Por vencimiento de términos, el juzgado 61 con función de control de garantías de Bogotá ordenó la libertad de Víctor Maldonado, uno de los cerebros del descalabro de más de 320.000 millones de pesos del Fondo Premium de la comisionista Interbolsa.
La audiencia de solicitud de libertad había sido aplazada en cuatro ocasiones. El abogado de Maldonado, Iván Cancino, argumentó que desde el momento de su captura en España, su cliente llevaba 602 días privado de la libertad.
Además, durante la diligencia, que se desarrolló en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá, Cancino enumeró las audiencias aplazadas en las que, según él, no hubo responsabilidad de la defensa.
La Fiscalía, por su parte, aseguró que la mayoría del tiempo que Maldonado estuvo recluido correspondió a los aplazamientos injustificados de las diligencias judiciales por parte de sus abogados. Y arguyó que solamente podían sumarse los días desde la extradición de Maldonado a Colombia, es decir, desde el 27 de noviembre del 2015, y no desde que fue retenido en España.
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En las cuentas de la Fiscalía, aún no se habían cumplido los 240 días requeridos para que se hable de vencimiento de términos. Así, de los 413 días transcurridos desde la extradición, el ente investigador dijo que 198 efectivamente correspondían a la detención, pero los 215 restantes son por dilatación de la defensa.
En su decisión, el juez consideró que se cumplieron más de 301 días sin que el proceso avanzara por lo que le otorgó la petición a la defensa.
No obstante, ordenó que Maldonado –quien enfrenta cargos por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva de dineros, estafa agravada y no reintegro de dinero– tenga vigilancia electrónica a través de brazalete para evitar que intente salir de nuevo del país.
Los otros dos cerebros del desfalco del Fondo Premium son Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz.
Ambos habían aceptado cargos por estafa y concierto para delinquir y habían logrado un polémico preacuerdo que, a cambio de información en el proceso, les daría ‘inmunidad’ por el delito más grave: captación masiva y habitual de dineros públicos, por el que enfrentan una pena de hasta 20 años de prisión.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tumbó el principio de oportunidad concedido por la administración del exfiscal Eduardo Montealegre, argumentando que la colaboración de Jaramillo y Ortiz con la justicia no es efectiva, pues ellos desde el comienzo fueron quienes “intervinieron en el diseño y ejecución de la estrategia para estafar a los inversionistas”.
Igualmente, el pasado 4 de enero, el Fiscal General hizo una compulsa de copias contra los abogados de la defensa en los procesos de Interbolsa y el Fondo Premium. Según Martínez, porque estarían dilatando de forma “sistemática y reiterada” las audiencias de los implicados.
“Las únicas audiencias que en estos casos se han realizado cumplidamente son aquellas en las que se pide la libertad de los acusados, nueve de los cuales ya están libres por vencimiento de términos”, dijo el Fiscal.
JUSTICIA
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