de urgencias de una IPS en Bogotá, cuando también tenía un aborto en curso. El médico que la atendió la increpó por haber abortado y le preguntó dónde había dejado el feto. Sin tener ninguna consideración con la mujer, la intervino.

En la historia clínica el médico registró que daba aviso a las autoridades competentes, violando el secreto profesional. El caso terminó en el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, al interponer contra el médico una queja por violación al secreto profesional y a la intimidad, queja aceptada por la Sala Plena de dicho tribunal.

Otro caso que acompañó la Mesa es el de Lina*, quien tenía 23 años y estaba en el primer trimestre de embarazo. A pesar de que había tenido un aborto espontáneo, la clínica a la que acudió en Ibagué decidió avisar a las autoridades, que la judicializaron. 

Algunos galenos tampoco estarían respetando los protocolos y el secreto médico en los casos de violencia sexual. Por ejemplo, Sonia* tenía 25 años cuando fue violada por el padre de su hermano. Por ello quedó en embarazo en el 2015 lo que le generó graves daños a su salud como ansiedad, ideación suicida, insomnio, entre otras afectaciones a su bienestar psicológico.

La mujer decidió interrumpir su embarazo y, por complicaciones, acudió a un hospital en donde, además de ser juzgada por el personal médico, avisaron a las autoridades. En este momento ella sigue enfrentando un proceso penal por el presunto delito de aborto, caso en el que cuenta con la asistencia de la Mesa.

Otro de los casos que ha acompañado esa organización es el de Camila*, quien tenía 15 años de edad y también fue víctima de violencia sexual. Ella presentó la denuncia ante la Fiscalía y, al estar en una de las causales, le pidió a su EPS realizarle el aborto.
Pero en la clínica, una mujer que hacía parte de pastoral social se comunicó con el CTI, por lo que esta institución llamó a su madre y le pidió una copia de la denuncia, así como enviarle el historial médico de su hija.

Luego dos hombres que dijeron ser del CTI, según el reporte que tiene la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, se presentaron en la clínica amenazando a los funcionarios del área de ginecología de la clínica y a Camila, diciéndole que la menor no podía salir del hospital porque al abortar había cometido un delito.

En todos estos casos, a pesar de que las mujeres se encontraban en una de las causales o se trató de abortos espontáneos, se dieron las judicializaciones.

Una de las razones por las que la Fiscalía más ha archivado o precluido denuncias de aborto (un 75 por ciento) es porque no había mérito penal para continuar con el proceso ya que muchos de ellos estaban en las causales permitidas por el alto tribunal y, aún así, esas mujeres habían sido denunciadas. La misma Fiscalía también ha documento que la mayoría de mujeres judicializadas por aborto han sido víctimas, hacen parte de población vulnerable o de escasos recursos. 

Aunque este fue uno de los argumentos que recibió la Corte Constitucional de varios sectores que le pidieron al alto tribunal despenalizar el aborto por completo (la demanda pedía lo contrario, penalizar en todos los casos esta práctica), la corporación se declaró inhibida y no evaluó de fondo el tema. 

*Nombres cambiados para proteger a las mujeres.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia
@MSarralde

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