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¿Qué sigue en el caso del exministro Saulo Arboleda?
Saulo Arboleda, exministro de comunicaciones.

El exministro Saulo Arboleda fue condenado por la Corte Suprema, en única instancia, el 25 de octubre del 2000 a 56 meses de prisión.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

¿Qué sigue en el caso del exministro Saulo Arboleda?

CIDH había pedido garantizar revisión de su condena. Corte la negó. ¿Qué está en juego?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado Colombiano garantizar la revisión de la condena dictada al exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda en octubre de 2000 por el llamado ‘miti-miti’. Con el pronunciamiento en mano, el exfuncionario –que ha intentado tumbar su condena más de cinco veces- acudió a la Corte Suprema en enero pasado buscando esa opción, sin éxito.

(Le puede interesar: CIDH pide garantizar que se revise la condena de Saulo Arboleda)

Por improcedente, la Sala Penal de la Corte negó revisar la condena de 54 meses de prisión impartida en su contra en única instancia -acorde a las reglas de juego de entonces- pues dicha opción la abrió la Corte Constitucional en 2020, con el caso del exministro Andrés Felipe Arias, para las personas que fueron condenadas bajo esas circunstancias desde 2014.

En documento conocido por EL TIEMPO, la Corte explicó que por el fallo en favor de Arias de la Corte Constitucional (sentencia SU-146 de 2020), se extendió la posibilidad de que otros condenados pidieran la revisión de sus condenas -o de la primera sentencia condenatoria- siempre que la misma se hubiera dictado entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018.

“Un simple ejercicio de confrontación le permite a la Sala concluir que la sentencia proferida contra el exministro Saulo Arboleda Gómez no cumple con los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional para acceder al derecho a impugnar la sentencia que lo condenó, pues fue proferida el 25 de octubre de 2000”, dijo la Corte.

Lea en contexto: Exministro Saulo Arboleda pedirá por quinta vez que le revisen condena).

La Sala dijo que no desconocía el pronunciamiento de la CIDH pero que el caso Arias zanjó la discusión sobre el parámetro temporal en el que se permite el derecho a impugnar las primeras condenas.

¿Qué implica esta decisión? A pesar de haber sido condenado con las reglas de juego vigente para 2000, Arboleda ha buscado garantía de la doble instancia y doble conformidad que son dos derechos, reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por Colombia.

El ministro denunció su caso a la CIDH, que recomendó en el informe de fondo No. 326/20 no solo la revisión, sino disponer una medida de “reparación integral” por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judiciales. En carta enviada el pasado 28 de febrero, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le solicitó a la CIDH un plazo de tres meses para cumplir con las recomendaciones.

(Lea también: 137 condenados presentaron impugnación ante la Corte contra su fallo).

“El Estado colombiano tiene toda la disposición de trabajar de manera concertada con la víctima y su representante para lograr el efectivo cumplimiento de las recomendaciones”, dice el documento en poder de este diario. Ahora bien, es posible que la CIDH presente este caso ante la Corte Interamericana.

EL TIEMPO habló con el exministro Arboleda, quien explicó que su defensor ya interpuso recurso de reposición contra la decisión de la Corte Suprema. "La decisión de la CIDH es de obligatorio cumplimiento. La presenté y me le negaron”, dijo Arboleda quien explicó que le han negado cinco veces la revisión de su fallo, así como tutelas. 

Habla el presidente de la Corte Suprema

Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

¿Por qué no admitieron la petición de impugnación?
Las razones están expuestas en la decisión de la corte del 3 de marzo de 2021, a través de la cual se negó la impugnación al ex ministro. En lo fundamental porque el límite temporal a partir del cual la Corte Constitucional autorizó ese recurso contra sentencias de única instancia dictadas antes del Acto Legislativo 1 de 2018, fue el 30 de enero de 2014. Y el señor Saulo Arboleda fue condenado por la Corte el 25 de octubre de 2000.

¿Por qué no acoger la recomendación de la CIDH?
Me remito a los argumentos de la Corte Suprema de Justicia en la determinación antes mencionada.

Con pronunciamientos internacionales Andrés Felipe Arias obtuvo, vía tutela, el derecho a la revisión de su condena emitida en 2014 y ahora la Corte está revisando sentencias que estaban en firme dictadas desde esa fecha. ¿Preocupa que por este caso, en el futuro, la Corte debe revisar sentencias dictadas en única desde el año 2000?
La Corte cree que el tema quedó definitivamente resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-146 de 2020, mediante la cual se habilitó al ex ministro Andrés Felipe Arias el derecho a recurrir la sentencia condenatoria dictada en su contra en julio de 2014, en un caso de única instancia.

(Le puede interesar: Las revelaciones del fallo completo sobre Andrés Felipe Arias).

Es claro que las personas condenadas en única instancia van a seguir buscando la posibilidad de que sus fallos sean revisados. ¿A qué fórmula se podría llegar?
Las personas que fueron condenadas en casos de única instancia desde el 30 de enero de 2014, que es la fecha del precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual la Corte Constitucional sustentó el fallo en el caso Arias, contaban, en razón del derecho a la igualdad, con el derecho a impugnar la condena en su contra.
Esta fue la conclusión a la que la Corte Suprema de Justicia arribó en una decisión de septiembre del año pasado y muchos condenados recurrieron dentro del término que se fijó para ejercer ese derecho.

Esas impugnaciones están en trámite y serán resueltas próximamente por salas de tres magistrados de la Sala de Casación Penal, como lo ordena la Constitución Nacional. Esa es la fórmula, ya se aplicó y la Corte Suprema confía en que la jurisprudencia que la Corte Constitucional fijó en la sentencia SU- 146 de 2020 sea segura.

ALEJANDRA BONILLA MORA
JUSTICIA
En Twitter: @AlejaBonilla
justicia@eltiempo.com

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