Tras dos sesiones de discusión y más de tres meses de haber estallado el más grave escándalo de corrupción en la historia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Plena de esa corporación aprobó este miércoles una norma que le permitirá separar de su cargo a los magistrados que estén investigados por la Comisión de Acusaciones por graves delitos.
El voto de 17 magistrados (cuatro votaron en contra: Luis Gabriel Miranda, Gerardo Botero, Mauricio Burgos y Jorge Luis Quiroz) definió la modificación del reglamento interno de la Corte, que será concretamente la herramienta para impedir que Gustavo Malo Fernández, miembro de la Sala Penal y procesado por la venta de decisiones en el alto tribunal, vuelva a su despacho en el Palacio de Justicia. Malo está en una licencia que tomó hace dos meses, en pleno escándalo, y si decide reintegrarse a su cargo la próxima semana sería el primer magistrado en la historia al que se le aplicaría una medida semejante.
Lo que señala la norma es que para “garantizar la imparcialidad, la moralidad y la ética en la función de administrar justicia, y para salvaguardar la legitimidad, la credibilidad, el buen nombre y el prestigio de la Corporación”, un magistrado en ejercicio podrá ser apartado si se cumplen dos condiciones básicas: Por un lado, que el magistrado “esté siendo investigado penalmente por autoridad competente (la Comisión de Acusaciones) y a causa de ello se encuentre cuestionada de manera grave y fundada su honorabilidad”. Y segundo, que las dos terceras partes de la Corte apoyen, en mayoría calificada, la separación (es decir, al menos 17 votos).
De esta manera se les pone coto, por ahora en ese alto tribunal, a los casos de miembros de altas cortes cuestionados que se aferran a sus sillas apostándole a la impunidad que por décadas garantizó el hecho de ser investigados por la Comisión de Acusaciones, lo que empezó a cambiar el año pasado con el escándalo de Jorge Pretelt.
La Corte no reformaba su reglamento desde el 2009, cuando separó la investigación de la acusación contra los aforados en los procesos penales en cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta ocasión lo que busca es recuperar legitimidad frente al escándalo que tiene preso a uno de sus expresidentes –Francisco Javier Ricaurte–; procesados a otros dos –Leonidas Bustos y Camilo Tarquino– y a uno de sus miembros activos, Malo, a punto de ser acusado en la Cámara de Representantes. Todos han sido salpicados por un protagonista de primera línea en la venta de decisiones en la Corte, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien con sus confesiones pasó de consentido de Ricaurte y Bustos a ser el principal testigo en su contra.
Después de estallar el escándalo, Malo pidió una licencia no remunerada que se termina el primero de diciembre. En esa fecha podría pedir una prórroga de la licencia por otro mes y el año entrante pediría otros tres meses de licencia. Pero, si no lo hace y decide regresar, la Corte Suprema entraría a estudiar su caso bajo las nuevas reglas de juego.
“No sabemos si el doctor Gustavo Malo va a regresar o va a pedir la ampliación de su licencia. En caso de que se reintegre, tendremos que analizar su situación para ver qué se hace con esta nueva disposición del reglamento”, dijo este miércoles Rigoberto Echeverri, presidente de la Corte Suprema. Agregó que se trata en todo caso de “una medida administrativa, preventiva y no sancionatoria”.
Malo ha sido señalado por Moreno de haber favorecido a los senadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, quienes actualmente son investigados por la Corte por pagar 600 millones y 2.000 millones, respectivamente, para entorpecer sus procesos judiciales.
Como se trata de una separación del cargo y no de una suspensión, los magistrados que sean separados de su despacho seguirán recibiendo su salario. Esto se da porque, según la Constitución, el único órgano que tiene facultades para suspender magistrados, así como el pago de su sueldo (que es superior a 25 millones de pesos) es la Comisión de Acusaciones.
Según el cambio de reglamento, la separación puede arrancar por dos vías; cuando la sala especializada a la que pertenezca el magistrado investigado así se lo solicite a la Sala Plena, o cuando un número no menor de cinco magistrados de la corporación haga la petición formal y plenamente motivada. La suspensión, en caso de ser aprobada, podría durar “el término de lo que dure la investigación”.
Cuando hay acusación y esta surte el paso por el Congreso y pasa a la Corte Suprema, la suspensión es automática, según las normas que ya estaban vigentes. Por eso, Jorge Pretelt salió de la Corte Constitucional seis meses antes de terminar su periodo de ocho años.
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