A pesar de la presión de sus colegas de la Corte Suprema de Justicia, que expresamente le pidieron la renuncia, el polémico magistrado Gustavo Malo Fernández decidió seguir en su silla en la Sala Penal de ese tribunal.
Malo, quien ha sido salpicado por los escándalos de venta de decisiones en la Corte y por el del cobro de parte del sueldo de empleados de la Rama Judicial nombrados por palanca, sostiene que su renuncia implicaría una suerte de reconocimiento de responsabilidad en hechos de corrupción en los que, sostiene, no tiene responsabilidad. También aseguró a algunos de sus compañeros que siente que la misma Corte le ha negado la presunción de inocencia.
En la práctica, seguir como magistrado le garantiza que todas sus actuaciones sigan bajo la órbita de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuya ineficacia en la tarea de rondar a los altos dignatarios de la justicia es conocida.
Lo que viene ahora es que la comisión empiece la investigación y determine si hay mérito para acusar. El único antecedente en 40 años es el del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, a quien denunciaron sus propios compañeros debido al caso de una tutela por la que se habrían pagado 400 millones de pesos. También se negó a renunciar, como el magistrado Malo Fernández, y antes de que su caso fuera remitido por el Senado a la Corte Suprema (la Cámara acusa, el Senado aprueba y remite a la Corte para lo penal) pasaron 16 meses.
Por ahora, lo que sí puede hacer la Corte Suprema es quitarle a Malo los procesos, especialmente los de la ‘parapolítica’, sobre cuya transparencia existen serias dudas. Además del caso de Musa Besaile, en ese despacho estaban los de Julio Manzur (quien también fue presionado por el exfiscal Gustavo Moreno) y Otto Bula. En total, Malo llevaba 20 investigaciones por ‘parapolítica’ –de 90 que siguen activas en la Corte– que poco se han movido desde que él las asumió en el 2014.
El senador Musa Besaile y los abogados Leonardo Pinilla y Gustavo Moreno, envueltos en el escándalo por supuesta corrupción en la Corte Suprema, fueron citados a declarar este jueves y viernes a la Comisión de Acusación de la Cámara, en el marco de las investigaciones contra el magistrado Malo y los expresidentes de la Corte Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte.
Fuentes de la Corte Suprema señalaron que hay molestia porque desde hace varias semanas, Malo se había comprometido a explicar en un comunicado sus actuaciones, pero no ha cumplido. Este jueves se anunció una rueda de prensa con él, pero una vez más se negó a hablar ante los periodistas.
Malo ha guardado silencio frente a la confesión de Besaile, quien pagó 2.000 millones de pesos por frenar una orden de captura en el proceso que está en su despacho. Tampoco ha hablado sobre el proceso que pondrá a su hija Yara Milena ante un juez por cargos de extorsión agravada.
Como lo reveló EL TIEMPO, Yara Milena Malo fue denunciada por una fiscal que asegura que consiguió el puesto por sus influencias, pero que a cambio le cobraba el 20 por ciento del salario y las primas de la Rama Judicial. Denuncias similares, de nombramientos supuestamente intermediados por el magistrado, son verificadas en la Fiscalía.
En una carta dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, el procurador Fernando Carrillo propone un referendo para lograr una reforma de la justicia que “permita en corto plazo recobrar la confianza en la Rama Judicial”, en medio de la grave crisis que enfrenta por los recientes escándalos de corrupción.
Carrillo plantea además crear un equipo “que evalúe la incidencia de fenómenos desestabilizadores en frentes tales como el reparto de procesos, la selección de tutelas para revisión y la administración de bienes bajo disposición judicial”.
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